El país se deshace en violencia y matanzas por todas partes, impotentes las autoridades para frenar la orgía de muertes en Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y en cualquier otro territorio que sea o no asiento de un cártel. El próximo Presidente de México, sin duda, gobernará igual que Peña Nieto: con el narco incrustado en todos los gobiernos estatales.
Será un cogobierno, pues. Habrá, como ahora, diputados del crimen organizado, senadores al servicio de los cárteles, alcaldes mafiosos y altos funcionarios del poder político relacionados con el lavado de dinero, el tráfico de drogas y de armas. Esto no se acaba. Todo sigue igual.
Todo esto seguirá formando parte de la estructura de poder, de ahí que lo que se disputa en la campaña presidencial es el control del país en materia de negocios, crimen organizado, posiciones privilegiadas en el Gobierno y la defensa de los intereses políticos de la oligarquía. Quizá todo esto ya fue pactado por Andrés Manuel López Obrador, de otra forma, no podría ser Presidente de la República. Y no hay otro camino.
López Obrador sabe que no gobernará solo. Gobernará con la mafia que tanto cuestiona. Y muchos medios de comunicación, incluso los más críticos, guardan silencio ante esta realidad e inundan sus páginas de buenos augurios. La mafia seguirá intocada. Y sus intereses también. Ese es el compromiso de López Obrador para ser Presidente. Si el tabasqueño no se alinea, simplemente no llega al poder o lo matan. Así de simple. Ningún político ha podido combatir a la mafia en el mundo en ninguna época de su historia. Y esto no es una apología a la delincuencia, es el análisis de una realidad tanto histórica como actual.
Es impresionante, por ejemplo, lo que pasa en Tamaulipas. Activos y sin ninguna merma, los cárteles del Golfo y Los Zetas continúan creciendo, imposible parar la industria del narcotráfico en la entidad que gobierna el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
El actual Gobernador arribó al poder cuestionando a sus antecesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; dijo que ambos ex gobernadores se habían ligado a la mafia del narcotráfico y que por ello el estado de Tamaulipas no tenía tranquilidad.
No es distinto el Gobierno de Cabeza de Vaca que el de Eugenio Hernández, Tomás Yarrington o Cavazos Lerma. La única diferencia es que el actual mandatario es panista.
Como tampoco es distinto lo que pasa en Veracruz con Miguel Ángel Yunes de lo que ocurría con Javier Duarte en materia de seguridad: en Veracruz manda el crimen organizado, pues resulta que las policías locales están demasiado ocupadas en la organización del mega-operativo que está en puerta para aplicarlo el 1 de julio durante la jornada electoral. En Veracruz la policía que el propio Yunes cuestionó por sus presuntos vínculos con muertes y desapariciones, ahora será la encargada de operar la elección, el fraude, pues, del que por cierto es un experto porque hay que decir que en Yunes nada ha cambiado. Es el mismo tirano y corrupto de siempre, el mismo cínico que ahora se dice honesto desde las filas del PAN.
Y es que a pesar de que en Veracruz amplios sectores sostienen que no quieren una monarquía política con la familia Yunes Márquez en el poder
–sería pernicioso para el estado que esto ocurra –Miguel Ángel Yunes echa mano de todo el dinero público –igual que Duarte lo hizo en su etapa como Gobernador –para consumar su proyecto personal: gobernar ocho años o quizá más tiempo, si es que otro de sus hijos –como se espera que ocurra –se anima a ser candidato a Gobernador en el año 2024.
De esta manera Veracruz se aproxima a vivir una larga historia, con un jeque en el poder, que en sus países de origen –Arabia Saudita — sólo han sido derrocados por medio de fuertes sacudidas políticas, asesinados y hasta decapitados, pues de esa forma pagan sus excesos. ¡Cuidado con esta nueva casta política reciclada que pretende capturar el poder en Veracruz!
Lo que llama la atención, ahora que transcurrió el tercer y último debate entre los candidatos presidenciales, es la ausencia de propuestas claras en materia de seguridad pública. Los tres candidatos –Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”—se han enfrascado en serias descalificaciones, sin mayores propuestas.
Ricardo Anaya, el eterno cuestionado por temas de lavado de dinero, sigue sin dar respuesta a las acusaciones que pesan en su contra y la Procuraduría General de la República (PGR) –cómplice del poder político en turno– continúa sin actuar en este caso: no consigna el expediente que, se asegura, se ha construido en esa institución, supuestamente por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto. Esto ya parece un cuento, parte del show propio de este momento electoral.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, cuya delantera nadie le podrá arrebatar, se mantiene aguantando los trancazos, sabe que tiene el apoyo de la mayoría del pueblo mexicano y sabe, también, que será muy difícil que le arrebaten la posición que actualmente tiene como puntero en esta contienda por la Presidencia de México.
Sin abundar más en los temas del país –narcotráfico, violencia, economía, entre otros –López Obrador sigue ondeando la bandera de la honestidad; afirma y reafirma que no es corrupto y que la bancarrota del país se debe, según él, al grave problema de la corrupción y del saqueo sin freno por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien no ha visto –dice– desde el debate presidencial de 2012.
Anaya, incisivo, le cuestionó si ya pactó con Peña impunidad y López Obrador sostiene que no porque “no soy corrupto como tú”, aunque el mensaje fue claro: haré justicia, no cobraré venganza. “El Bronco”, por su parte, cumple su papel de relleno, le juega al carismático con sus propuestas sin sentido y le imprime, a su estilo, un poco de humor para que el show mantenga su chispa y no se muestra deslucido. “El Bronco” es una vacilada.
Faltan dos semanas para que se lleve a cabo la elección presidencial. El país, en materia de seguridad, está peor que cuando Peña Nieto asumió la presidencia, en 2012, plagado de matanzas, desapariciones y con una impunidad escandalosa. No hay buenas cuentas que entregar al próximo Presidente de la República en ninguno de los renglones estratégicos.
El balance es de miedo: más de la mitad del territorio nacional está controlado por el crimen organizado, cerca de dos mil organizaciones criminales se han formado a lo largo y ancho del país y operan con toda impunidad y descontrol. Ningún cuerpo de policía fue depurado y mucho menos profesionalizado. Todos, sin excepción, están al servicio del crimen organizado. Cada Gobernador tiene, en las policías, su propio ejército de sicarios.
Ante el escenario caótico, cobran sentido las afirmaciones del doctor Edgardo Buscaglia, quien afirma que con Peña Nieto se consolidó la mafiocracia en México y que el nuevo Presidente llegará capturado por la delincuencia en el poder, sin capacidad de maniobra, porque en su círculo cercano Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se ha rodeado de personajes de mala fama que no están dispuestos a cambiar. Y como ejemplos cita a Miguel Barbosa, candidato a Gobernador en Puebla y a Ricardo Monreal, ex Gobernador de Zacatecas y ex Delegado en Cuauhtémoc.
Nadie, hasta ahora, por ejemplo, está trabajando en estructurar un padrón de empresas dedicadas a lavar dinero del crimen organizado, tampoco existen datos relacionados con la estructura patrimonial de las organizaciones criminales, generadoras de violencia en el país. Menos se encarcelarán a los políticos ligados a la mafia. Sólo con medidas, como las que en su etapa crítica se aplicaron en Italia o Colombia, por ejemplo, sería posible fortalecer el maltrecho Estado de derecho en México.
Nada sabemos del plan emergente para golpear al narcotráfico, erradicar a los cárteles y enfrentar el creciente consumo de drogas en México.
Según datos oficiales, el crimen organizado ha convertido a México en un paraíso de las drogas sintéticas, la nueva modalidad de enervantes, actualmente en auge porque no existen campañas de prevención.
De esto no se habla en la campaña presidencial. Ricardo Anaya ofrece cumplir la ley y encarcelar a José Antonio Meade y a Peña Nieto, pero olvida que su asesor Diego Fernández de Cevallos, el polémico “Jefe Diego”, figuró como uno de los abogados de personajes ligados al cártel de Juárez. Tampoco se ha dicho que este personaje salió a la palestra, en 1996, como abogado de inversionistas del banco Anáhuac, presuntamente comprado por miembros de ese grupo criminal por varios años dirigido por los Carrillo Fuentes. También defendió a los dueños de la funeraria García López, donde fue velado el capo Amado Carrillo, en 1997, cuando se dijo que murió de un paro respiratorio después de someterse a una cirugía reconstructiva en la clínica Santa Mónica, a la que ingresó bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Los propietarios de la clínica, por cierto, fueron defendidos por otro panista de infausta historia: Fernando Gómez Mont, un abogado que litiga en México usando las armas del influyentismo político.
Ricardo Anaya llegará al 1 de julio sin aclarar el lavado de dinero del que se le acusa; López Obrador, sin duda el puntero, carga la duda de si su Gobierno será progresista o terminará sumido como Nicolás Maduro en Venezuela en una crisis sin salida. Lo cierto es que en México, cuando el PAN y el PRI, juntos, han hundido al país en la desgracia, parece que la hora de la izquierda ha llegado.
El tabasqueño no tiene un proyecto claro de país, lo que es real, al menos sus propuestas así lo demuestran, pero si tiene algo que el resto carece: honestidad y deseos de sacar al país de la crisis en la que está hundido. Pero también es cierto que no golpeará los intereses de los mafiosos del poder. De ahí su lema de que no cobrará venganza. El mensaje es claro: no se meterá con los lavadores de dinero ni con los hombres que han saqueado al país.
Para López Obrador no hay marcha hacia atrás. Esperemos que no se acobarde como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, a quien le faltó valor
para defender el voto de la gente.
López Obrador será Presidente y gobernará con la mafia en el poder.
Autor: Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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