Más de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca maquinaria de peculado, desvelados en una investigación multimedia en varias partes de Animal Político* y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). InSight Crime entrevistó a Tania Montalvo, editora y coordinadora general del proyecto, quien nos relató los principales hallazgos de la investigación y la manera como se realizó.
En términos simples, la maquinaria fue masiva. Durante 2013 y 2014, el gobierno federal mexicano contrató casi 7.700 millones de pesos mexicanos (US$430 millones) en obras públicas. De las 186 firmas privadas que ganaron las licitaciones, se halló que 128 no existían o tenían irregularidades que las hubieran dejado por fuera de cualquier proceso de licitación. Los procesos de contratación también incluyeron ocho universidades públicas que fueron usadas como intermediarias sin otra razón aparente que la de cobrar una comisión de 10 a 15 por ciento. Al final, más de 3.400 millones de pesos mexicanos (más de US$190 millones) simplemente desaparecieron.
IC: ¿Cómo comenzó la investigación?
TM: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publica cada año la rendición de la cuenta pública del año pasado. El auditor siempre señala presuntas irregularidades o ciertos focos rojos que detectan en la operación del gasto público. En las cuentas públicas de 2013 y 2014 el auditor señala–haciendo mucha énfasis en que es algo que se viene haciendo por lo menos desde 2010– que existen convenios irregulares entre dependencias del gobierno federal y universidades públicas. Sin embargo, ellos no pueden auditar qué ocurre con los entes privados.
IC: ¿Cómo le siguieron la pista al dinero?
TM: Nos dimos la tarea de revisar las auditorías para detectar qué dependencias del Estado son las que tenían convenios con universidades públicas. Ya que teníamos esta gran base de datos, encontramos que solo en 2013 y 2014 se firmaron 73 convenios. Con esta información continuamos con la investigación que ya había hecho la Auditoría y le seguimos la pista al dinero, ya que conocíamos las empresas que estaban involucradas. Lo que hicimos después fue revisar las empresas en campo. Fuimos a los domicilios que se tenían registrados para esas empresas, y descubrimos que la mayoría no están donde deberían de estar o están registradas en domicilios particulares donde la gente no los conoce. [Ver video abajo].
Es así como vemos que estas empresas se quedan con 3.400 millones de pesos [US$190 millones], lo cual es la mitad del valor de los convenios firmados. Entonces ampliamos la investigación y descubrimos que las universidades se quedan con 1.000 millones de pesos [US$ 56 millones] de comisión, solamente por desviar recursos. El resto del dinero parece haber financiado ciertos servicios, pero a costos inflados.
En total, la revisión de las auditorías, la creación de la base de datos, el reporteo de campo y la producción del informe tomó entre 9 y 10 meses.
Cortesía de Animal Político
IC: ¿Recibieron algún tipo de amenaza o presión mientras realizaban la investigación?
TM: En el campo –en Villahermosa, Tabasco, por ejemplo– nuestros reporteros tuvieron que ser cuidadosos porque las empresas que fueron a investigar estaban registradas en colonias violentas. Pero de ninguna forma hemos recebido intimidaciones o ataques. Las dependencias federales han negado absolutamente todo, pero nosotros tenemos la investigación completamente blindada.
[El organismo gubernamental encargado de supervisar las actividades del gobierno —la Secretaría de la Función Pública— publicó un boletín de prensa el 4 de septiembre, declarando que el gobierno había tomado acciones en el pasado contra ciertas entidades estatales, y que consideraría cualquier nueva información presentada en la investigación de Animal Político y MCCI. La plataforma en línea de la investigación también ofrece enlaces a todas las respuestas de las entidades o personas implicadas en el caso. Animal Político ha respondido a ciertas negaciones de las acusaciones.]
IC: Regresando al modus operandi de firmar convenios con universidades públicas, ¿es esto legal?
TM: Es legal, pero ellos lo están haciendo de manera ilegal. Es decir, la ley de adquisiciones señala que los entes públicos pueden firmar convenios entre sí. Sin embargo, esto solo se puede hacer si el ente público está en plena facultad y capacidad de realizar los servicios, además de que solamente se puede subcontratar el 49 por ciento del monto total convenido. Ninguna de estas dos cosas ocurre. Las universidades subcontratan entre el 85 y 90 por ciento de los recursos. Semanas o días después de que se firme el convenio, las universidades se declaran incompetentes para hacer los servicios. Esto tiene cierto sentido porque en ningún caso están estos servicios relacionados con temas educativos o de investigación.
IC: ¿Sabemos quiénes son los dueños de las 128 empresas irregulares?
TM: Tenemos identificados varios casos. En el artículo sobre Pemex se puede ver un ejemplo muy específico sobre el uso de prestanombres. Las empresas están oficialmente a nombre de gente pobre, sobre todo de Tabasco, quienes no sabían que tenían una empresa multimillonaria. Tenemos una declaración de un fiscal en Tabasco diciendo que en el estado hay un problema de compra de identificaciones y comprobantes de domicilio. Es decir, van a las casas de gente pobre y les dicen "mira, te doy tanto dinero para que tú me prestes tu identificación y comprante de domicilio". Nadie nos quiso decir cuánto recibieron y es complicado saber realmente en el bolsillo de quién terminó el dinero.
Cortesía de Animal Político
IC: ¿Cómo es que las empresas lavan o "desaparecen" el dinero?
TM: Por medio de transferencias completamente ilegales. Una empresa, por ejemplo, recibió 700 millones de pesos [US$40 millones] de la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL] sin un contrato firmado. Es una empresa que está constituida y paga impuestos, pero no declara los [US$40 millones] que recibe de estas transferencias ilegales. Nosotros señalamos en la nota de SEDESOL que hay un vacío de parte de las instituciones mexicanas pues no vigilan y no investigan.
IC: En cuanto a las estructuras criminales, ¿estamos hablando de una sola red de 50 funcionarios, o son varias?
TM: Son diferentes redes por dependencia que utilizan el mismo modus operandi con pequeñas diferencias. Pero todas siguen el mismo camino: una dependencia firma un convenio con una universidad, la universidad se declara incompetente pero se queda con una comisión y subcontrata a empresas. Una parte del dinero desaparece por completo o se gasta en servicios a precios inflados.
IC: ¿Existe algún tipo de relación o vínculo entre los individuos involucrados?
TM: En el caso de Pemex es donde esta clase de vínculos son más notables, ya que las empresas fueron creadas por exfuncionarios de la petrolera. Además, las empresas que reciben los contratos, por ejemplo, se abren a nombre de un exfuncionario, quien luego le transfiere las acciones a su hija y abre otra empresa a nombre de su otra hija. Esas dos empresas se unen en una sola red para recibir otro contrato del gobierno.
IC: El esquema se detecta por primera vez en 2010, ¿esto significa que estas estructuras criminales han estado operando desde la administración de Felipe Calderón (2006 - 2012)?
TM: Algunas de las convenciones ejecutadas en 2013 fueron firmadas en 2012 o 2011, es decir, durante la admistración de Calderón. Pero la misma ASF ha dicho que el esquema creció y se institucionalizó durante 2013.
IC: ¿Qué medidas debería de adoptar el gobierno o el Congreso para frenar este tipo de corrupción?
TM: Se puede reformar la ley de adquisiciones para que los titulares de las dependencias firmen cada contrato [esta es una medida que también ha promovido el auditor superior del país. Vea la entrevista abajo]. Por el momento, esta clase de convenios son firmados por mandos medios. Como sugiere el auditor, esta firma le entregaría la responsabilidad al titular de la dependecia, quien se la va a pensar dos veces antes de autorizar un desvío. [Por el momento], si alguien termina en prisión va a ser el mando medio que básicamente solo sigue instrucciones y no necesariamente sabe que está desviando recursos.
Cortesía de Animal Político
IC: ¿Qué nos puede decir su investigación sobre las dinámicas criminales, sobre todo en lo que respecta a las élites y el crimen organizado?
TM: Lo que nosotros descubrimos para los años 2013 y 2014 parece ser el presunto esquema de desvío más grande que haya sido documentado [en la historia mexicana]. Además, desde 2010 se han firmado unos 2.000 convenios por un monto aproximado de 31.500 millones de pesos [alrededor de US$1,8 miles de millones]. No sabemos si todo el dinero ha tenido el mismo destino.
Sin embargo, nos dimos cuenta que eso solamente es la punta del iceberg de posibles desvíos de recursos mucho más grandes con modus operandi similares.
*Animal Político es una organización aliada a InSight Crime. Reproducimos contenido de este medio de manera regular. La entrevista ha sido editada por cuestiones de claridad y extensión.
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