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domingo, 20 de agosto de 2017

CLIENTES DESAMPARADOS por INCREMENTO de "FRAUDES BANCARIOS"...2.1 millones de reclamaciones en solo 3 meses.


A diario, se cometen miles de fraudes en la banca. Tan sólo en el primer trimestre de 2017, se interpusieron más de 2.1 millones de reclamaciones contra instituciones financieras, según la Condusef. Las quejas se concentran en los españoles BBVA Bancomer y Santander, y en el estadunidense Citibanamex.

La vida de José Ortiz Olguín, de 57 años de edad, cambió a partir del día en que recibió una llamada del banco Inbursa para solicitarle la liquidación de un adeudo por 8 mil pesos que generó su Super Tarjeta de Crédito Walmart. Un cargo que hasta entonces desconocía, resultado de la suma de intereses sobre intereses por un movimiento bancario de 600 pesos que, asegura, nunca realizó.
El banco, sin embargo, hizo el cargo en diciembre pasado y la supuesta deuda aumentó 13 veces, gracias al anatocismo (cobro de intereses sobre intereses de mora derivados del no pago de un crédito, que fue avalado desde 1998 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Por vía telefónica, el señor Ortiz intentó aclarar a Inbursa que no ha utilizado su tarjeta desde hace más de 1 año y que no está dispuesto a pagar. Pero desde marzo pasado, el servicio de atención a clientes no le ha resuelto el problema y ahora acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para solicitar su mediación en el conflicto.
 “Primero llamé por teléfono al banco, a línea abierta, y me dijeron que ellos no podían hacer nada. Entonces fui varias veces a la sucursal, pero no me atienden y me mandan a otro lugar. Nadie me resuelve nada. Y se suman y suman los intereses y ya son 8 mil pesos por unas compras que yo no hice.”
José Ortiz trabaja en la industria de la construcción, y usa su día de descanso para intentar poner fin a ese reclamo bancario que, asegura, no lo deja dormir en paz desde hace un par de meses. Para el hombre, su futuro es incierto mientras el banco siga cobrándole un dinero que no tiene. En su rostro se nota la frustración que le ha generado no poder defenderse, pero mantiene la esperanza de “librar” el asunto sin pagar, porque él no hizo la compra.
A diario, la banca en México realiza miles de operaciones de tarjetahabientes. Y se cometen, también por miles, los fraudes, como el ocurrido en contra de don José Ortiz. Tan sólo en el primer trimestre de 2017, la Condusef refiere que se formularon más de 2.1 millones de reclamaciones a instituciones financieras, de las cuales la mayoría fue contra los bancos: 2 millones 95 mil.
Y son las tres instituciones más grandes que operan en México las que concentran las reclamaciones: el español BBVA Bancomer, con más de 653 mil; el estadunidense Citibanamex, 477 mil, y el español Santander, 352 mil.

Fraudes, por miles

El sector bancario es uno de los más afectados por los fraudes. En 2016, las reclamaciones por defraudación implicaron recursos equivalentes al 20 por ciento de las ganancias totales de los bancos.
Ese año, se registraron 7 millones 238 mil 91 reclamaciones en total, contra instituciones financieras de primer piso. El monto reclamado ascendió a 21 mil 184 millones de pesos, lo que equivale al 20 por ciento de las utilidades financieras para ese ejercicio (107 mil 7 millones de pesos), indica el informe Desempeño de las entidades financieras a diciembre de 2016 de la Condusef.
El principal producto afectado es la tarjeta de crédito. Tan sólo en 2016 se reportaron 4.2 millones de reclamaciones, de las 5 mil 440 millones de operaciones que se realizaron con este tipo de plásticos. Se estima que por cada 10 mil transacciones realizadas, 48.5 personas se ven afectadas en sus créditos vía tarjetas.
Pero la afectación no se limita a ese producto: también abarca las cuentas de ahorro y nómina. Uno de los defraudados –que por temor a que no le devuelvan su dinero solicita omitir su nombre– explica que de su cuenta de ahorros en BBVA Bancomer se desaparecieron 100 mil pesos, sin que se le haya extraviado la tarjeta de débito.
De eso, refiere, ya han pasado más de 3 años y aún no puede recuperar su dinero. Por ello, continúa yendo a la Condusef. En este tiempo también ha acudido a su sucursal a exigir el reembolso. Pero no le han resuelto nada, pues no ha concluido la supuesta investigación que realiza el banco.
En efecto, el segundo producto más afectado por los fraudes son las tarjetas de débito. Sólo en 2016, 2.5 millones de personas se vieron afectadas por transacciones desconocidas. Hubo un incremento del 48 por ciento en este rubro respecto al año anterior; sin embargo, las operaciones sólo aumentaron 7.8 por ciento.
La mayor parte de reclamaciones a instituciones financieras se realizan en contra del sector bancario, que ocupa el 98 por ciento de los 7 millones 481 mil 169 de registros realizados de enero a diciembre de 2016. El otro 2 por ciento corresponde a Aseguradoras, Afores, Sofomes, Burós de Crédito, Sofipos y Socaps.

En riesgo constante, patrimonio de usuarios

A posibles fraudes corresponde el mayor número de reclamaciones en todo el sector financiero: el 73 por ciento (5 millones 238 mil 91, de las 7 millones 243 mil 91 quejas presentadas). Su causa deriva de consumos no efectuados por el cliente, como “cheques mal negociados, inconformidad de alteración de pagarés, productos no reconocidos, retiros, suplantación de identidad y transferencias no reconocidas”.
El otro 27 por ciento son operaciones efectuadas por los diversos servicios y comisiones que genera la banca. El año pasado se reportaron 1 millón 940 mil reclamaciones por este concepto. El informe de la Cpndusef situó a Banamex en primer lugar, con un total de 590 mil 48 movimientos de este tipo (30.4 por ciento), seguido por BBVA Bancomer con 532 mil 596 (27 por ciento), y Santander, con 274 mil 785 movimientos (14.15 por ciento).
Luis Fabre Pruneda, vicepresidente Técnico de la Condusef, explica en entrevista que estos cargos no derivan de un fraude, pero que son “responsabilidad del banco” y que el usuario no reconoce. Las operaciones por las que reclaman los tarjetahabientes son por “intereses no reconocidos, cobro de anualidades, retraso de pagos en créditos y abono de intereses en una cuenta de ahorro”.
En los últimos años, las reclamaciones por estos movimientos de la banca han escalado al cielo: mientras que en 2011 se registraron 1 millón 382 mil 226, en 2016 fueron 1 millón 940 mil 582. Mientras que las quejas por posible fraude aumentaron de 2 millones 847 mil 846 a 5 millones 297 mil 509, entre ambos periodos.
Para el vicepresidente Técnico de la Condusef “en algunas ocasiones el sistema [bancario] o sus prácticas no son claras y tienden a generar una afectación a los usuarios”.
El funcionario agrega que “no son las instituciones. Pero sí hemos, en algún momento, detectado que en alguna institución, un cajero se ha coludido con los ladrones para hacer movimientos de depósito indebido a un cliente. Hemos sabido de gente que utiliza indebidamente información. Pero no es un tema general”.
Según el Índice de Desempeño de las Instituciones Financieras (Idatu), la banca en su conjunto tuvo en 2016 una puntuación de 7.98 en escala de 10, y 1 mil 545 sanciones, con valor monetario de 51 millones 776 mil 743 pesos. Para determinar el Idatu se evalúan los criterios de gestión electrónica (50 por ciento), gestión ordinaria (20 por ciento) y conciliación (30 por ciento).
El año pasado, Banamex fue la única institución que tuvo una calificación menor a 6 en el Idatu, por lo que fue sancionado con una multa de 22 millones 904 mil 654 pesos. Al respecto, Luis Fabre indica que si bien esa puntuación es baja, la Condusef ya ha hablado con los responsables y desde el primer trimestre de 2016 ha comenzado a mejorar.
“Desde luego que les preocupa. Se dan cuenta que están atendiendo mal a sus clientes… Es un tema de reputaciones, tampoco se sienten cómodos al estar por debajo de su propio sector.”

Las Afore, otro foco rojo

La crisis por fraudes internos y externos se extiende más allá de las tarjetas de crédito y débito y de los bancos. Alcanza a las administrados de fondos de ahorro para el retiro (Afore).
Isabel Valverde Cabrera, un hombre de 60 años de edad que trabajó como obrero durante 32 años, envió el 2 de febrero pasado su solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada a su Afore, que pertenece a BBVA Bancomer.
Ocho días más tarde, el 10 de febrero, ésta le notificó que el depósito a su tarjeta de nómina había sido realizado con éxito, por un saldo de apenas 152 mil pesos. No obstante, ni siquiera eso recibió.
Cuando acudió al banco a preguntar por qué no había ni un solo peso en su tarjeta de débito, el servicio de atención a clientes le dijo que “este asunto lo debía resolver la Afore”. Pero los ejecutivos de la Afore tampoco tenían una respuesta adecuada: “mi dinero fue depositado a otra cuenta, a otra persona, porque la señorita capturó mal el dato”.
Pese a que el error fue reconocido por la propia institución, Isabel Valverde no ha recibido su pensión. Los de la Afore, explica, no han resuelto su caso porque argumentan que es asunto del banco y no de ellos.
De enero a diciembre de 2016, las reclamaciones al sistema financiero crecieron 31 por ciento, mientras que los contratos lo hicieron al 27 por ciento, refieren datos de la Condusef.
Al respecto, Luis Fabre Pruneda explica que las reclamaciones crecen más que los contratos debido a que las quejas se cuentan por número de operaciones. No por contratos: “Cuando nos referimos a contratos, pues es la contratación de un producto pero no digamos el número de operaciones que hacemos a través de los días o del producto contratado.”
Aunque las quejas superaron los 7 millones en 2016, la Condusef sólo atendió 243 mil quejas y asesoró a 1 millón 400 mil usuarios de la banca. Según la institución, del total, el 33 por ciento fue respondido desfavorablemente.
En el caso de BBVA Bancomer, que ocupó el primer lugar en reclamaciones por posibles fraude (con 1 millón 315 mil 366 quejas), la Condusef lo sancionó por un monto de 8 millones 693 mil 521 pesos. Su índice de resolución favorable fue de 72.8 por ciento y el tiempo de respuesta fue de 4 días.
Al segundo banco con mayor número de reclamaciones por posibles fraudes (1 millón 223 mil 489 quejas), Citibanamex, le fueron aplicadas sanciones por 22 millones de pesos. Su índice de resolución favorable fue del 81.3 por ciento, y su tiempo de respuesta de 11 días.
Respecto de las multas, Luis Fabre indica que se ejecutan si las instituciones no contestan en tiempo y forma una reclamación que la Condusef les envía para su atención. Por ello, señala, son independientes de la resolución de las quejas. Tampoco corresponden al valor monetario que reclaman los clientes. El funcionario estima que entre el 75 y el 80 por ciento de las multas es pagado sin contratiempos.
En las oficinas de la Condusef, la gente espera impacientemente su turno para ser atendida. También hay abogados por todas partes. En vez de descansar o dedicarse al esparcimiento, don José Ortiz intenta, como ya casi cada semana, resolver su caso. Mañana regresará a trabajar a una construcción que le paga 200 pesos por día, esperando no ser acosado por Inbursa, que le exige liquidar los 8 mil pesos que no tiene y que no gastó jamás.
Como a quien ya sólo le queda suspirar y encojerse de hombros, resume su desgracia: “Y uno que ni utiliza la tarjeta…”
Fuente.-David Cabello Dávila


"JUSTICIA SELECTIVA",AMPARA y PROTEGE DELINCUENTES y la NIEGA a "MILITARES"...con ellos se comporta poco justa,poco rápida y nada expedita.


En estos tiempos modernos, parecen existir dos clases de justicia en nuestro país:
  1. La aplicada a los militares.
  2. La aplicada a los delincuentes.
Dichas diferencias, se vuelven evidentes al considerar la decisión tomada a principios del mes de agosto por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, en la cual otorgó el amparo a la madre de una de las fallecidas en los hechos ocurridos en Tlatlaya Estado de México a finales de junio de 2014, por actos omisivos del Agente del Ministerio Público Federal, dando lugar de nueva cuenta a una investigación exhaustiva de lo acontecido.

Esta decisión, desde el punto de vista jurídico, parece ser lo más correcto, en vista de lo siguiente:
  • Protege los derechos humanos de la tercera perjudicada.
  • El recurso jurídico fue resuelto de manera expedita aunado -el amparo fue presentado el 15 de junio del año en curso y resuelto de forma favorable el 31 de julio del mismo-.
No obstante, en el caso de los asuntos en los cuales elementos militares solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, pasaron (y siguen pasando) años para la obtención de una respuesta y la gran mayoría con resultados negativos.

Basta recordar algunos casos emblemáticos en los que tuve o tengo la oportunidad de participar:
  • El caso del General Ricardo Martínez Perea, quien fue condenado quince años de su vida por un anónimo, en el cual ni siquiera mencionaba el nombre del General. Dicha condena fue imputada sin ninguna prueba de cargo, con testigos protegidos que se retractaron de sus declaraciones, los cuales jamás fueron juzgados por los delitos que condenaron al General y quienes al día de hoy andan libres como el viento. Después de ganar un par de amparos, la Justicia Militar no quiere aceptar el incidente de reconocimiento de inocencia, y la autoridad Judicial Federal, no fue igual de severa como lo es a favor de la tercera perjudicada del caso Tlatlaya.

  • El caso del Teniente Francisco Aguilar Cisneros, quien fue acusado de homicidio después de participar en un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada. Aquí, personal de la extinta Policía Judicial Militar, amenazó a los elementos bajo su mando para declarar en contra del Teniente y el fiscal militar ofreciera libertades a todo aquel que acusara al mando castrense de ordenar la muerte del presunto delincuente. Un juez Federal condenó a Aguilar Cisneros sin importarle el debido proceso o sus derechos humanos.

  • Cómo olvidar el caso del General Manuel Moreno Aviña, actualmente sentenciado a 52 años de prisión por delitos de lesa humanidad por supuestamente comandar al “Pelotón de la Muerte” en el operativo conjunto Chihuahua en el 2008. Al terminar las pesquisas, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó por medio del protocolo de Estambul, que dos elementos militares que se encontraban procesados en la misma causa penal, habían sido torturados para realizar declaraciones para que dichos elementos se autoincriminaran, y a su vez, incriminaran a sus superiores. Aun así, el Juez Federal de Procesos Penales con sede en Chihuahua le dio valor probatorio pleno a dichas declaraciones para condenar al General sin importar el debido proceso, ni los derechos humanos.
Ante los casos antes señalados, se puede decir que México es el único país democrático del mundo donde se le concede valor probatorio pleno a las declaraciones recabadas bajo tortura, situaciones todas estas reales y cotidianas en el ambiente militar.

Pero seamos claros, el Juez, al otorgar el amparo a la madre de la fallecida en Tlatlaya encuentra -en su interpretación- razones para determinar que la autoridad fue omisa en su deber de investigar.

Es aquí donde me surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué el poder Judicial Federal no observa lo mismo cuando se trata de situaciones en perjuicio al personal militar?, ¿por qué los Jueces sí ven las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, pero jamás consideran las cometidas contra ellos?.

¿Será acaso que los asuntos que hemos ejemplificado han iniciado todos en juzgados militares y después un par de ellos resueltos en juzgados federales? o ¿tal vez por el hecho de que las violaciones a los derechos humanos y de debido proceso al personal militar son menos importantes y no existe un grupo social que levante la voz por ellos?

Por años, los miembros de las Fuerzas Armadas han visto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como su más grande detractor, acosandolos con quejas e investigaciones.

Me pregunto: ¿La Justicia de la Unión no ampara ni Protege al personal Militar? ¿Quién o quiénes son los encargados de salvaguardar los derechos y la defensión de los militares?

Fuente.-Lic. César M. Gutiérrez Priego
@cesargutipri
(Imagen/Twitter)

SIGUE FARSA DEMOCRATICA PRIISTA,"GUEVARA,LUEBBERT y GUAJARDO" SUSPIRANTES a DIRIGIRLO ...y todos tienen un jabón que los patrocina.


El CEN del PRI, por medio de la Comisión Nacional de Procesos Internos, aprobó los predictámenes de tres aspirantes a la dirigencia estatal del tricolor, que envió el CDE de Tamaulipas.

VIERNES, 18 DE AGOSTO DE 2017

De esta forma confirmaron la procedencia de las solicitudes de registro de los aspirantes Alejandro Guevara Cobos, Sergio Guajardo Maldonado y del ex Alcalde de Reynosa, Oscar Luebbert Gutiérrez.

Los tres aspirantes se registraron el pasado lunes ante el Órgano Auxiliar, junto a otros seis, que fueron descalificados del proceso para renovar la mesa directiva del Revolucionario Institucional, tras incumplir con los requisitos marcados en la convocatoria para ese efecto.



No obstante, al aval definitivo de los dictámenes que otorgó la Comisión Nacional de Procesos Internos Guajardo, uno de los aspirantes a dirigir el PRI en la entidad, se encuentra señalado de haber sido destituido en 1993 como funcionario de la Sagarpa por violación de leyes y normatividad presupuestal.

En tanto, que Luebbert, fue acusado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, por supuestamente estar vinculado a la delincuencia.

Oscar Luebbert, dijo, que tramitó un amparo ante la justicia federal para conocer si está siendo investigado por lo que llamó calumnias que han lanzado en su contra.

A partir de este día los tres aspirantes a la dirigencia estatal del PRI arrancan la etapa de promoción para el próximo 26 de agosto acudir a la elección donde por medio del voto de los 620 Consejeros estatales del partido elegirán al nuevo líder del tricolor en Tamaulipas.

Fuente.-(Imagen/Internet)



PARTIDOS POLITICOS "NO SIRVEN y SE SIRVEN a lo GRANDE",GASTARAN 1 MILLON por HORA en CAMPAÑAS 2018...carita la democracia patito.


Los partidos políticos y los candidatos independientes gastarán más de un millón de pesos por hora durante las próximas campañas federales.

De acuerdo con el financiamiento público aprobado el viernes por el Instituto Nacional Electoral (INE), ese gasto promedio, de un millón 034 mil 302.45 pesos cada hora, será el mayor del que se tenga registro en México.

En comparación con el del 2000, implica un alza del 150 por ciento real.

Ese ritmo de gastos se mantendrá durante 90 días, del 30 de marzo al 27 de junio del 2018, que es el periodo de campañas electorales a nivel federal.

Los gastos de campaña sumarán 2 mil 234 millones 093 mil pesos, de los 6 mil 788 millones de pesos del financiamiento público aprobados por el Consejo General del INE para los partidos políticos y los candidatos independientes.

Esos más de 2 mil millones de pesos equivalen al costo de construir 4 veces las estaciones de la Línea 3 del Metro de Monterrey, que no se ha concluido por la falta de recursos.

Este alto nivel de gasto prevalece pese a que en el 2007 hubo una reforma electoral para bajar el total de financiamiento para los partidos y aunque en reiteradas ocasiones se ha ofrecido mejorar su rendición de cuentas. La reforma electoral se realizó después de que el financiamiento público se disparó en las elecciones del 2000 y 2006, principalmente a causa de los spots de radio y televisión.

Del 2006 al 2012, los recursos públicos que se dieron a los partidos para las campañas se redujeron 19 por ciento en términos nominales y, tomando en cuenta la inflación, la caída fue del 37 por ciento, a causa de los cambios legales.

Pero los legisladores también redujeron entonces los días de campaña, de 161 a 90, con lo que el financiamiento electoral por día subió.

A esto se suma que desde la reforma electoral del 2007 los partidos ya no pueden gastar en spots de radio y televisión, porque se les dan gratis con los tiempos que, por Ley, los medios electrónicos deben de ceder sin costo.

En las elecciones federales previas, los tres partidos más grandes destinaron más de la mitad de sus gastos de campaña a este concepto.

El INE aprobó el viernes que los partidos políticos y los candidatos independientes reciban una bolsa de 6 mil 788 millones de pesos para el próximo año.

De esa bolsa, el que recibirá más fondos públicos es el PRI, con mil 689 millones de pesos.

Después están el PAN con mil 281 millones, el PRD con 773 millones, Morena con 650 millones, el Verde con 578 millones y Movimiento Ciudadano con 537 millones.

Además, Nueva Alianza tendrá 419 millones, Encuentro Social 398 millones y el Partido del Trabajo 377 millones, mientras que los independientes recibirán un total de 86 millones de pesos.

Fuente.-



sábado, 19 de agosto de 2017

TRUMP "AMEDRENTA" a MEXICO con "LEY EXTRATERRITORIAL"...el sheriffe del "condado" mundial.


Las acciones legales emprendidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de dos mexicanos populares y admirados (el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez) son una clara advertencia para los funcionarios que se van a sentar en las mesas de negociación de que cualquier mexicano puede ser investigado, perseguido y procesado por el largo brazo de la ley extraterritorial del gobierno más poderoso del mundo, convertido en el clásico policía que utiliza el garrote para amedrentar y golpear a quien le plazca.
Más allá de cualquier responsabilidad penal que pudieran tener Márquez y Álvarez por supuestos vínculos con el crimen organizado, circunstancia que no ha sido probada ante un tribunal, el problema para el Estado mexicano es que las autoridades de Estados Unidos vuelven a poner contra la pared al gobierno mexicano y lo exhiben como negligente y omiso por su incapacidad para investigar el lavado de dinero en México y combatir con eficacia a la delincuencia organizada.
Según la lista publicada por la OFAC, entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar a empresas y personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado, tanto Márquez como Álvarez son testaferros y lavadores de dinero de Raúl Flores Hernández, jefe de un supuesto cártel con sede en Jalisco y operación en varios estados del país.
De inmediato el futbolista y el cantante desmintieron tal versión y pidieron tiempo para probar su inocencia, aunque por lo pronto el gobierno estadunidense congeló cuentas bancarias y aseguró bienes inmuebles en ese país propiedad de ambos mexicanos.
De acuerdo con la Ley (extraterritorial) para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos, aprobada en diciembre de 2000, Estados Unidos aplica unilateralmente sanciones económicas, políticas y sociales a todas aquellas personas, empresas, grupos políticos y líderes que, a juicio de las corporaciones policiales estadunidenses, estén supuestamente vinculados con las mafias de la droga o simplemente sean utilizados para introducir dinero sucio en los circuitos financieros mundiales.
No es nuevo que en las listas de personas investigadas por los cuerpos de inteligencia y policiales estadunidenses –como la DEA, CIA, FBI, Aduanas y Tesoro– aparecen nombres de políticos, funcionarios, empresarios, líderes sociales y hasta periodistas con supuestos vínculos o relaciones con cárteles del narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Esta vieja práctica utilizada para espiar e investigar a gobiernos, corporaciones empresariales y personas extranjeras sirve al gobierno de Estados Unidos para ejercer presión política e incautar bienes y cuentas financieras que le reditúan miles de millones de dólares anuales.
Es sabido que gobierno y Congreso de Estados Unidos aplican leyes extraterritoriales en todo el mundo bajo pretexto de combatir al crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos, lo que le da impunidad a sus cuerpos policiales para espiar, investigar, perseguir y capturar a todas aquellas personas que según los órganos de inteligencia estadunidenses representen un peligro para ese país.
Escudados en esta supuesta lucha contra las drogas, a pesar de que la población estadunidense es la principal consumidora en el mundo de cocaína, heroína, mariguana y anfetaminas, entre otras drogas tóxicas, el gobierno de Estados Unidos utiliza esa ley extraterritorial –que es contraria a la soberanía e independencia de nuestro país– como un mecanismo de presión internacional para sancionar a los países y corporaciones que son contrarios a sus intereses. 

Más peligroso es que las autoridades del país vecino apoyada en dicha ley persiga a personas en otros países y obligue a los gobiernos respectivos a procesarlos y encarcelarlos por el simple hecho de que aparecen en una narcolista.
Fuente.-Miguel Badillo

VICTORIA,"CAPITAL de la VIOLENCIA INCONTENIBLE" del GOBIERNO de "CABEZA"...matando un día si y otro también


La capital de este estado fronterizo vio un aumento reciente en la violencia de cárteles después de que los sicarios atacaran un restaurante local durante las horas de oficina. El ataque resultó en el asesinato del propietario y lesiones a dos de sus empleados.   Horas antes del asesinato, esta ciudad tuvo otros tres asesinatos y otros ataques de cárteles.

La facción de Los Zetas llamada Cartel Del Noreste o CDN tomó el crédito por la ola de delitos a través de páginas de Facebook que publican sobre las condiciones de seguridad en Tamaulipas. 

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Imagen.-@VaxTamaulipas/
En el caso del dueño del restaurante, el ataque tuvo lugar en su negocio "FoodPorn", en la parte norte de la ciudad. Las autoridades identificaron a la víctima de asesinato como Abraham Ramses Cardenas Islas. Murió de múltiples disparos al cuerpo.
Las balas también hirieron a los meseros Mario Herrera Urbina y  René Ramírez Peña. Los empleados sólo fueron lesionados en el ataque, que tuvo lugar durante las horas de oficina.
Unos minutos después del ataque, los mensajes de Facebook en páginas que tratan con las condiciones de seguridad en el estado revelaron que los miembros de la CDN estaban tomando crédito por el asesinato y emitiendo amenazas adicionales alegando que el negocio era un frente de lavado de dinero para sus rivales del Golfo Cartel y la Vieja Escuela Zeta.
El CDN es una rama de Los Zetas que ha estado en guerra con otra rama llamada Vieja Escuela , informó Breitbart Texas. Las facciones rivales han estado luchando por las ciudades que Los Zetas solían controlar. En los últimos meses, el CDN había sufrido muchas víctimas en Ciudad Victoria, pero de repente el cartel hizo una reaparición con una oleada de violencia. 
La falta de condiciones de seguridad que han afectado a esta ciudad continúa sin que los funcionarios del gobierno puedan detenerlo o al menos disminuirlo.
Horas después del asesinato en el restaurante, el CDN emitió otras amenazas durante el día. Amenazaron a cualquiera que trabajara con sus enemigos.
Antes de publicar esos mensajes en la parte sureste de la ciudad, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre no identificado que había sido disparado dos veces en la cabeza y dos veces en el cuerpo.
Poco después de ese asesinato, en la parte central de la ciudad, los pistoleros del cártel ejecutaron a dos hombres que montaban en un Dodge Dakota. Los dos hombres han sido identificados como Cesar Del Ángel Rodríguez Rodríguez y su primo Adalberto Ramos Rodríguez. Ambos hombres recibieron dos disparos a la cabeza.
Un equipo de hombres armados también disparó contra un estudiante llamado Juan Fernando Sánchez Bustos. El joven de 18 años recibió un disparo en las piernas y una herida en la cabeza. El personal médico lo llevó a un hospital local. El adolescente está supuestamente vinculado al crimen organizado.
Fuente.-Breitbart/TX