La crisis de violencia (o insurgencia criminal, como la llaman ya especialistas e investigadores en el tema) que se enraizó en Tamaulipas y la mantiene sitiada y bajo control paramilitar, envuelve también a entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), que se debate entre la voracidad del crimen organizado y la inoperancia de las fuerzas federales encargadas de resguardar sus instalaciones.
El mes pasado, la paraestatal dio nuevas cifras de la sangría que sufren a diario sus ductos: el crimen organizado le roba diariamente el equivalente a 23 mil barriles de combustibles ya procesados, lo que se traduce en la pérdida de unos 54 millones de pesos al día y al final del año en aproximadamente 648 millones de pesos, cantidad que se antoja corta de acuerdo con la magnitud de un delito que se mueve también en las sombras oficiales.
La voracidad criminal le arranca a Pemex millones de litros de combustible cada año mediante la ordeña de ductos en todos los puntos del país. Lo que comenzó como una actividad clandestina de bandas locales se fue extendiendo y evolucionando a partir de una amplia cadena de complicidades, comenzando por la de los propios empleados de las refinerías y estaciones de transferencia.
En la década pasada, funcionarios como Alejandro Gertz Manero destaparon la cloaca de este fenómeno delictivo, mediante operativos coordinados desde la otrora Policía Federal Preventiva (PFP), que realizaba detenciones sorpresa de camiones de Pemex y de transportistas privados que usaban doble fondo en las pipas incautadas.
Gertz se dio cuenta muy pronto de la clase de Caja de Pandora que había destapado. Cuando salió de la SSP Federal, sus sucesores bajaron drásticamente el tono de la ofensiva contra los ladrones de combustible. Habían dado apenas con la sombra de la red de ordeñadores de gasolina, diésel y aceite que más tarde fueron reclutados o desplazados por células de varios cárteles del narcotráfico, especialmente las asentadas en Tamaulipas.
En ese estado, el golpeo a Pemex ha sido incesante. Pero, ¿qué es lo que vigilan con tanto celo las fuerzas armadas en cuanto a instalaciones estratégicas, incluidas las de Pemex?
La paraestatal tiene seis refinerías localizadas sobre todo en la franja del Golfo de México; cuenta con otros seis complejos petroquímicos y con unas 72 terminales de almacenamiento y distribución para todos sus productos.
De esas terminales, 23 están en la franja del Pacífico y 12 en la línea costera del Golfo. Pemex cuenta además con 12 campos de exploración activos, todo un escenario y un reto abierto para labores de protección estratégica. ¿Puede el Estado mexicano con el paquete?
En apariencia sí, porque el despliegue militar obedece en parte a esa lógica y porque así lo ordena la doctrina que enarbola la propia Sedena y que le da estructura a sus misiones, entre las que está la de garantizar la seguridad interior.
En la realidad, las labores de protección a instalaciones estratégicas van más allá de los ejercicios y del diseño preventivo (si es que los hay) para evitar ataques terroristas o atentados subversivos contra instalaciones clave de la industria petrolera.
El Primer Informe de Labores de la Sedena indica que en 2013 la institución firmó nueve convenios o contratos con igual número de empresas paraestatales a fin de darles protección contra actos de violencia, sabotaje y terrorismo.
En ese año, la Sedena resguardó 216 instalaciones estratégicas (de organismos como Pemex, Conagua, ININ, SAT, SCT, Senasica, ASA, CAPUFE, CFE) y destinó para ello a 3 mil 860 elementos.
El Segundo Informe de Labores de la secretaría señala que para el 2014 se celebraron 10 convenios, se redujo a 215 el número de instalaciones vigiladas y se incrementó a 4 mil 474 efectivos de tropa el estado de fuerza para cumplir la misión.
El Tercer Informe de Labores dice que sigue siendo 10 los convenios firmados (se agregó en la lista a Banamex), se redujo a 203 el número de instalaciones vigiladas y se elevó a 4 mil 494 la cantidad de militares encargados del resguardo.
Pero el problema no es necesariamente de cifras, sino de su escrupuloso y discrecional manejo y difusión.
Hace una semana, la Policía Federal dio a conocer que sus trabajos de inteligencia y seguimiento sobre la ordeña de ductos dieron los frutos esperados al localizar y neutralizar siete tomas clandestinas en varios puntos de Tamaulipas. La información venia acompañada de fotos y otros datos relativos.
Otras fuentes ligadas al cumplimiento de la misión de resguardo y vigilancia estratégica tienen datos muy distintos y con escenarios más delicados aun.
La otra realidad, la que no aparece en operativos abiertos a la opinión pública ni en informes de labores o en libros blancos, dice que en el sur de Tamaulipas hay poco más de 200 tomas clandestinas perfectamente localizadas, documentadas y neutralizadas para evitar la ordeña del crimen organizado y de los grupos bajo su control.
¿Cuál es el problema entonces si las tomas clandestinas han sido neutralizadas?
Los que saben de esto aseguran que la información es reservada, dosificada y luego liberada en la medida en que se vaya requiriendo que los mandos civiles y militares y la opinión pública deban ir conociendo los irreprochables avances en el combate al robo de combustibles que sufre Pemex día con día.
El hallazgo de estas tomas clandestinas no se reportan al departamento jurídico de Pemex, ni a los responsables de los ductos en la paraestatal y tampoco a la PGR, nos dicen los que saben de esto.
El cuentagotas sobre los resultados de la vigilancia estratégica para proteger a Pemex implica también otros daños colaterales: el costo de decenas de vigilantes especializados a los que se les ordena moverse desde varios puntos del país para cubrir, por ejemplo, los ductos que salen de Minatitlán hacia el centro y sureste del país.
Los costos de viaje, hospedaje y alimentación son pagados por el personal cuando debería ser Pemex o Sedena quien cubra ese tipo de gastos. Además, los vigilantes suelen trabajar sin las medidas de protección adecuadas y sin cobertura de seguro para los casos en los que se les requiere identificar, controlar y sellar las tomas clandestinas.
El escenario no termina ahí; alrededor de 200 militares y civiles que laboran en la localización y neutralización de estas tomas para ordeña, han interpuesto demandas contra la paraestatal porque sus vidas están en riesgo ya que cuando los mandos deciden que es hora de dar a conocer algunas tomas clandestinas para justificar su trabajo, éstas ya se volvieron un peligro.
Dicha tomas son neutralizadas con cortes en las roscas de la embocadura para evitar nuevas conexiones con los tubos de succión. Luego son bañadas con soldadura en frío y tapadas con cemento y arena para inutilizarlas.
Cuando el personal regresa a cerrar oficialmente el ducto ordeñado, la toma está reventada o a punto de estallar. Los accidentes han sucedido bajo este esquema de improvisación y simulación.
El robo diario a Pemex continúa mientras no se sella y elimina la toma clandestina.
Los que saben de estas cosas nos dicen que por eso la ordeña no cesa y sigue en todo lo alto, erosionando a la paraestatal, nutriendo al crimen organizado y dejándonos creer que todo está bien, que vamos ganando… Aunque no lo parezca.
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