Tras comparecer durante 14 horas ante un juez estatal, el ex Gobernador Rodrigo Medina fue vinculado ayer a proceso, pero sólo por uno -el más leve- de los tres delitos que le imputaba el Estado.
Además, al estar vigente una
suspensión provisional en contra de la prisión preventiva, arraigo y la
privación de la libertad, el juez rechazó implementar medidas cautelares contra
Medina, pese a que la Fiscalía propuso la prohibición de salir del País y
presentarse periódicamente.
Por primera vez, un ex Gobernador
de Nuevo León fue acusado ante un juez por presuntos actos de corrupción, en
este caso por otorgar incentivos fuera de la ley para la instalación de la
armadora coreana Kia.
Pero el juez sólo reconoció como
válido para procesarlo el delito de ejercicio indebido de funciones, y lo libró
de los de peculado y daño al patrimonio del Estado.
Al formular la imputación, la
Fiscalía Anticorrupción señaló que Medina participó como inductor de los
delitos y presentó declaraciones de Rolando Zubirán, ex titular de Desarrollo Económico
estatal, y Juan Francisco Livas, ex titular de Fidecitrus, que aseguraban que
el ex Gobernador promovió el proyecto automotriz en reuniones.
Pero esto fue desechado por el
juez de Control Jaime Garza Castañeda en una maratónica audiencia pública, que
duró de las 9:00 horas a las 22:41 horas y que incluyó cuatro horas de receso y
dos apagones de luz.
Garza aseguró que el ex
Mandatario sí participó con reuniones para promover la instalación de Kia en
Pesquería, pero no indujo al resto de los funcionarios a actuar.
"No está justificada la
participación de Rodrigo Medina a título de inductor", aseguró el juez.
"No se advierte que haya
dado instrucciones para que se hiciera los ilícitos".
El ex Gobernador priista se
mostró incómodo al estar sentado en el banquillo de los acusados, frente al
juez, no salió a comer durante la jornada y apenas ingirió agua en todo el
tiempo.
El juez vinculó a proceso a
Medina por el ejercicio indebido de funciones, que tiene una pena de dos a 12
años de prisión, argumentando que se otorgaron incentivos por encima de la ley,
todos materializados con la firma del contrato el 27 de agosto del 2014.
"Se advierten
irregularidades en el procesamiento de otorgar incentivos a Kia", advirtió
el juzgador.
Entre las anomalías están
exenciones de impuestos por encima de la Ley de Fomento a la Inversión, aplicar
montos millonarios para el proyecto sin haber firmado contrato y aprobar
incentivos en "fast-track" el mismo día en que fue presentada la
solicitud.
Se mencionaron también como
irregularidades el adquirir predios con recursos públicos y luego darlos en
donación, y tomar recursos de otros rubros para las obras de Kia, al no existir
dinero en el Fondo a la Inversión.
El daño estimado al erario, según
la Fiscalía y avalado por el juez, suma 3 mil 683.5 millones de pesos.
El juez desestimó el argumento
principal de la defensa de Medina -compuesta por el abogado Alonso Aguilar
Zinser y el ex Procurador Javier Flores- que señalaba que en la versión en
inglés del contrato el ex Gobernador aparece sólo como "testigo" de
los incentivos.
El juez aseguró que ante la
autoridad judicial lo que vale es la versión en español, donde no se menciona
como testigo honorario, y dijo que la firma del Ejecutivo, por su investidura,
avala los incentivos irregulares que se otorgaron.
Aunque la Fiscalía pidió seis
meses para ampliar la investigación contra Medina, el juez fijó como fecha para
el cierre de la misma tres meses, que vencen el 9 de noviembre.
A partir de entonces se podrá
fijar la fecha para la audiencia intermedia, en la que se validan las pruebas
de la Fiscalía y la defensa.
El 23 de julio de 1996, el ex
Gobernador Sócrates Rizzo García compareció durante casi 14 horas ante la
Procuraduría de Justicia del Estado para aclarar su intervención en la
compra-venta de un avión Hawker 700-A y ampliar su declaración sobre el crimen
del abogado Leopoldo del Real.
En el caso del asesinato, Rizzo
acudió en carácter de indicado.
Fuente.-
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