A fines del pasado enero Tepatitlán fue escenario de un acto criminal cometido por miembros del Ejército. Soldados allanaron una morada, sometieron y golpearon a los tres jóvenes que ahí se encontraban y se los llevaron. Un par de días después esos tres muchachos aparecieron abandonados en el campo.
Dos estaban muertos y presentaban huellas de tortura. Ha transcurrido medio año y el caso aún no está resuelto, pese a que la justicia militar y la PGR les aseguran a los familiares que ya hay órdenes de captura contra los responsables.
Abraham Rodríguez es maestro albañil y uno de sus dos empleos lo desempeña en el panteón municipal. El sábado 30 de enero sepultó allí a su hijo, Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, y a su sobrino, Luis Enrique Machuca Martín, de 19, tres días después de que militares entraron a su casa, los golpearon y se los llevaron.
A Abraham nadie le contó cómo fue que desaparecieron su hijo (al que conocen como Junior) y su sobrino, hijo de una cuñada. Él lo presenció.
La noche del pasado 27 de enero, cuando llegaba a su casa, le avisaron que “unos guachos” (soldados) habían entrado a la casa de su hijo, en la colonia Santa Mónica –donde se encontraba con su primo y otros jóvenes– y que los estaban golpeando a todos.
El hombre llegó pero no pudo entrar a la vivienda de dos plantas, pues varios soldados le cerraron el paso. Desde donde se quedó parado, escuchó que desde el primer piso salían los gritos de su hijo y los demás muchachos, sometidos a golpes por los militares.
Pasaron así dos horas. Luego vio cómo los jóvenes eran sacados de la casa y subidos a unos vehículos; además, el grupo de fuerzas armadas se llevó el auto de Junior (un Ford Focus) y una camioneta Ford F150, propiedad de otro de los muchachos, a quien dejaron ir cuando comprobaron que éste sólo había ido a visitarlos y se encontraba con ellos de manera fortuita.
Junior y su primo Luis Enrique nunca fueron puestos a disposición de alguna instancia de procuración de justicia, Ministerio Público o juzgado. Por más que recorrió las agencias y la cárcel, Abraham padre no los encontró.
“Quería que me dijeran por qué los militares no los entregaron, los reportaron a la Procuraduría, no sé”, recuerda apenas.
Francisco Javier llegó a visitar a Junior a su casa ese día 27. Había viajado desde otra ciudad para una cita médica, y aprovechó para saludarlo. Le tocó vivir lo peor. Minutos después de que entró a la casa vio llegar a los soldados.
“Cuando iba bajando, un militar, con la punta del rifle rompió el vidrio. Me dijo: ‘¡Bájate, hijo de tu puta madre. Bájate! ¿Dónde están los demás?’ Le dije que no sabía. Me ordenaron mostrar mis pertenencias: cartera, celular, cigarros, y me hicieron subir de nuevo a la casa. Ahí tenían a dos chavos a puros putazos. Me dijeron que era un malandrín, yo lo negué”.
Uno de los dos jóvenes que estaban en la casa, tirados, comenzó a convulsionarse mientras era golpeado. “Como dos veces se fue. Ya las últimas le decían: ‘¿Dónde está el otro hijo de su puta madre?’ Salieron y de rato regresaron con Junior, y empezaron a darle a él también; le echaron agua y jabón en polvo en todo el cuerpo. A mí me cachetearon, me golpearon, tengo una fractura y me quebraron la placa”, narró Francisco.
Finalmente, cuando los soldados tuvieron claro que sólo había coincidido en una desafortunada visita, lo dejaron ir.
A la mañana siguiente, cuando el padre de Junior acudió a la Deportiva Hidalgo (cuyas instalaciones fueron facilitadas para el destacamento del Ejército que desde hace un año permanece en Tepatitlán), vio el Ford Focus del muchacho.
Abraham padre y su esposa los confrontaron y los militares cayeron en contradicciones.
“Le digo a mi esposa que les enseñe las fotos a los militares. El militar acepta que entraron al domicilio y que nada más se trajeron el carro, pero que a ellos no se los trajeron, que se les escaparon del domicilio. ¿Cómo, si la casa es de dos pisos? No pudieron haber escapado, nosotros vimos cuando los tenían adentro, golpeando, y luego los subieron a las camionetas. ¿Por qué dicen que se les pelaron si los vimos?”, se ve preguntándose a Abraham en una entrevista con el reportero Arturo Rentería, publicada en Facebook, poco antes de que aparecieran los cuerpos de los muchachos.
Tras la visita a la sede del destacamento militar, Abraham fue a la oficina de la Fiscalía y anunció que iba a presentar una denuncia por la desaparición de su hijo.
Antes de salir –tras abrirse la carpeta 277/2016– el agente investigador José Trinidad Navarro Coronado le entregó un oficio dirigido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para, con base en el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Persona, que se aplica en esta entidad, le fueran tomadas muestras genéticas para el banco de datos, “para que en su momento se puedan realizar pruebas de identificación con cadáveres que estén clasificados como no identificados en el servicio médico forense del estado (sic)”.
Al salir de la Fiscalía, Abraham vio que militares llegaban a bordo del Focus. Iban a entregar el vehículo a la autoridad ministerial.
El viernes 29 de enero el hombre fue contactado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para avisarle que acababan de hallar los cuerpos de Abraham Junior y Luis Enrique en un sembradío al pie de la carretera Tepatitlán-Tototlán. Estaban semidesnudos y con huellas de golpes.
El tercer muchacho, Juan José Gutiérrez, estaba junto a los cuerpos, pero con vida, así que fue llevado a un hospital de Tepatitlán. El dueño del predio les dijo a las autoridades que llegó a las 11.00 horas a hacer labores en el campo cuando comenzó a escuchar unos quejidos.
Abraham reconoció los cuerpos. Ese mismo día se los entregaron. El acta de defunción de Junior dice que sufrió “muerte violenta” por lesiones y luxación en cervicales. Le rompieron el cuello y tanto él como su primo fueron torturados.
En cuanto pudo, los sepultó en el panteón donde trabaja, dice a Proceso.
Todavía no paga el funeral.
En los días posteriores, familiares y allegados de los fallecidos hicieron uso de todos los medios a su alcance –particularmente las redes sociales– para expresar su repudio al Ejército y señalarlo como el responsable de los decesos ocurridos, achacándoles además otras agresiones a jóvenes, sobre todo de colonias de la periferia de la ciudad.
El lunes 1 de febrero fueron colocadas algunas mantas en varios puntos de Tepatitlán, en las cuales se exigía la salida del Ejército del municipio:
“En Tepatitlán estamos cansados de los abusos y homicidios por parte de los militares y que no se les castigue. Exigimos justicia y no los queremos en las calles. Aquí no hay guerra”, decían varias de las mantas.
Todas las dudas
Abraham hablaba poco con su hijo, quien desde hacía tiempo no vivía en la casa familiar. “Venía muy poco; le preguntaba en qué andaba y me decía que en la obra (también era albañil) y nada más. Estaba yo preocupado, pero no me decía mucho, que estaba bien y ya. No era de mucha plática”.
Destacamentos del Ejército tienen varios meses recorriendo los municipios de la zona Altos Sur de Jalisco. Proceden de la base militar de Jamay, donde está un centro del 92 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Los grupos militares suelen pernoctar en Tepatitlán cuando finalizan sus patrullajes y periódicamente son reemplazados por nuevas brigadas.
Las autoridades de Tepatitlán optaron por prestar las instalaciones de una unidad deportiva para que ahí descansen los militares. A pesar de las quejas, tanto el alcalde actual, Hugo Bravo, como el anterior, Jorge González, han optado por deslindarse de la presencia castrense, alegando que ellos no solicitaron su presencia en la ciudad, sino que fue una decisión del gobierno federal para el combate al crimen organizado en la región.
Cuatro meses después de los hechos, Abraham Rodríguez recibió del Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar un oficio en el que se le llama a comparecer en el proceso que se sigue a los presuntos responsables.
Ahora se conoce por lo menos un nombre, el del teniente de infantería paracaidista José Martín Graciano González, quien aparece en el oficio número 2568 entregado a Abraham. El documento está firmado por el juez militar, teniente coronel Pablo Raúl Dávila Pérez, en relación con el proceso penal 43/2016 en contra de Graciano González “y otros”.
A Graciano González y los demás inculpados se les acusa de “desobediencia e infracción por deberes comunes a todos los militares que están obligados a servir en el Ejército, con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero del año en curso, donde fallecieron dos personas y una más quedara gravemente lesionada”.
Hugo Bravo Hernández, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Sin embargo, deslizó el comentario de que los jóvenes asesinados tenían antecedentes delictivos registrados en la Policía Municipal; entre éstos, acusaciones de robo y venta de combustible de dudosa procedencia.
“Aunque eso no justificaba que los hayan matado de esa forma y las instancias adecuadas deben proporcionar el castigo correcto”, matizó el alcalde.
Fue Bravo quien ventiló que los soldados que tuvieron contacto por última vez con Abraham, Luis Enrique y Juan José, ya estaban siendo interrogados por investigadores encargados del caso.
En Guadalajara, el fiscal general Sergio Almaguer confirmó que por encontrarse la presunta responsabilidad de elementos del Ejército en la desaparición y homicidio de los dos jóvenes, el caso había sido atraído por la PGR.
El 2 de febrero, cuando Abraham acudió al llamado de la Fiscalía, le informaron que ahí se había terminado su trabajo y que ahora el caso era competencia de la PGR, instancia que lo asumió bajo la carpeta 386/2016.
“En eso llegaron unos militares pidiendo hablar con el agente, que se salió con ellos y les dijo que yo estaba allí. Entraron y me dijeron que había siete u ocho militares detenidos en el cuartel y que lo que ocupara o necesitara, me iban a apoyar”.
No recuerda si le dijeron en qué cuartel estaban los detenidos o si le hablaron sobre el proceso que se seguiría. “Apenas se me quedaron algunas cosas, fíjese. Como entre sueños”.
Los enviados de la Sedena que se presentaron ante Abraham fueron el teniente coronel de infantería del Estado Mayor César Gutiérrez, el teniente coronel de infantería José Luis Valenzuela y el coronel Ramón Jasso.
Este último le telefoneó esa noche a Abraham. Quería que viajara a Zapopan o a Jamay para reunirse con ellos, que le darían información y verían en qué se le podría ayudar.
“Yo estaba muy cansado y les dije que no podía. Me pidieron vernos el jueves 4 por la mañana”. En esa reunión, que se efectuaría en Tepatitlán, estaría presente el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.
La reunión nunca se realizó y los militares no le han vuelto a hablar.
El 3 de febrero Abraham recibió una llamada de la PGR. Querían que acudiera al exterior del domicilio donde vivió su hijo en la colonia Santa Mónica, para entrevistarlo. Él se negó. Se presentó después de salir de su trabajo en las oficinas de la PGR, donde le volvieron a tomar su declaración.
“Me dijeron que esto ya iba muy avanzado, que tenían órdenes de sacarlo adelante y rápido”.
El 5 de febrero fue encontrada la camioneta Ford F150, la de Francisco, que también se habían llevado los soldados el 27 de enero.
El día 11, el agente del Ministerio Público federal Luis David Jiménez se comunicó desde Guadalajara para informarle que la orden de aprehensión había sido girada contra los militares, al encontrar indicios que los señalan como presuntos responsables.
Abraham dice que está tranquilo “porque todo va bien, eso me dijeron los militares. Ya hay soldados detenidos y yo quiero justicia, que caigan los que sean los responsables, nada más. Como cualquier persona”.
Y a fines de mayo recibió un oficio, fechado el 16 de ese mes, del juzgado militar adscrito a la V Región. Debe presentarse a testificar el próximo miércoles 8 al juzgado ubicado en el Campo Militar en La Mojonera, acompañado por su asesor jurídico. “Se hace necesaria su presencia”, se lee.
(Con información de Gustavo González)
