La tortura en el Ejército Mexicano contra civiles es una inmunda práctica cotidiana, casi recreativa o deportiva: Los soldados pueden someter a castigos físicos y sicológicos a quien deseen, en todo momento y en todo lugar, a muchas de cuyas víctimas desaparecen si les da la gana.
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Cada 15 días se registra en México, en promedio, un caso de tortura a manos de militares, dos al mes y 25 al año. Así fue en todo el sexenio del panista Felipe Calderón y así ha sido en los tres primeros años del priista Enrique Peña Nieto, unidos en esta infamia como en tantas otras.
La fuente de estas cifras que ofuscan no es una contestataria organización no gubernamental ni un radical organismo mundial que defiende los derechos humanos, sino la propia justicia militar de México: Entre 2007 y 2015 se registraron 229 casos de tortura cometidos por militares y 102 desapariciones forzadas.
Estos datos proporcionados por el procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, en entrevista con el diario Milenio y la agencia EFE, revelan la gravedad del problema de la tortura en México por parte del Ejército.
Se trata sólo de casos documentados, que han sido parte de un proceso judicial, por lo que se puede presumir que la “cifra negra” es mucho mayor, sobre todo desde que Calderón puso a las Fuerzas Armadas en funciones de policía y cuyas violaciones de derechos humanos se dispararon.
Por eso la única razón por la que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, depuso su habitual arrogancia para ofrecer una “sentida disculpa” pública por los “sucesos repugnantes” de tortura en Guerrero es que la deshonra de las Fuerzas Armadas –y el gobierno todo– ha llegado a niveles intolerables.
Pero este giro histórico en el discurso del máximo jerarca del Ejército, que se materializó este sábado 16 de abril tras difundirse tres días antes el video en el que dos militares y tres elementos de la Policía Federal torturan a una mujer, no implica necesariamente un cambio de fondo en el combate a la impunidad castrense, que sería lo deseable, porque él mismo advirtió que se trata de “hechos aislados”.
No es cierto y el general secretario lo sabe (en realidad lo sabe todo el mundo): Además de las cifras hechas públicas por el procurador militar, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 4 mil 55 denuncias por tortura en sólo ocho años –del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014–, de las cuales mil 273 involucran a militares.
No pasa desapercibido el insólito mensaje que Cienfuegos dirigió a decenas de miles de soldados en el Campo Militar Número Uno, donde han sido torturados mexicanos que nada tienen que ver con conductas delincuenciales –y transmitida en televisión a los cuarteles en el país–, pero parece inscribirse en la misma línea discursiva que ha dado a su gestión, avalado sin duda por Peña, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Nunca antes un titular de la Sedena como Cienfuegos (quien además vivió desde dentro la actuación del Ejército en el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia de los sesenta y setenta, así como la “guerra” que inició Calderón contra un sector de la delincuencia organizada) había sido tan activo mediáticamente.
En todo caso, ojalá que la cerrazón que el general secretario ha mostrado ante el escrutinio internacional por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya –“no permitiré que nos traten como criminales”– se transforme en medidas que honren su promesa de que toda conducta delictiva de los militares, como la tortura y las desapariciones forzadas, no queden impunes a ningún nivel:
“Desde el cabo hasta el general con mando de tropas somos responsables de los soldados puestos a nuestras órdenes, y también somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer. No se deben emitir ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar, esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar, en nuestra doctrina, y en nuestras leyes y reglamentos.”
Que se cumpla…
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Twitter: @alvaro_delgado
