"MATAZON ZETA" en VICTORIA la ENCABEZA LIDER de la "VIEJA GUARDIA CAPTURADO y...LUEGO LIBERADO"...y sigue un "timorato" gobernando.

“Nada justifica un homicidio” se ha vuelto una frase no tan absoluta ni tan convincente.

Esto, gracias a la ola de violencia en contra la ciudadanía o sin importar herir o asesinar a cuanta gente inocente se atraviese en el camino del “reacomodo” de estos grupos fraccionados de un cártel.

Sobre los hombros de la gente de bien, de la población normal de la ciudadanía del centro del estado, pesan problemas que no son suyos

Y pesan como propios.

Después de 8 asesinatos de civiles en menos de una semana, las amenazas y el terrorismo continuó en Victoria Tamaulipas.

El jueves 25 de Febrero por la tarde, el cuerpo de al menos un hombre mutilado, fue encontrado en la zona llamada “El Olivo”

Tenía una manta que dice:

“Esto va contra todas las autoridades civiles y militares, ábranse… Porque vengo a partirle su madre al que se atraviese…y al k proteja al CDN. Atte Z7, Z6, Z12 Rex y com (comandante) Pitalua”

Ese mismo jueves, 2 mantas lanzaban la amenaza contra :

” Boss, Martín, Tigre, Chavira, Leches, Mayi, Borrega, Chore, Tiki Tiky, Gris” En el referido escrito advirtieron que solo otorgarían 2 horas para sacar a sus familias de la ciudad. El mismo caso para las 2 compañías de grúas, ANTROS y “todo el que los apoye”

TAMBIEN PUEDES VER.-"EL "REX ZETA-12 AMENAZA" con "ALINEARLOS en VERACRUZ ,OTRA VEZ "LIBRE y OPERANDO".

Así mismo ordenaron al GOBIERNO ESTATAL dejar de andar “agarrando.. ( tlacuaches) y diciendo que son gente de nosotros” y firman “Los Zetas de la Vieja Guardia”

Casi al mismo tiempo que ambas mantas fueron colgadas, un hombre fue acribillado en la banqueta de la Iglesia San Isidro frente al Penal ubicado en la calzada Tamatán de dicha ciudad.

Como JUAN JOSÉ GONZÁLEZ CASTILLO fue identificado este hombre.

Más tarde un Boletín de Gobierno del Estado, señalaba fehaciente que, era un EX CONVICTO, que había salido del Penal y al cruzar la calle fue muerto .

Hasta la Boleta de Libertad fue exhibida circulando por la red web difícilmente sin la autorización ó disimulo del Estado.

Con una mancha de sangre se lee claramente que el hoy occiso fue capturado por la Marina y Ejército en el 2011 por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas.

Si bien es cierto que el ciudadano hace todo lo que la autoridad le permite, esta vez una condena tan corta (sabemos de penas en las que por 1 sola pistola alcanzan de 10 y hasta 15 años) determinada por JOSÉ FERNANDO GARCÍA QUIROZ juez primero de distrito especializado en ejecución de penas del Distrito Federal, terminaría matando al recién liberado.

NO ERA UN PRESO COMÚN

Resulta que JUAN JOSÉ GONZALEZ CASTILLO tenía un alias ” EL LECHES”.

Es decir, era uno de los amenazados en la manta.

Cumplieron pronto con la amenaza!!!!

¿QUIÉN LES DIJO A LOS SEÑORES ASESINOS EL DÍA Y HORA DE LA SALIDA DE SU VÍCTIMA???

¿¿ SERÍA QUIÉN???

No creo que el Juez de Distrito de Ejecuciones de Penas, ese está en México.

Acaso el Director ó el Subdirector Jurídico del Penal???

El jefe de custodios no lo creo, se enteran en el momento de la liberación.

También llama la atención que en la cartulina donde firman los “Zetas de la vieja guardia ” se encuentran :

Z7 Jesus Enrique Garcia Rejón alias “el mamito”

Detenido en el 2011 y extraditado a USA en 2012.

Por lo menos un par de personas cuyos nombres signan la cartulina anaranjada en el cuerpo mutilado, están -se supone- presos!!!

En todo caso es el GOBIERNO DEL ESTAD0 quien debe aclararlo, así como señaló en un COMUNICADO que el asesinado del jueves estaba saliendo de prisión.

Además al divulgar su situación el Gobierno trata de justificar -de algún modo- el homicidio del ex convicto, violando sus derechos e incitando a más violencia .

El funcionario está para imponer multas, cumplir leyes, no para divulgar conductas, o sanciones.

Esto estigmatiza la utilidad, veracidad y en el peor de los casos la legitimidad del cumplimiento de una condena o penalización.

El viernes nuevamente aumentó la lista de Homicidios, el domingo 2 mujeres fueron asesinadas cuando atacaron una tienda de “Abarrotes” con licencia de alcoholes.

“Abarrotes Galván” es el nombre del comercio el cual en realidad fungía como depósito.

Otra vez cumplieron su promesa de literalmente acabar con los depósitos, antros y quienes estén dentro, son “la gente que los apoya” al parecer esa es la razón de asesinar inocentes.

Se ignora el total de asesinados de las 10 personas “sentenciadas” .

Es extraño ver al Gobernador en una indignante calma cuando en el estado y principalmente en ciudad Victoria la”casa de gobierno” la ciudadanía a las 7 de la tarde no sale por órdenes de quienes ilícitamente mandan, apoyados con la sugerencia del señor Alcalde Suplente.

Por cierto el valiente Etienne del Llano con todo y su currículum está demostrando fehacientemente lo que le importa y ama nuestro estado, el Tamaulipas que hace un mes quería gobernar!!!!

Voló el gorrión !!!

Señor EGIDIO:

¿No será que usted mismo coordina o apoya la extinción de los criminales que usted permitió crecer y descontrolarse, al darse cuenta del grado de peligrosidad de quienes firman la cartulina del descuartizado???

A pesar de que 2 de los 5 criminales que firman las amenazas cumplidas, están detenidos, EL MIEDO DE EGIDIO TORRE CANTÚ nunca fue tan evidente.

Miedo y ambición, ya que el nefasto gobernador quiere, por ejemplo, construir una carrera política para su sobrino CARLOS MORRIS TORRE, un Junior que, ya fue exhibido alcoholizado en un antro de San Pedro Garza N.L usando una de las Suburban blindadas de su tío “el mostachón EGIDIO”.

Y aún así lo impulsó e hizo millonario en menos de 6 años.

Y quiere que siga su “carrera política” es uno de los compromisos impuestos al PRI nacional.

La peligrosidad y el tamaño del problema en el que el gobernador sumió a la capital tiene una magnitud de violencia que no ha alcanzado los peores escenarios.

Seguirá corriendo sangre inocente.

Seguirán desapareciendo de sus casas quienes ellos elijan .

Para que usted se de una idea de la peligrosidad en la que se encuentra si vive en las capital, le dejó una muy breve semblanza de quienes son los 5 personajes que firman ese mutilamiento.

Uno de ellos dejó 36 cuerpos en una calle de Veracruz cuando fue jefe de Plaza, otro día rescataba a varios amigos de un penal de aquel estado.

Cuando lo capturaron vestía uniforme militar al igual que sus cómplices de ese momento.

También uno de ellos o el mismo, -por razones de seguridad no lo aclaro- solo fue procesado por asesinar a la familia de un operador contrario.

Para hacerme entender, la PGR no anunció más delitos en su contra, a pesar de ser señalado el “jefe del cartel de los Zetas” en dicho estado, no se observan delitos como “delincuencia organizada, portación de armas, etc”.

Varios de ellos son señalados por recrudecer la violencia entre rivales contrarios en estados como VERACRUZ.

Lo cual significa que si la máxima autoridad estatal no le da el curso y seguimiento debido, el estado será otro Veracruz indomable.

Sin embargo, y sin importar el altísimo perfil delincuencial o de peligrosidad, EGIDIO TORRE CANTÚ fue elegido y él aceptó ser la autoridad para CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY EN TAMAULIPAS.

Podemos observar cómo el gobernador ha caído en errores de omisión los cuales bien pueden constituir varios delitos.

¿Y sabe que? SU MIEDO NUNCA FUE MÁS GRANDE!!!

Fuente.-Sofia Pacheco/Columnista/Justicia gráfica

"SI TORTURAN al CHAPO,hablan los ARGUMENTOS"...entonces la "Venganza" los iguala.

El Gobierno Federal ha confirmado cándidamente que los derechos humanos de Joaquín El Chapo Guzmán, sí están siendo violados en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Por supuesto que no lo dicen en forma tan clara y contundente, pero lo revelan a través de sus propias palabras. Si se pregunta porqué, esta es la explicación:

1.- El Código Penal Federal vigente, en su artículo 154 establece: “Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, (salvo) cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión”. Es decir, que se haya fugado el año pasado del Altiplano sin la ayuda de ningún otro interno ni ejerciera violencia contra nadie, no representa delito alguno.

2.- La señora Emma Coronel, su pareja oficial y madre de sus dos hijas gemelas, presentó el 21 de enero una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar “tratos discriminatorios” en contra de Guzmán. Entre estos, subrayó, se encuentran el cambio constante de celda, que lo videograben cuando está en el baño, que no pueda salir al patio ni ir al comedor, que no le proporcionen la ropa adecuada para soportar el frío en esa prisión, y que cada hora le pasan lista y lo identifican con una cámara que no lo deja dormir. “Esto se traduce en un trato desigual frente a los demás internos, discriminatorio y que afecta su dignidad humana por no respetársele los derechos mínimos para personas privadas de su libertad”, señaló en la denuncia.

3.- En respuesta, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, negó que se estuvieran violando sus derechos al ser despertado cada cuatro horas. Guerrero se refirió al último párrafo del artículo 18 constitucional, que señala que “para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos…”. Es decir, Guerrero sí aceptó que las medidas de seguridad tomadas contra El Chapo Guzmán, que eran inexistentes antes de fugarse el año pasado, han sido implementadas y reforzadas, como se establece en la demanda de la señora Coronel.

4.- Una pregunta que aflora de manera natural es que si el comisionado de reclusorios federales afirma que hoy en día se está aplicando a El Chapo Guzmán el artículo 18 constitucional, porqué no se ha actuado contra todos los funcionarios y ex funcionarios vinculados con el Sistema Penitenciario Federal que violaron las constitución durante los 14 meses el co-jefe del Cártel del Pacífico estuvo preso en el Altiplano. No es un sofisma: si ahora se le niega lo que antes se le dio por una disposición constitucional, entonces, previamente a su fuga, quienes se encargaban de su vigilancia y administración, violaron la ley. ¿Por qué no se ha procedido contra ellos?

5.- En apoyo a las declaraciones del comisionado Guerrero, en una entrevista con la prensa el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó: “Hay que tener claro que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad (la primera vez de Puente Grande, Jalisco, en 2001). La pregunta consecuente es si una persona que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad, debe estar sujeta a medidas especiales de vigilancia. La respuesta, por sentido común, es sí, sí debe estar sujeta a medidas especiales de vigilancia. Insisto en que es una persona que debe estar por la naturaleza de sus acciones precedentes sujeta a medidas especiales de seguridad”. 

No se trata de sentido común, sino de apegarse al Derecho. Las declaraciones de los funcionarios federales permiten afirmar que los derechos humanos de Guzmán sí se están violando. Si fugarse no es un delito, ¿por qué se establecieron las nuevas medidas draconianas una vez que fue recapturado? Según la ley, tendría que haber continuado su internamiento sin alteración, así como los privilegios por el relajamiento de los protocolos y dispositivos de seguridad en las gestiones de los dos primeros comisionados nacionales de Seguridad. También se debía haber garantizado la continuidad de los amparos concedidos por los jueces, que le abrieron las rejas de su celda para pasar la mayor parte del día en los locutorios, porque no se sabe que el Poder Judicial haya renovado los fallos.

Al aceptar que hay una disposición extraordinaria tras su recaptura, que incluye despertarlo cada cuatro horas –según la autoridad- o una hora –según la señora Coronel- para verificar que está vivo y no ha huido, se constituye lo que se llama “privación del sueño”, conocida como “tortura blanca”. Este tipo de tortura fue una de las que denunció el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en abril de 2014 sobre los métodos de interrogación “reforzada” de la CIA en Guantánamo y países terceros, porque su país habría sido una violación de los derechos humanos. En este contexto de derecho internacional, El Chapo Guzmán tiene una posibilidad real de acusar al Gobierno mexicano y derrotarlo, pero en tribunales internacionales, que son realmente independientes y en donde realmente le duele.

Fuente.-

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

"PERORATA PRESIDENCIAL" contra "PROBLEMA PENITENCIARIO NACIONAL...10 en "rollo",o sea nada,sumado a la nada.

En su visita a Nuevo León para estar con los militares en la celebración del Día del Ejército, con la facilidad que tiene para encimar temas, el Presidente Peña Nieto habló del problema penitenciario nacional.  Y cómo solución anunció que habrá un Comité Evaluador.

O sea la nada sumada a la nada.

Otra vez la respuesta oficial es mera demagogia.

Porque Luis Videgaray anunció un recorte presupuestal. Y para poder enmendar, someramente, la gravísima problemática de las cárceles mexicanas se necesita mucho dinero.  Esto no fue anunciado.

Partamos, simple ecuación, de una realidad espantosa para los responsables: Sobran 50 mil presos.  O, si se prefiere, falta espacio carcelario para 50 mil.

No hay cárceles, no hay celdas en las cárceles, y esto lo conoce perfectamente Eduardo Guerrero que va a comenzar a estrellarse con una pared que terminará por destruirlo.  Incluso en la cárcel modelo de Chihuahua, la que lo significa, hay celdas donde duermen hasta 11 presos.

¿Cómo le hacen? Por turnos quiero suponer.  Lo que va contra los derechos humanos más elementales.

Sin dinero esto no cambiará.  Construir una nueva cárcel para mil presos cuesta, aproximadamente, tres mil millones de pesos.  Por eso ningún gobernador quiere entrarle. Modernizar las cárceles, más del cuarenta por ciento tienen más de cincuenta años de antigüedad, cuesta también muchos millones de pesos.

Se necesitan, con urgencia, más custodios.  Hay cárceles donde los presos no se van a la calle por milagro, porque las medidas de seguridad son mínimas.  Se sabe de muchas cárceles donde, por las noches, tiran al patio paquetes de droga.  Así de inadecuadas son sus instalaciones.

Mayor número de custodios implica pagar sueldos.  Muchos millones de pesos. Y luego está su capacitación, mejorar salarios para evitar corrupción, y la permanente certificación.  Proporcionarles seguridad a ellos y sus familias, para evitar que los maten.  Todo lo que no se hace.

En las cárceles mexicanas, salvo alguna excepción, no existen comedores.  Esta carencia es la esencia misma de la corrupción con la comida ya que los alimentos, en grandes contenedores, son repartidos por los mismos presos que controlan la corrupción interna.  De igual forma las instalaciones de las cocinas carecen de los mínimos para poder preparar los alimentos.  Se necesitan cuartos fríos, congeladores, refrigeradores, grandes hornillas, personal capacitado y que haya pasado exámenes sanitarios, utensilios especiales, uniformes.

¿Quién tiene interés en pagar por esto?

Guerrero sabe, y quisiera creer que Renato Sales tiene interés en el tema, que son muy pocas las cárceles que cuentan con una enfermería adecuada.  Esto, otra vez, cuesta dinero. Poner equipamiento de seguridad, tipo aeropuerto, para revisar a los visitantes y evitar que pueda penetrar a las cárceles droga y todo tipo de sustancias prohibidas, también cuesta mucho dinero.  Que los custodios pasen por estas medidas de seguridad evitaría la corrupción.

Imponer cosas tan simples como reglamentos, como uniformes, como separar mujeres de hombres, como poner en distintos lugares a los presos sentenciados de los que no lo están, cuesta mucho dinero.

La voluntad para combatir la corrupción también falta.  Para tenerla no hace falta dinero, pero ningún  responsable ha demostrado este interés.  En las entidades se nombra a directores por recomendación, a veces militares retirados que no tienen idea ni quieren meterse.  O, también, por interés, para recibir parte de las ganancias ilícitas.  Para tener directores, funcionarios carcelarios honestos, no hace falta dinero pero nuestro sistema político otorga autonomía a los gobernadores.

Y si no han podido desde el gobierno federal modernizar las policías locales, cómo podríamos creer que algo va a cambiar en las cárceles por “amable petición”.

Crear un Comité Evaluador es totalmente innecesario.  Que Peña Nieto pregunte a todos quienes hemos analizado los problemas de las cárceles mexicanas.  Que visita cualquiera, sin anunciarse.  Que hable con alguien que haya estado preso.

Mientras el Presidente de la República, las autoridades se seguridad pública, no anuncien que habrá presupuesto federal para cambiar la realidad de las prisiones mexicanas, ninguna otra opción funcionará.  En especial no funcionan los discursos presidenciales que no pueden sustituir lo elemental: dinero.

fuente.-

Isabel Arvide

@isabelarvide

EL "50% de los REOS FEDERALES VUELVE a DELINQUIR",la "REINSERCION SOCIAL FALLA en el PAIS"...

De 2007 a 2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social  (CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento. Pasó de solomil 484 internos en 2007a casi 10 mil 900 en 2014. Ya es prácticamente la mitad de toda la población penitenciaria en dichos reclusorios.

“Las políticas de reinserción social no están funcionado” concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al evaluar el desempeño en 2014 del Sistema Nacional Penitenciario en México.

El dictamen de la auditoría advierte que si bien más del 88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los CEFERESOS fueron involucrados en actividades de reinserción social, estas parecen tener un efecto nulo pues hasta 2014 el 45 por ciento de esos internos ya había reincidido en cometer uno o más delitosen el pasado tras ser liberados.

Y aunque existen proyectos como el diseño de un plan integral de reinserción social y un nuevo instrumento de clasificación de población penitenciaria, lo cierto es que los niveles de reincidencia delictiva han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Lo anterior, sin olvidar que el 41 por ciento de los centros federales de reclusión cerraron en 2014 con problemas de sobrepoblación y cuatro penales de alta seguridad tenían condiciones de hacinamiento crítico.

“Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes (…) esto pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24 mil 776 internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.

El deficiente tratamiento de la población penitenciario tiene un impacto también en los beneficios de preliberaciones, los cuales han decrecido de forma sostenida en los últimos siete años, revela el dictamen.

En 2007 por ejemplo, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó que se concedieron cuatro mil 464 beneficios de preliberación para internos que mostraron un buen comportamiento durante por lo menos la mitad de su periodo de reclusión, pero para el 2014 solamente fueron 150. Es una reducción del 97 por ciento en la concesión de este beneficio.

De acuerdo con la auditoria, en promedio actualmente solo se otorga un beneficio de preliberación por cada 140 solicitudes.

El dictamen establece que estos datos corresponden en su mayoría  al sistema penitenciario federal pues a nivel estatal la OADPRS argumenta no contar con la información, pese a ser la institución responsable del funcionamiento de la política pública en materia de reinserción social. Lo anterior fue objeto de una recomendación específica dirigida a Gobernación.

“Resulta necesario evaluar la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria” indica el dictamen.

Reos federales, motor de hacinamiento

La ASF advirtió que al cierre del 2014 había poco más de 58 mil internos en condiciones de hacinamiento en los penales estatales del país, de los cuales,  26 mil 410 son internos de nivel federal que en teoría tendrían que estar en un CEFERESO.

Aunque la capacitad instalada en los penales federales se ha incrementado progresivamente en los últimos años hasta 31 mil espacios, los auditores consideraron que el OADPRS no ha coadyuvado a despresurizar realmente los penales estatales, pues prácticamente 1 de cada 2 internos en sobrepoblación en las entidades es un reo federal

La sobrepoblación en los penales estatales, subraya el dictamen, es un problema en crecimiento Pasó de 22.5 por ciento en el 2010 a más de 34 por ciento en el 2014. En 24 de las 32 entidades del país hay sobrepoblación penitenciaria.

Una clasificación realizada por la auditoria advierte que en 14 de las entidades el hacinamiento es crítico pues los índices de sobrepoblación superan el 20 por ciento. Los casos más graves son el estado de México con una sobrepoblación del 144 por ciento, Nayarit con 140 por ciento, Hidalgo con 108 por ciento, Morelos con 81 por ciento, y Jalisco con 80.5 por ciento.

En cuanto a los CEFERESOS la auditoría identificó que si bien no existía una sobrepoblación general, había cuatro de estos centros con un nivel de hacinamiento crítico hasta abril de 2015. Los casos más críticos eran el CEFERESO 2 Occidente con una sobrepoblación de 88 por ciento, y el CEFERESO 1 Altiplano de 32.4 por ciento.

En ese contexto la ASF emitió una recomendación al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social para que realicen una “distribución heterogénea” de los internos, pues mientras existen centros federales por debajo de su capacidad, hay otros con condiciones de sobrepoblación.

Poco dinero y mal usado

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado al Sistema Nacional Penitenciario a través del OADPRS ha sufrido una reducción sistemática lo que ha dificultado que las deficiencias en materia de espacio y  reinserción entre otras, puedan solventarse.

Por este motivo dicha instancia emitió una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que la política de prevención social sea considerara prioritaria en temas presupuestales y no sufra de deducciones.

Pero si bien el dinero es poco, lo cierto es que un porcentaje del que se recibe también es mal gastado por el OADPRS dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se desprende de la auditoría financiera realizada con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2014.

Los auditores detectaron irregularidades en el gasto de poco más de 60 millones de pesos destinados al gasto para fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios federales. De los sistemas penitenciarios locales no hubo información disponible.

Por ejemplo, los auditores ubicaron que en 2014 el OADPRS desembolsó 16 millones de pesos para la compra de siete vehículos blindados para el traslado de funcionarios, bajo el argumento de ser necesarios por temas de “seguridad pública y nacional”.

La primera irregularidad es que no se justificó realmente la necesidad de contar con esos vehículos, pero además, los auditores identificaron que tres de esos automóviles blindados terminaron asignados al transporte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que ni siquiera tienen que ver con el área de reclusorios.

Los auditores también detectaron irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo ejecutivo para funcionarios de los penales, pues no se proporcionó evidencia del procedimiento de selección de los proveedores de ese servicio, además de que se eligieron empresas que no estaban en el padrón de contratistas de seguridad nacional.

Otro ejemplo. La Secretaría de Gobernación a través del OADPRS firmó en diciembre de 2013 un contrato por un monto de más de nueve millones de pesos para producción de manuales en materia “Capacitación Penitenciaria”, así como para el diseño de un “Programa de Formación”, y otras acciones similares.

El problema es que los auditores no encontraron un solo registro o evidencia documental de que se haya proporcionado el referido servicio, o se hayan entregado los manuales, o cualquier otra prueba mínima de que se cumplió el contacto comprometido.

Por estas y otras irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió 14 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, además de diez promociones de responsabilidades administrativas para que se sancione a los servidores públicos que resulten responsables del mal manejo de los recursos.

Fuente.-ANIMALPOLITICO