"CHEMA LEAL" del PORRISMO a la U.A.T y de la U.A.T al NARCO.

• Ni el estado ni el pais merecen en su repertorio de funcionarios a quienes han demostrado que no solo no funcionan "sino" que funcionan mal,en agravio de los ciudadanos y sus intereses.

Reynosa,Tam.- 23/Sep/2014  Pareciera que a la hora de hacer designaciones a nuestro Goberndor Egidio Torre Cantu le apostara a la "falta de memoria" de los Tamaulipecos,quienes efectivamente podrían olvidar,pero no perdonar y es que de manera insistente se escucha según dicen  el "inminente" nombramiento de JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ   "alias el "Chema leal" como TITULAR de la recién creada AGENCIA ESTATAL DE ENERGIA con preclaros propósitos y en concordancia con las nuevas reformas en materia de hidrocarburos.

Seguramente que a nuestro Gobernador le están "dorando la píldora" o bien es nuevamente rehén de "Grupos Politicos" que lo animan a nombrar como tal al peor RECTOR que ha tenido la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS y solo seguido de JOSE MANUEL ADAME MIER de quien por cierto el primero fue "fecundo" pupilo y leal seguidor.

JOSE MARIA LEAL  representa lo "peor" del "porrismo"  incrustado en la política,durante su gestión como RECTOR de la U.A.T la Universidad Autonoma de Tamaulipas paso de ser la "Mxima casa de estudios" al MAXIMO CUARTEL DEL NARCO,pues durante este periodo el Narco confabulado con la autoridad universitaria,se apodero de los espacios en todos los campus del estado que le sirvieron de punto de reunión,de almacenaje de "armas y vehículos BLINDADOS ",de disipación incluso pues eran asiduos visitantes a sus "gimnasios" y áreas de "sauna",como ocurría en el Campus Tampico,se insertaron de lleno en la vida universitaria y alteraron su dinámica a grado tal que  "extorsionaban"  sobre la extorsión de que ya era objeto al alumnado vía las "Cuotas estudiantiles" ,obtuvieron identificaciones de la U.A.T,uniformes ,presionaban a maestros y personal docente,sometieron al "secuestro y el levanton" a muchos mas obligandoles a huir,impusieron a la autoridad universitaria en sus cotos de poder  y esta termino sirviendoles de enlace con la extorsión al alumnado  y supeditada a su poder a "mas no poder".

Nadie podría olvidar esta época de terror auspiciada desde la "holgada y relajada" moral de JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ,nadie en su sano juicio podría soslayar que es tanto o cuanto mas responsable que los propios criminales por haber reducido la U.A.T a una expresión mas de su poder y haberles permitido el ingreso y su "camuflaje" que sin duda demoro mas la acción de la Justicia,que no pocas veces tuvo que irrumpir en los "campus" universitarios generando entre el alumnado la "peor" de las impresiones que se tenga memoria en la "vida universitaria",camionetas repletas de soldados hurgando en los rincones,una vez que trascendió no solo la presencia de estos criminales,sino el "Control" que ejercían y que incluso y aunque en menor medida "siguen ejerciendo".  

SUS NEXOS CON EL NARCO:

A "Chema Leal" ya se le olvidaron sus "francachelas" en reuniones con JAIME GONZALEZ DURAN el "HUMMER",a las que asistía su padrino entonces Presidente del Comité Directivo Estatal del P.R.I  TAMAULIPAS  "RICARDO GAMUNDI ROSAS" alias "el negro gamundi" y quien se jactaba que en un magistral "golpe" vía la Asamblea Universitaria en Octubre 23 del  2005 había derrocado al anterior rector JESUS LAVIN SANTOS e impuesto a JOSE MARIA LEAL quien dicen cumplió perfectamente sus expectativas , "la de ser un lacayo leal y servil" al entonces Narco Gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES,quien utilizo la Universidad y sus recursos para impulsar "Campañas Politicas" deslizando y utilizando recursos de manera ilegal,era el "omnipotente" periodo del Narcotrafico inmerso en la politica,eran los "políticos conviviendo y conbebiendo" con los criminales,a ellos los sirvieron,de ellos se sirvieron,ellos los prohijaban,ellos se protegían.

Fue incluso la oportunidad del entonces rector para refrendar que su "moral" caminaba de la mano del Narco tal como se lo indicaba su "mentor" RICARDO GAMUNDI ROSAS  y se saca de la manga un nombramiento para un "ex-ministerial" de nombre GASPAR ZUMAYA amigo del "HUMMER y Heriberto Lazcano,máximo líder zeta y a quien previamente habían despedido de la corporación y lo encarga de la Seguridad del "alma mater", por este medio transitaron "favores" de CHEMA LEAL a los "Lideres del Narco" como aquellas "concesiones" que hizo a HERIBERTO LAZCANO para que hiciera negocio con las PREPARATORIAS y UNIVERSIDAD "MIGUEL ALEMAN",algo poco conocido en las facetas del LIDER ZETA  y de quien aun peristen   dudas sobre  su muerte.

Entonces la pregunta es,se PRIvilegiara el "Crimen sin castigo",se premiara la "militancia" con el Narco o de plano el ex-gobernador Narco Eugenio Hernandez Flores sigue mandando a los que puede "mandar".

Aunque en TAMAULIPAS ya no queremos a nadie que REPRESENTE LA AVANZADA del PODER de aquellos que pudiendo no pudieron y lo que es peor "NO QUISIERON".

Cuántas EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES han cometido las FUERZAS DE SEGURIDAD del Estado en la guerra contra el NARCOTRAFICO ?

•  Los crímenes de policías, Ejército y Marina se cuentan por decenas. La lista negra de las distintas policías, militares y marinos, incluye matanzas indiscriminadas, tiros de gracia, desapariciones forzadas, torturas, siembra de droga o armas para justificar sus delitos; fusilamientos, asesinatos… 
• Hay gente que aplaude los crímenes de las fuerzas armadas. Consideran que se necesita “mano dura” y hay que aplaudir dichos delitos, bajo el argumento de que son “delincuentes” que se lo merecían, pero no reflexionan que el día de mañana la “mano dura” les puede tocar a ellos o sus familias.
• Y siempre será una acción por encima de la ley que vulnera el Estado de derecho. Convertir a los militares y marinos en vulgares y sanguinarios asesinos es responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y tarde o temprano tendrá que responder como su homólogo Felipe Calderón, actualmente acusado de crímenes de lesa humanidad ante La Haya. ¿Será Peña Nieto el próximo?.

Mexico,D.F 23/Sep/2014  En el Norte del país particularmente, así como a lo largo de la frontera con Estados Unidos, esos 3.200 kilómetros de experimento de violencia y droga, las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en el pan de cada día, una realidad que ciertamente se fue imponiendo en todo el país durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto.

 La hemeroteca esta llena de estas historias. Hay testigos con nombres y apellidos que fundamentan los casos denunciados por periodistas y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Incluso informes de organismos internacionales han dado cuenta de esta ominosa realidad sobre México. 

El sello de las ejecuciones extrajudiciales masivas es visible a todos: gobierno, autoridades judiciales y sociedad. Y es visible sencillamente porque las bajas siempre son del lado de los supuestos “delincuentes” o “sicarios”. Hasta un niño de cuatro años comprende que esos supuestos “enfrentamientos” no son más que masacres, máxime cuando los cadáveres llevan el tiro de gracia o bien, sus heridas exhiben un claro fusilamiento.

 Los casos abundan. Allí está la “muerte” de 25 supuestos “criminales” en Ciudad Mier a manos del Ejército ocurrida el 2 de septiembre de 2010. Normalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirma la supuesta refriega y emite un comunicado horas o días después de los hechos. A veces, convoca a conferencia de prensa y nos presenta el arsenal supuestamente incautado. 

El método de la masacre extrajudicial cometida por Ejército o Marina, consiste en manipular y falsear la información. Ya se sabe: la primera víctima en una guerra, es la verdad. Los “muertos” nunca son “asesinados”, simplemente son “delincuentes, sicarios, narcotraficantes muertos”. Y siempre traían armas y drogas. Siempre fueron ellos los que empezaron a disparar. Y siempre, siempre, se trató de un “enfrentamiento”. ¿Cómo explicar que estos enfrentamientos terminan siempre con “delincuentes” muertos y ningún soldado fallecido? Es obvio, que esos casos son obvias ejecuciones extrajudiciales. Y allí están los casos sumidos en el hoyo negro de la nula impartición de justicia, por donde van cayendo las miles de víctimas civiles de esta guerra, que siguen esperando reparación.

 Aquel 3 de septiembre los medios de comunicación locales reproducían el boletín de la Sedena: 25 delincuentes muertos y ningún soldado. La operación mediática hablaba de “allanamiento” de un campo de entrenamiento y el rescate de tres personas secuestradas, incluso supuestamente hubo dos elementos castrenses heridos, aunque nunca se dieron a conocer sus nombres. Algunos testimonios, sin embargo, hablaban de matanza. La luz de alarma se encendió en organismos de derechos humanos, pero en aquel entonces eran tantas las matanzas y los ejecutados diarios, que el caso cayó rápidamente en el olvido. 

Quienes no olvidan las ejecuciones extrajudiciales son los familiares de los asesinados. Testigos con nombres y apellidos como en el caso de la primera ejecución extrajudicial reportada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de Armando Humberto del Bosque de 33 años, desaparecido por la Marina y luego ejecutado en Colombia, Nuevo León el 3 de agosto del año pasado. Su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, fue testigo de cómo se lo llevaron los marinos: “¿Te sientes muy seguro? Mejor te callas o a ti también te va a llevar la chingada”, le dijo Raúl Sánchez Labrada, capitán de la Armada de México. Una llamada le confirmó lo peor: “Vimos el Mustang de tu hijo en una brecha a 10 minutos del campamento de la Marina”, le dijo un amigo que andaba cazando el 3 de octubre. Humberto del Bosque corrió a buscarlo. Llegó al lugar, observó el coche abandonado cubierto de polvo y a 500 metros, entre los matorrales, alcanzó a contemplar la escena que le había atormentado en las pesadillas. Temblando, avanzó un poco y vio un tenis. En ese momento supo que era él. No pudo caminar más. Llamó a la policía y la instrucción fue concreta: “No se acerque”. 

(La Jornada 3 de octubre 2013). El capitán Sánchez Labrada le había dado una tarjeta de presentación al padre del muchacho luego de llevárselo. Cuando este le dijo que no sabían donde estaba, le recordó los hechos, pero el capital le contestó: “No, a tu hijo nunca lo detuvimos. Ni lo conozco”. Humberto del Bosque le dijo entonces que él y otros testigos habían visto cómo él lo había detenido, lo habían subido a un vehículo de la Marina y luego él se había llevado el Mustang conduciendo”. La policía de Colombia la detención por la Marina y dice textualmente en el oficio 01/2013 del expediente 002: “Por la avenida Juárez, al cruce con la calle Urrea, se observó circular al denunciante Del Bosque Villarreal a bordo de un vehículo Ford tipo Mustang, color gris, por lo que fue intervenido por personal de la Marina, momento que el responsable del destacamento y comandante de la Marina refiere que a partir de ese momento ellos se hacen cargo de la denuncia, por lo que el denunciante y su vehículo quedan a su disposición”. 

El caso llegó hasta el alto comisionado para la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para investigar los hechos, pero sin resultados. Sus padres siguen esperando justicia y reparación.

El 15 de junio de 2012, se ventilo un reportaje sobre casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército y la Marina, como sello del sexenio de Felipe Calderón. Para ese entonces, la CNDH había emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública Federal, principalmente, por un total de 47 civiles “asesinados” desde el inicio del sexenio. 

Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 el 2012. Entre los casos reporteados está el de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de José Humberto Márquez Compeán, cuya detención por la Marina quedó en la memoria gráfica gracias a una foto periodística. El joven apareció asesinado en una calle, al día siguiente. El cuerpo tenía huellas de tortura y en su ropa había droga “sembrada” por la Marina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 7 de junio de  la recomendación 34/2011 en donde instaba a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) a indemnizar a la familia porque fue “torturado y asesinado por marinos”. Esperando justicia, están también los familiares de Jorge Otilio Cantú Cantú a quien los militares le destrozaron la cara con cuatro tiros de gracia. 

La ejecución extrajudicial ocurrió el 18 de abril de 2011, cuando el joven recién casado se dirigía a trabajar. Un retén de militares le disparó. Recibió 12 disparos. Los militares le “sembraron” una pistola; le robaron el dinero de su cartera, cambiaron la escena del crimen y movieron su cuerpo de posición para luego argumentar que el muchacho les disparó primero, argumentando que era un “sicario” y hubo un “fuego cruzado”. Su padre, el doctor Otilio Cantú González, emprendió una batalla para demostrar la ejecución extrajudicial. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León inició las investigaciones y determinó que efectivamente se trató de una ejecución extrajudicial de los militares. Los asesinos nunca fueron realmente castigados. La familia sigue esperando justicia y reparación. 

De hecho, en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina, la constante es la impunidad. Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, han demostrado que las fuerzas armadas, en realidad son una casta de privilegiados por encima de la ley con licencia para matar. El fuero militar sigue siendo una grave prerrogativa que genera el incremento de todo tipo de crímenes. De hecho, los militares y marinos actúan muchas veces igual de sanguinarios que los miembros del crimen organizando. 

El caso de la testigo de la masacre extrajudicial cometida por el Ejército en Tlatlaya, testigo cuya identidad se reserva en el reportaje publicado por la revista Esquire realizado por Pablo Ferri, confirma lo ya publicado sobre el mismo caso por Associated Press (AP) y por el Washington Post después de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio. Ambos medios habían revelado que el supuesto “enfrentamiento” fue una ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya en el Estado de México: “Existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón improvisado dentro de una bodega a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron”. 

Pero aún. Ya un observador del Alto Comisionado de la ONU había inspeccionado la bodega y no encontró indicios de “balas perdidas” típicas en un enfrentamiento, ni tampoco señales de disparos efectuados desde el interior. De hecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitieron en su momento un comunicado sobre la configuración de ejecuciones extrajudiciales: “que se enmarcan en el patrón sistematico de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que cerró en el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”. 

El extraordinario trabajo de Ferri, deja claro que lo de Tlatlaya es una masacre extrajudicial. ¿Qué espera el Ejército para iniciar una investigación y castigar a los culpables? En México, la violencia del Estado no ha tenido la misma visibilidad en los medios de comunicación, que la violencia del crimen organizado. La línea que separa a ambos a veces es tan tenue que se confunden unos con otros. Y allí está el caso del general Bibiano Villa, ex director de seguridad pública en Torreón, Coahuila y actual jefe de seguridad en Quintana Roo, quien no tuvo empacho en decirme en entrevista grabada que cometía ejecuciones extrajudiciales: “Me gusta la adrenalina. Venir a patrullar. Cuando agarro un Zeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”, dijo. La grabación la entregué a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me la solicitó para ofrecer pruebas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en México. 

.fuente.-  @SanjuanaMtz

MICHOACAN: "Los Bandidos de uno y otro lado".

• A dos fuegos. Por décadas, Michoacán a vivido a dos fuegos. Por un lado, los narcotraficantes y por otro los políticos, sean de la sigla que usted prefiera.

Michoacan 23/Sep/2014 Dos fuerzas criminales han convido en esa entidad desde hace tanto tiempo que se volvió “normalidad”: asesinar, saquear recursos públicos, robar, simular gobierno, quebrantar todas las leyes… Así se ha conducido la entidad: con un administración “formal” y supuestamente democrática, basada en la estructura del Estado, y otra que, desde la sombra, impone su ley y manda por encima de la otra, porque lo hace, además, con el chantaje, las amenazas, las desapariciones, las violaciones de niñas y mujeres, los asesinatos cada vez más crueles. 

Ayer, dos periodistas locales, uno que fue corresponsal de Televisa por 26 años, y otro más, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, fueron exhibidos en un video recibiendo dinero y compartiendo estrategias de comunicación con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, actual líder del cártel de Los Caballeros Templarios y quien, por lo que hemos visto en los últimos meses, es el que marca la agenda de los políticos, empresarios… y hasta de algunos periodistas en ese estado.

 Los tiene en un puño, grabados en video recibiendo fajos de billetes, intercambiando favores, dándoles órdenes, dirigiendo el rumbo de la entidad a conveniencia del grupo del crimen organizado que encabeza. El 21 de mayo de 2013, hace más de un año y cuatro meses, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó desplegar una estrategia de 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), además de otros mil policías federales, para combatir el crimen en ese estado, específicamente en la región de Tierra Caliente. Fue insuficiente.

 El 15 de enero de 2014, el Jefe del Ejecutivo federal creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y puso al frente de la misma a uno de sus hombres de mayor confianza, Alfredo Castillo Cervantes, con el objetivo de resolver la crisis de las autodefensas y continuar el combate contra los narcotraficantes, especialmente el cártel de Los Templarios. Castillo Cervantes se convirtió en un Gobernador de facto, ante la nulidad del priista Fausto Vallejo Figueroa, quien terminó renunciando el puesto el pasado 18 de junio. 

En ese lapso, sin embargo, cayeron no sólo presidentes municipales evidenciados por los videos filmados por “La Tuta”, sino incluso el Gobernador interino y Secretario de Gobierno, el priista Jesús Reyna García, quien era otra pieza de ese poder alterno que aún mantiene Servando Gómez. Luego, en otro video, hasta Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex Gobernador, fue exhibido como uno de los tantos colaboradores influyentes del delincuente también conocido como “El Profe”. Actualmente está preso en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y se le sigue un proceso por el delito de encubrimiento y otros supuestos ilícitos. Además, el 4 de febrero pasado, el Presidente abrió la cartera para Michoacán y anunció una inversión de 45 mil 500 millones de pesos (unos 3 mil 400 millones de dólares) sólo durante 2014 para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad, afectada por la violencia. 

Esa inversión, sin embargo, aún se refleja en la reactivación del desarrollo en el estado ni mucho menos en una mejor calidad de sus habitantes, que lo primero que demandan es poder vivir en paz. La impunidad que por años se ha vivido ahí será difícil de revertir mientras el gobierno mexicano no acepte que en esa entidad los criminales –narcos y políticos– desbordaron, gracias a la corrupción, la fuerza del Estado. Por tanto, ahora, un solo hombre y sus compinches son capaces de tener en un puño a gobernantes, empresarios y hasta a periodistas que, se supone, trabajan para él desde hace años. Y cómo no hacerlo, comentaba ayer el politólogo Lorenzo Meyer Cossío, si en un Estado en la sombra cuando un hombre con el poder de “La Tuta” –uno por encima incluso del Gobernador– te pide que vayas a verlo, pues más te vale ir. Y no sólo aplica para los periodistas, presidentes municipales, hombres de negocios, líderes locales y quién sabe cuantos más que aún no salen a la luz, lo han tratado con la misma sumisión que al Presidente o a los gobernadores. 

Mientras el reino del terror y del dinero siga en poder de hombres como el “Profe” y mientras el Estado no reconozca que, relegado como ésta, debe cambiar la estrategia y cortar con toda la podredumbre para hacer frente a los criminales, ya sea en un rancho en La Ruana o en el Palacio de Gobierno de Morelia, no habrá estrategia que valga ni que libere a los michoacanos de la violencia y la impunidad, y que los conduzca hacia el mejor futuro que los gobernantes, sean priistas o perredistas, les han robado de forma descarada y por décadas.

En MEXICO "no hay VICTIMAS DEL NARCO", revela SOLICITUD DE INFORMACION.

• El sexenio más sangriento en la historia de México no dejó víctimas… oficialmente.

• En el sexenio del expresidente Felipe Calderón, sí hubo 70 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, miles de familias destrozadas… pero hasta el momento no hay ninguna víctima reconocida y atendida por el Estado mexicano....Ninguna.

MEXICO D.F 23/Sep/2014 A más de dos años y medio de que el Congreso Federal aprobó la Ley General de Víctimas, dos de los mecanismos clave de esta nueva normatividad de apoyo y atención a las víctimas del delito en México no se han podido implementar.

Ni el Registro Nacional de Víctimas ni el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, contemplados en la nueva legislación federal están operando.

Un retraso al que el exmandatario panista contribuyó en el 2012, cuando en el ocaso de su sexenio vetó la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, a través de una controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta legislación fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el nuevo presidente priista, Enrique Peña Nieto, ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado Calderón.

La promulgación de la Ley fue bien recibida por representantes de organismos sociales y defensores de derechos humanos independientes en México.

Se trataba de un instrumento legal de avanzada, que tenía como objetivo velar por la protección de las víctimas y proporcionar apoyos económicos para ellas.

Se creó entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, responsable de la operación del Registro Nacional de Víctimas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Pero en 20 meses, este organismo descentralizado no ha conseguido poner en funcionamiento el padrón federal y comenzar así con la entrega de indemnizaciones y apoyos económicos a víctimas de los derechos humanos.

La información es inexistente

Reporte Indigo presentó a través del IFAI solicitudes de información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la intención de conocer la operación, tanto del Registro Nacional de Víctimas como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

En la primera petición informativa se planteaba saber el padrón de víctimas registrado por entidad federativa –sin incluir datos personales- y su evolución desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas.

Sobre el Registro Nacional de Víctimas, la CEAV, responsable por ley de generar esta información, contestó que la base de datos estaba en proceso de creación y que por lo tanto, la información solicitada era inexistente.

“Sobre el particular, le informo que el Registro Nacional de Víctimas actualmente se encuentra en proceso de creación…”, contestó el titular de la Unidad de Enlace de la Comisión, Gustavo Baltazar Guerrero.

“En virtud de lo anterior, la información solicitada es inexistente”.

Una respuesta similar dio la CEAV cuando se le requirió información sobre los recursos entregados a víctimas del delito a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La Unidad de Enlace de la CEAV respondió que el Fondo se encuentra en fase de implementación y que se están desarrollando los instrumentos normativos como el reglamento de la Ley General de Víctimas para poder entregar estos recursos.

“…y por tanto, persona alguna con calidad de víctima ha accedido todavía a los recursos del Fondo que contempla la LGV…”, respondió el organismo.

En ambas peticiones, la Unidad de Enlace de la CEAV declaró la información solicitada como inexistente porque hasta la fecha no se ha generado.

Y aclaró en su respuesta a este medio: “…de conformidad con el criterio No. 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no es necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, toda vez que existen suficientes elementos de convicción que permiten suponer la ‘inexistencia de la información’ debido a que ésta no se ha generado a la fecha”.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atribuyó el retraso a la falta de aprobación del reglamento de la Ley General de Víctimas, que según los transitorios del decreto publicado en enero de 2013, tuvo que estar listo hace un año.

Este reglamento, que tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, incluirá las reglas que regularán al fondo y validará el formato de inscripción para ingresar al Registro de Víctimas, requisito para conseguir los apoyos económicos federales.

Un anteproyecto de reglamento se encuentra en revisión desde mayo de este año en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y no existe un plazo para su liberación.

El Registro Nacional de Víctimas incluirá la descripción del daño sufrido, identificación del registro e información sobre las medidas de protección y los servicios de ayuda.

Una ayuda que aún no llega

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es el otro mecanismo que presenta retrasos.

De esta bolsa, el Gobierno Federal entregará las indemnizaciones a las víctimas del delito y de los derechos humanos inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.

Pero la CEAV deberá primero constituir un fideicomiso de administración de los recursos y publicar las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación.

La CEAV sustituyó con Peña Nieto a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), que creó en su sexenio el exmandatario estatal Felipe Calderón.

El organismo descentralizado está presidido por el comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien entre polémicas sustituyó este año en el cargo a Olga Noriega.

La comisionada tiene impugnado su proceso de destitución en el Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de amparo.

La CEAV está integrada por 7 comisionados, que tomaron protesta hace un año en el Senado.

Las respuestas a las solicitudes de información que presentó Reporte Indigo estuvieron a cargo de la oficina del comisionado Julio A. Hernández Barros, encargado de las tareas que lleva a cabo la CEAV relativas a la creación del Registro Nacional de Víctimas.

En su respuesta, la CEAV acepta el retraso en la creación del Registro Nacional de Víctimas, pero informa que se ha solicitado a los 31 gobiernos estatales, comisiones estatales de derecho humanos “datos sustantivos” sobre el tema de registro de víctimas delito y violaciones a derechos humanos.

Esto como parte de los acuerdos interinstitucionales de coordinación entre diversas instancias de Gobierno.

En sus respuestas, la CEAV alegó “inexistencia de la información” a pesar de que es un organismo facultado por ley para brindar ayuda y asistencia a las víctimas del delito.

De acuerdo a organismos ciudadanos consultados por este periódico, la CEAV canaliza apoyos económicos a familiares de víctimas recursos para gastos de hospedaje, alimentación y transporte.

También se concluye con la respuesta de la CEAV que el organismo no ha incluido en el Registro Nacional de Víctimas los “registros existentes” de la extinta Províctima que operó con Calderón. (Reporte Índigo)

‘NO HUBO 22 EJECUTADOS’

La noticia fue como cualquier otra de ese tipo: Un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes dejó 22 muertos. En 273 palabras, la autoridad informó su versión de los hechos.

Personal militar ubicó una bodega custodiada por personas civiles en Tlatlaya, Estado de México, y al percatarse de la presencia de las Fuerzas Federales, los civiles abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión. Fin del comunicado.

Sin embargo, 79 días después, una nueva versión fue publicada por la revista Esquire México.

En ella, una testigo -bajo el nombre de Julia- asegura que las cosas pasaron de una manera muy diferente a como lo informó la Sedena.

Dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron. Que solo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron.

Lo que Julia dijo que pasó pone otra vez sobre la mesa la actuación de las Fuerzas Federales en la lucha contra el narcotráfico.

Ayer en entrevista, el Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga desmintió la versión de Julia.

“No hubo 22 ejecutados en Tlatlaya, fue un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y la delincuencia organizada”, afirmó. “No tengo información de ningún ejecutado, no conozco las pruebas”, dijo.

DUDAS

- El Gobierno no facilitó nunca ni las identidades de los muertos ni explicó qué hacían los militares en Tlatlaya, Estado de México.

- De acuerdo a la organización internacional, hubo evidencias forenses halladas en el lugar que sugieren que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza.

- Con la declaración de Julia, estas sospechas parecen confirmarse.

- “(…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, declaró Julia.

- Al final la autoridad descartó que hubieran sido ejecutados y declaró oficialmente un enfrentamiento.

Se duplica el ESPIONAJE AUTORIZADO a la PGR; realiza una intervención cada 35 horas

• En un lapso de 11 meses la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 586 intervenciones telefónicas y a comunicaciones privadas con el aval de un juez, bajo el argumento de que investigaba actividades relacionadas con el crimen organizado. En promedio es una acción de espionaje cada 35 horas. 

Mexico D.F 23/Sep/2014 Esta cantidad de intervenciones realizadas entre septiembre del 2013 y julio de este año es más del doble de las que se habían hecho un año antes.

Los datos evidencian lo que parece ser una estrategia del actual sexenio respecto al espionaje de comunicaciones, pues como 24 HORAS dio a conocer en junio también el Cisen ha incrementado de forma importante el uso de este recurso.

El Segundo Informe de Labores de la PGR revela varias acciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en materia de combate al crimen organizado.

Entre ellas se encuentran la obtención de 586 órdenes de Intervención de Comunicaciones Privadas (ICP) en el referido periodo, lo que representa un incremento de 143% de estas acciones respecto a las 214 intervenciones que se hicieron en el periodo de septiembre del 2012 a julio del 2013.

El documento no detalla qué tipo de intervenciones se realizaron, pero según fuentes ministeriales se trata en su mayoría de espionaje de llamadas y mensajes telefónicos, así como de correos electrónicos.

Cabe señalar que estas intervenciones realizadas por la SEIDO son solamente las que autorizó un juez a petición del Ministerio Público Federal. No se detalla cuántas solicitudes se realizaron en total y cuantas fueron rechazadas.

En donde sí se revela este dato es en las solicitudes de espionaje hechas por las delegaciones estatales en el último año que son sustancialmente menores que las de la SEIDO. Las delegaciones solicitaron a jueces federales 32 órdenes de ICP pero estos solo autorizaron 14, es decir, menos de 50%.

La PGR no es la única que puede solicitar las intervenciones. El Cisen aludiendo temas de seguridad nacional, también las ha solicitado. Este diario publicó que entre 2012 y 2014 dicho organismo hizo peticiones de intervención de comunicaciones para 759 dispositivos, cantidad superior a las 340 de todo el sexenio pasado.

Son jueces especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones los encargados de autorizar el espionaje. Las solicitudes actualmente se hacen vía correo electrónico y pueden recibir luz verde en menos de 24 horas.

Las máquinas del espionaje

En el actual sexenio la PGR, al igual que otras instancias del gabinete de seguridad, han programado inversiones importantes en materia de inteligencia, bajo el argumento de que es necesario fortalecer dichos aspectos para lograr golpes de precisión sobre todo en materia de combate al crimen organizado y amenazas a la seguridad nacional.

En ese contexto, en este año se autorizó y ejerce un presupuesto específico de casi 150 millones de pesos encaminados a la adquisición de equipo destinado al espionaje.

Los nuevos equipos tienen los nombres códigos de “WONDERFULL”, “SESAMO” y “LAGUNA”, y son operados por la Dirección General de Cuerpo Técnico de control de la SEIDO. Las características de los mismos son clasificadas pero se sabe que es tecnología para la extracción de voz y datos en redes 3G o 4G.

A lo anterior se suma otra inversión de 142 millones de pesos que se está realizando para perfeccionar los equipos de intercepción y rastreo de llamadas.

Además está pendiente la compra por poco más de 30 millones de pesos en un sistema táctico de monitoreo e intercepción de comunicación celular GSM 1900Mhz y 3G, y sistema de grabación y monitoreo de telefonía fija (PBX) y analógica digital/IP”.

Con esta tecnología y la ya existente la PGR está en condiciones de monitorear y obtener datos de casi cualquier tipo de comunicación privada entandar, desde llamadas telefónicos a números fijos o móviles, hasta conversaciones vía texto en servicios de mensajería como Whatsapp, o en redes sociales como Facebook, y por supuesto los correos electrónicos.

Cateos también se duplican

Los datos oficiales revelan que la SEIDO también duplicó el número de cateos que ha realizado durante la actual administración por supuestas actividades de la delincuencia organizada.

De septiembre del 2013 a julio del 2014 la subprocuraduría reportó 241 órdenes de cateo autorizadas por los mismos jueces que facultan los espionajes. Un incremento superior al cien por ciento respecto al periodo anterior que se autorizaron 114 órdenes.

Las 241 órdenes de cateo solicitadas en el último año han permitido la verificación de 527 domicilios en total en los que se presumen actividades relacionadas a delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, entre otros.

Pese a ese número de cateos, la PGR solo reportó el aseguramiento definitivo de 160 inmuebles y la presentación de 8 demandas en materia de Extinción de Dominio.