Entre semana estarán con toga en la Suprema Corte y los fines de semana, como lo hicieron ayer en el inicio de la campaña electoral judicial, las ministras Morenas Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres andarán en medio de acarreos y lonches para sus seguidores, sindicatos, simpatizantes de partidos y hasta agrupaciones de comerciantes.
Las ministras afines a la 4T iniciaron sus campañas con actos similares a los que ya realizaban hace meses y con el sello del corporativismo que tanto se critica.
Esquivel, con chaleco morado y en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), fue arropada por maestros de la Sección 36 del SNTE.
“Mi compromiso es claro, ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción”, dijo frente a simpatizantes, uno de ellos hasta con chaleco guinda del Gobierno mexiquense.
Con Ortiz estuvieron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que ofreció su auditorio, y con trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, del Consejo Nacional Laboral, y del Sindicato del Transporte de Pasajeros y de Comerciantes de la Merced.
“Existe el derecho humano a la energía eléctrica”, les dijo. “Eso voy a defender hasta que me muera”.
Batres fue rodeada afuera de la Corte por comerciantes de Tepito, así como simpatizantes y militantes de Morena.
“Soy la única que está empezando con gente, en la calle, en espacio abierto”, dijo a lo largo del día, en el que tuvo otros dos eventos.
Ninguna consideró pedir licencia a su cargo, como recomendó el INE, durante los 60 días de campaña.
Retórica política
Narrativas de combate a privilegios: Proclaman discursos contra la corrupción y a favor de derechos sociales (“derecho humano a la energía eléctrica”), aunque operando mediante redes clientelares.
Desdén a normas institucionales: Ambas ignoran la recomendación del INE de pedir licencia en sus cargos, mostrando una tensión entre formalidad democrática y prácticas reales.
Estas acciones configuran un modelo de proselitismo que combina elementos discursivos progresistas con mecanismos tradicionales de control político, usando estructuras organizativas preexistentes para garantizar bases de apoyo electorales.
Edgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar cuenta actualmente con 46 mil 976 millones de pesos para el beneficio de trabajadores y cubrirá hasta el 2045.
“Conforme a la estimación del costo fiscal realizado e ingresos subsecuentes, se considera que el Fondo cubrirá los nuevos beneficios hasta 2045, si se considera un rendimiento del fondo del 4 por ciento, lo cual es un supuesto relativamente conservador da las condiciones que hemos visto en los mercados financieros y en el rendimiento de los principales activos en los mercados mexicanos. El saldo del fondo al 26 de marzo de 2025 es de 46 mil 976 millones de pesos“.
Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular de la SHCP explicó que la finalidad del Fondo para el Bienestar es complementar la pensión de los trabajadores para que alcancen un monto de pensión equivalente a su último salario y con ello lograr un nivel de vida digna.
“Lo importante era pasar de unas pensiones precarias, digamos para aquellos que se incorporaron después de la reforma del 2007, y que enfrentaban una situación de pensiones que no iban a ser suficientes para alcanzar un nivel de vida digna y de corazón.
“El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para su pensión -y este es el objetivo del fideicomiso- alcanzar un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS para el 2025, que es de 17 mil 364 pesos mensuales”.
Amador detalló que el Fondo, creado el año pasado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, arrancó con fondos de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, así como de recursos provenientes de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquero.
Para el periodo de 2025 al 2029, Amador aseguró que al fondo se le inyectarán un promedio de 11 mil millones de pesos anuales provenientes de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit.
“El fondo contó con un saldo inicial para pago de complementos de 28 mil 768 millones de pesos y se estima que tenga ingresos subsecuentes por cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit en promedio de 11 mil millones de pesos anuales (2025 a 2029)”.
Por su parte, Martí Batres -director del ISSSTE- explicó que este Fondo beneficiaría a aquellos jubilados con pocos ahorros en sus Afores con el fin de que se jubilen con el sueldo equivalente al momento de su retiro.
“Los recursos de este Fondo tienen el objetivo de completar las pensiones de jubilados que, por sus limitados ahorros en las Afores, lleguen a acumular sólo lo suficiente para obtener pagos mensuales de 3 mil o 4 mil pesos. De esta manera, si un trabajador, maestro o maestra, se retira con una pensión de sólo 3 mil o 4 mil pesos mensuales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro.
“Esto quiere decir que, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con, aproximadamente, 16 mil pesos al mes, a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado sólo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad”.
Estructura financiera y supuestos cuestionables
El anuncio del Fondo de Pensiones para el Bienestar presenta una iniciativa gubernamental que requiere análisis crítico, especialmente ante la advertencia de posibles estrategias discursivas oficiales. Estos son los elementos clave:
El fondo opera con 46,976 millones de pesos iniciales, combinando:
Recursos de cuentas inactivas de IMSS, ISSSTE e Infonavit
Fondos de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria
Su proyección de sostenibilidad hasta 2045 se basa en dos pilares:
Rendimiento anual del 4% en mercados financieros
Aportes anuales promedio de 11,000 millones de pesos (2025-2029)
Riesgos no mencionados:
Volatilidad histórica de los mercados (el 4% podría ser optimista en contextos recesivos)
Dependencia de cuentas inactivas, cuyo flujo podría disminuir
Falta de mecanismos de ajuste post-2029 para mantener aportaciones
Beneficios versus realidad operativa
El objetivo declarado es complementar pensiones hasta igualar el último salario, con tope de 17,364 pesos mensuales. Sin embargo:
El monto tope corresponde a la pensión promedio actual del IMSS, no considera inflación futura
El esquema beneficia principalmente a quienes tengan ahorros previsionales muy bajos (3,000-4,000 pesos)
No se especifican mecanismos de actualización salarial para mantener el poder adquisitivo
Contexto político y críticas implícitas
La mención a la CNTE y su amenaza de paro sugiere:
Descontento entre sectores laborales con el modelo de pensiones
Posible conflicto entre el esquema gubernamental y demandas de trabajadores
Cuestionamientos a la sostenibilidad real del sistema de Afores
Elementos de transparencia omitidos
No se detalla la metodología del “costo fiscal realizado”
Ausencia de proyecciones alternativas con diferentes tasas de rendimiento
Falta de claridad sobre la gobernanza del fondo y mecanismos anticorrupción
Este análisis revela que, aunque el proyecto se presenta como solución definitiva, contiene elementos especulativos y dependencias externas que podrían comprometer su efectividad a largo plazo. La estructura actual parece depender de condiciones económicas estables y flujos constantes de recursos, factores históricamente variables en México.
En su arranque de campaña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ex Procuradora General de la República Marisela Morales afirmó que ella sí es imparcial, lo que, indicó, es la característica que se necesita para ser Ministra.
En un video publicado en redes sociales, aseguró que trabajó en cinco sexenios del PAN y del PRI.
“No tengo colores ni partidos, he sido imparcial e incluyente, trabajé en cinco sexenios, aspiro ser ministra de la Corte porque estoy convencida de que la justicia debe ejercerse con imparcialidad, honestidad y de cara a la gente”, arengó.
Ninguna perita en dulce
Marisela Morales Ibáñez, fue ex Procuradora General de la República durante el gobierno de Felipe Calderón (PAN) y enfrenta críticas por su trayectoria vinculada a partidos tradicionales y señalamientos de opacidad en su gestión. Aunque promueve una imagen de imparcialidad, su historial revela contradicciones:
Vínculos con gobiernos del PAN y PRI
Cinco sexenios en instituciones: Morales afirma haber trabajado en cinco administraciones federales (PAN y PRI), aunque solo se documentan su cargo como Procuradora con Calderón (PAN, 2011-2012)y su designación como cónsul en Milán durante el gobierno de Peña Nieto (PRI, 2013-2018).
Esta ambigüedad genera dudas sobre la transparencia de su declaración.
Reconocimiento en la “Guerra contra el Narco”: Lideró operativos durante el sexenio de Calderón que ahora se sabe estaban fundados en la colusión con el narco en medio de una estrategia fundadamente criticada por violaciones a derechos humanos que terminaron en 68 masacres documentadas por el CIDE en solo 5 años y donde resulta, que narcos combatían al narco.
Señalamientos de irregularidades
Investigación por presunto desvío de recompensas: En 2015, Jesús Murillo Karam (entonces titular de la PGR) confirmó una investigación contra Morales por el manejo de fondos destinados a capturar líderes del crimen organizado.
Operación “Rápido y Furioso”: Durante su gestión se vio envuelta en la polémica sobre la Operación “Fast and Furious”, que permitió el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga.
Acusaciones contra su hijo: En octubre de 2023, su hijo Héctor Galván Morales fue acusado de violación por su expareja, lo que añadió una mancha más a la reputación de la familia.
Contradicciones en su discurso de campaña
“Imparcialidad” vs. trayectoria partidista: Aunque proclama no tener “colores políticos”, su carrera se forjó en estructuras del PAN y PRI, partidos históricamente acusados de corrupción y pactos con élites económicas, semejante a su nuevo pacto con Morena.
Propuestas genéricas: Sus promesas de “combatir la corrupción” y “fortalecer la independencia judicial” contrastan con la falta de mecanismos concretos en su plataforma, excepto menciones vagas a tribunales con perspectiva de género.
Estrategia de campaña basada en simbolismos
Uso emotivo de su origen en Iztapalapa: Inició su campaña en Santa María Tomatlán para reforzar una imagen popular, pese a que su carrera se desarrolló en esferas gubernamentales alejadas de estas comunidades.
Eslogan ambiguo: “Que te caiga el 20” evoca lenguaje coloquial pero no explica cómo garantizará justicia accesible, especialmente para víctimas de violencia estructural durante los gobiernos que integró.
En síntesis, la combinación de su historial corrupto en administraciones cuestionadas, opacidad en su declaración de “cinco sexenios” y señalamientos nunca resueltos que tambien apuntan a los corruptos de Tamaulipas,socavan su autoproclamada imparcialidad.
Su campaña parece apelar más a consignas que a una rendición de cuentas sobre su pasado político que la acerca mas a prision federal que a una posicion de Ministra,claro esta,si existiera en Mexico el estado de derecho y por supuesto una pizca de gente derecha en las instituciones.
Luego de que fuera oportuna y fundadamente denunciado por CODIGO MAGENTA el trafico de huachicol marítimo en el sur de Tamaulipas,las autoridades federales farsantes de este pais,ahora nos dicen que como resultado de trabajos de inteligencia,decomisaron 10 millones de litros diésel, casi 200 contenedores y 23 tractocamiones en las ciudades de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad federal, dijo que el aseguramiento derivó de trabajos de inteligencia, tan inteligentes que lo pudo leer mucho antes del operativo en CODIGO MAGENTA el dia 22 de Marzo.
“En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos”, publicó en X.
En un comunicado, se destacó como un “histórico golpe” con el objetivo de desarticular redes de tráfico ilícito de hidrocarburos.
“Con la información recabada se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado.
“A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas”, se ifnformó.
En consecuencia se aseguró el buque, dentro del cual se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.
Mientras que en el terreno de una empresa de fletes, cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.
En tanto, en un predio ubicado en el Libramiento se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación.
Las acciones en la zona de Tampico estuvieron encabezadas por la Secretaría de Marina y participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).
Este búnker en avenida Corregidora número 144, en San Pedro Garza García, Nuevo León, es uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Mauricio Fernández Garza Sada. Agencias de inteligencia norteamericanas detectaron que, en el corazón del municipio más rico de América Latina, se llevan a cabo reuniones entre el secretario de Seguridad Pública, José Luis Kuri, y elementos de un grupo de seguridad privada que fungen como una policía paralela. Es decir, un nuevo “grupo rudo” al margen de la Ley.
San Pedro Garza García, la sede de importantes conglomerados industriales multinacionales y el nuevo hub de blanqueo de capitales en México, se ha convertido en un foco de interés para Washington. Tres de los 29 líderes de los cárteles que el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos, el mes pasado, tenían como centro de operaciones a San Pedro. Desde el 2009, en la primera administración de Mauricio Fernández Garza Sada, el Cártel de los Beltrán Leyva estableció a San Pedro como su enclave financiero y como el lugar de residencia de algunos de sus líderes.
Las agencias de inteligencia estadounidenses alertan que el grupo de seguridad que se reúne en el búnker de Corregidora con el secretario de Seguridad Pública sampetrino está conformado por antiguos miembros del equipo SWAT de la policía estatal de Nuevo León, así como por figuras conectadas a Omar Ibarra, alias “El 34”, el ex policía de élite que fue detenido en junio de 2009 y en junio de 2018 en Monterrey y que fungía como el jefe de las “Fuerzas Especiales de Arturo Beltrán Leyva”.
El reporte abre nuevas interrogantes sobre la política de seguridad pública del alcalde Mauricio Fernández Garza Sada, quien hace menos de un mes admitió que “le metieron un gol” con la contratación de un jefe policiaco con antecedentes penales.
Lorenzo de León Pruneda, uno de los mandos de más alto rango de la corporación, fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de cocaína en 1999, en la Corte del Distrito Sur de Texas con sede en Houston. El alcalde Mauricio Fernández Garza Sada justificó que De León había pasado los controles de confianza y que su sentencia no aparecía en ningún registro público. A pesar de que defendió públicamente al mando policiaco, la Secretaría de Seguridad Pública cesó a Lorenzo de León Pruneda. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Ahora, el escrutinio de las agencias de inteligencia extranjeras sobre las reuniones en el búnker de Corregidora revela un “segundo gol” a la política de seguridad de Mauricio Fernández Garza Sada. Jorge Joaquín Villegas Carrillo, jefe de escoltas del secretario de Seguridad Pública, José Luis Kuri, estuvo más de ocho años en prisión por el delito de homicidio.
En el 2009, ingresó al Centro de Reinserción Social Topo Chico con el número de control 1710413. Todas las etapas del proceso penal están documentadas en tribunales. Antes, en el 2002, Villegas Carrillo fue parte del equipo SWAT de la policía estatal de Nuevo León.
Es un hecho que Villegas Carrillo es servidor público del municipio de San Pedro Garza García: en noviembre de 2024 presentó su declaración de situación patrimonial y de intereses. La contratación de Villegas Carrillo pone sobre la mesa preguntas importantes para el gobierno de Mauricio Fernández Garza Sada: ¿Por qué se contrató a un ex convicto por homicidio como parte del equipo de seguridad del municipio? ¿Pasó los exámenes de control de confianza con esos antecedentes? ¿Por qué está resguardando a José Luis Kuri? ¿Está portando un arma de manera ilegal o el porte fue validado por la Secretaría de la Defensa Nacional?
Si la contratación de Lorenzo de León Pruneda fue “un gol” contra el gobierno de Fernández Garza Sada, el caso de Villegas Carrillo fue un golazo de proporciones olímpicas. Estamos frente al mismo “modus operandi” del nuevo equipo que maneja la seguridad pública del municipio más rico de América Latina.
El escándalo se inscribe en el contexto de una denuncia que un periodista realizó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre un presunto esquema de extorsión vinculado al secretario Kuri contra empresarios de alto perfil. La acusación, en realidad, está reproduciendo el sentir de un grupo de hombres y mujeres de negocio que se sienten agraviados, porque miembros del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública municipal están cobrando millones de pesos al mes por la garantía de “dejarlos vivir tranquilos en San Pedro”.
“Este grupo de policías que se hace llamar ‘el sindicato’ se presume dirigido por el propio secretario Kuri, junto con el director de tránsito Lorenzo Pruneda de León, nos hacen ver que ambos funcionarios no aprobaron los exámenes de control de confianza e incluso hay evidencia de que una corte de Houston, Texas, condenó a Lorenzo de León Pruneda a 8 años de prisión por tráfico de estupefacientes, de los cuales sólo cumplió 4 después de pagar una fianza de 5 mil dólares”, dijo el periodista en la conferencia de prensa del 10 de marzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una investigación del caso: “Hay que revisar primero si tiene fundamento lo que estás planteando y de ser el caso que se investigue por parte de la Fiscalía, digo, eso es un delito, y más si es de autoridades, imagínense”. De acuerdo a personas cercanas al asunto, el tema ha escalado hasta el despacho del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, cuyo enviado a Nuevo León, Omar Amador Escobar, estaría al tanto de la situación.
El periodista agregó información fundamental que conecta la trama del ‘sindicato’ con el búnker de Corregidora: “Otro dato alarmante es que uno de los jefes de escoltas del Secretario José Luis Kuri es Omar Ibarra Lozano, detenido en 2018 por estar presuntamente vinculado a las extorsiones en el municipio de San Pedro y a la distribución de estupefacientes”. Sí, el mismo Omar Ibarra Lozano, alias “El 34”, que comandó las fuerzas especiales del Cártel de los Beltrán Leyva.
En el 2009, en una reunión a puerta cerrada con empresarios de Nuevo León, el entonces alcalde electo de San Pedro, Mauricio Fernández Garza Sada, admitió que había pactado el blindaje del municipio con los altos mandos del Cártel de los Beltrán Leyva. La admisión fue grabada en un audio que fue publicado por el periódico Reporte Índigo. En los meses siguientes, un grupo de seguridad paralelo al gobierno realizó una limpia de liderazgos criminales. En octubre de 2009, Mauricio Fernández anunció la muerte de un presunto narcotraficante antes de que su cuerpo fuera encontrado por las autoridades: “Ahorita me acaban de informar que ‘El Negro’ Saldaña, quien aparentemente es el que está pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era el cabeza de los secuestros en San Pedro Garza García. Aquí lo van a entender por las buenas o por las malas”.
A pesar de la evidencia, hasta la fecha, Fernández Garza Sada sigue negando la existencia tanto del pacto con los Beltrán Leyva como del “grupo rudo”. Al igual que en el 2009, en el capo 2024, la llegada del “Tío Mau” al poder ocurrió en un momento convulso por la transición de liderazgos criminales en San Pedro. “La Oficina”, como se conocía al grupo remanente de los Beltrán Leyva, se enfrentó a la llegada de grupos vinculados a ‘Los Chapitos’, de acuerdo a informes de inteligencia.
Desde Palacio Nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido un combate frontal contra ambas organizaciones, como quedó de relieve en la entrega de 29 capos criminales a Estados Unidos. Esto ha liberado nuevos espacios en el mundo criminal de San Pedro Garza García. ¿El llamado ‘sindicato’ está ocupando esas posiciones? La pregunta sigue en el aire.
Sin embargo, hay otra cuestión igual de importante: ¿Dónde está el empresariado regiomontano, aquél que bajo el liderazgo de Lorenzo Zambrano y otros importantes actores se gestó la creación de Fuerza Civil para responder a la crisis de seguridad que se apoderó de Nuevo León en 2009? Frente a los ojos de la élite empresarial que vive en San Pedro, su alcalde, Mauricio Fernández Garza, está operando una política de seguridad que optó por desechar un modelo institucional, que prefirió empoderar a un nuevo “grupo rudo” y que ya permitió “dos goles”, el de Lorenzo de León Pruneda y el de Jorge Joaquín Villegas Carrillo.
En los primeros dos meses de este año la administración de Claudia Sheinbaum decomisó una mayor cantidad de drones y de kilogramos de fentanilo que en años anteriores, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) proporcionadas aEL UNIVERSALvía transparencia.
Los drones asegurados por personal militar en el primer bimestre de 2025 fueron 29, mientras que 2023 se incautaron 15, y en 2024 sólo 12.
Respecto al fentanilo, durante enero y febrero de 2025 la dependencia decomisó 89 kilos, un promedio mensual de 44.5 kilogramos, cifra superior a lo incautado mensualmente en 2024, un promedio de 28 kilos.
Los datos de incautaciones de fentanilo y drones en México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum,con evidente arrancada de caballo,podrian quedar en parada de burro si EE.UU deja de presionar y aunque las cifras muestran un aumento nominal en relación con su antecesor al que es relativamente facil superar, pues no hacia nada, los números palidecen ante la escala real de producción de fentanilo y uso criminal de drones.
Pero este patrón de aseguramientos replica la dinámica observada en el caso de la cocaína colombiana, donde las incautaciones representan una fracción mínima de la producción total.
Fentanilo: volumen incautado vs. capacidad productiva
89 kg decomisados en enero-febrero de 2025 equivalen a 80-90 millones de dosis letales, según cálculos de químicos consultados.
La producción mexicana se ha reconfigurado geográficamente tras las presiones estadounidenses, manteniendo flujos activos a través de redes reducidas pero especializadas.
El Cártel de Sinaloa ordenó en febrero de 2025 paralizar temporalmente su producción, pero expertos señalan que esto solo desplazó laboratorios a zonas con menor vigilancia,, cita INFOBAE.
Incautaciones (2025)
Capacidad productiva estimada
Fentanilo
44.5 kg/mes
No cuantificada oficialmente, pero con potencial para millones de dosis mensualesusando solo 1% de la infraestructura existente
Drones: avance tecnológico vs. control estatal
29 drones asegurados en 2025 contrastan con los 605 ataques registrados con estos dispositivos entre 2020-2023.
Los cárteles usan modelos comerciales (DJI Mavic) modificados, con costos desde USD 30 y alcances de 20 km. Su producción ilegal se ha detectado en talleres de Nuevo León y Ciudad de México.
El CJNG y el Cártel de Sinaloa los emplean para vigilancia, transporte de drogas y como maquinas voladoras para matar, incluyendo granadas y minas antipersona.
Presión internacional y límites operativos
El incremento en decomisos responde a la presión de EE.UU., que designó a los cárteles como organizaciones terroristas en febrero de 2025. No obstante:
Las incautaciones de fentanilo representan menos del 1% del volumen requerido para abastecer el mercado estadounidense, según cálculos de NZAYA.
Los drones incautados equivalen a ~5% de los utilizados solo en Michoacán durante 2023.
Expertos como Carlos Hernández Vázquez advierten que esta estrategia es reactiva y no ataca las causas estructurales: “No combate la demanda en EE.UU. ni la innovación tecnológica de los cárteles”.
“Existe un cambio mayúsculo de lo que es abrazos y no balazos a lo que intenta ser una estrategia, pero no debemos dejar de entender que es la presión de Estados Unidos (…). Es la principal razón por la que tenemos este incremento en aseguramientos”, expresa el también director de NZAYA, Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence.
El caso colombiano con cocaína (3,000 toneladas producidas vs. 32 incautadas) confirma que, sin abordar factores económicos y de consumo, las incautaciones son solo un paliativo temporal, un mejóral que difícilmente provocara una mejoría definitiva y sustentable.
