Calakmul, Campeche, y Tulum, Quintana Roo, ya están sintiendo en carne propia los estragos de lo que guías turísticos y hoteleros llaman, sin rodeos, el nuevo monopolio del siglo: el del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM). No es cualquier empresa: es una empresa militar diseñada desde el poder y engordada con patrimonio público, control directo y presupuesto a raudales. Bajo ese paraguas, el Ejército recibió el control de 12 aeropuertos, una línea aérea, un tren de más de mil 500 kilómetros, siete hoteles, cuatro parques, dos museos —incluido el del Mamut— y 18 estaciones de combustible. Todo un emporio. Todo, claro, con uniforme.
Subsidios con esteroides
El negocio, paradójicamente, no despega en utilidades, pero eso importa poco cuando se gobierna con chequera ajena. En 2025 pidió 45 mil 166 millones de pesos en subsidios, y para 2026 la solicitud subió a 58 mil 212 millones. Con ese colchón, puede vender paquetes “todo pagado” con hasta 50 por ciento de descuento, una generosidad financiada por todos los mexicanos, incluidos los empresarios que están siendo aplastados por la competencia desleal. Y como todo debe tener escaparate, esos paquetes además reciben promoción especial en las conferencias presidenciales.
El turismo en versión cuartel
Los primeros paquetes aparecieron en diciembre de 2024, cuando el Tren Maya apenas lograba mover al 19 por ciento de su meta. Los más recientes, para Semana Santa, fueron anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de marzo, con el general Águila como maestro de ceremonias para presentar los paquetes del Tren Maya y del Mundo Maya. Así, el turismo dejó de ser una actividad económica para convertirse en un acto de propaganda con subsidio federal.
El pacto de las utilidades
La captura del negocio turístico no cayó del cielo: fue decidida desde arriba. El 10 de febrero de 2022, en la Base Militar de Santa Lucía, López Obrador dijo que esa empresa, dependiente de las Fuerzas Armadas, destinaría el 75 por ciento de sus utilidades a pensiones de marinos, soldados e integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir: si llegan a haber ganancias, no serán para la comunidad, ni para el tejido productivo local, sino para el propio aparato militar.
Calakmul, la zona que paga el desastre
En Calakmul el golpe ya se nota en los números. Mientras la zona arqueológica tuvo un aumento de visitantes del 44 por ciento en 2025, al pasar de 28 mil a 49 mil, en sitios turísticos como Becán, Chicanná o Xpujil la caída fue de 28.3 por ciento, según hoteleros, promotores turísticos y la diputada local Tania González Pérez. Entre enero y febrero, la ocupación hotelera pasó de 47.8 por ciento en 2023, a 59.9 por ciento en 2024, a 87 por ciento en 2025; pero este año, en esos mismos meses, se desplomó a menos del 8 por ciento.
El hotel que no debía existir
Los hoteleros sostienen que el monopolio arrancó cuando autorizaron a la Sedena a construir un hotel dentro de la Reserva de la Biósfera, algo que a nadie más se le había permitido. Y por si faltaba cinismo, Roque Camacho afirma que al pedir permisos la Sedena aseguró que levantaría un centro de monitoreo de fauna, no un hotel de 144 habitaciones. El resultado: una obra de más de mil millones de pesos y la deforestación de 30 mil metros cuadrados de área natural protegida.
Booking, el cómplice involuntario
La distorsión ya llegó al mercado digital. En portales como Booking.com, el único hotel que aparece como opción en Calakmul es el que construyeron los militares en 2024, a 10 kilómetros de la zona arqueológica, en plena reserva declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde antes estaba prohibido construir hoteles. Así se ve el libre mercado cuando lo administra una empresa pública militar con subsidio infinito.
La competencia desleal como política de Estado
Baltazar González Zapata, hotelero y ex subdirector de la Reserva de la Biósfera, lo resume sin anestesia: el hotel de Calakmul cobra alrededor de 2 mil 400 pesos por habitación, un precio demasiado bajo para un cinco estrellas, pero lo peor es que está subsidiado por el gobierno federal. Las nóminas las paga el propio gobierno, así que —dice— ellos nunca quebrarán, porque los que se están quebrando son los empresarios y trabajadores locales.
Tulum, versión parque temático militar
En Tulum, la historia es igual de torcida. Sedena controla desde el año pasado el Parque Nacional de Tulum y la zona arqueológica, contrató a sus propios guías y desplazó a quienes llevaban años trabajando ahí, incluso a quienes estaban certificados desde 1996. Raúl Morelos Castro denuncia que GAFSACOMM es la primera empresa que agrupa aeropuertos, Tren Maya, hoteles y los Catvi —los Centros de Atención a Visitantes—, que se volvieron la puerta obligada de acceso a los sitios arqueológicos.eluniversal+1
Cobro por respirar
Morelos Castro dice que el turismo se desplomó porque los militares no están capacitados para dar servicio: baños que no funcionan, torres cerradas, transporte eléctrico deficiente y, aun así, cobran como si ofrecieran lujo europeo. En su versión más cruda: te obligan a pagar el boleto del Parque del Jaguar por 180 pesos, más el de Conanp por 125 pesos, para poder llegar al sitio arqueológico. “Cobran como capitalistas y te atienden como comunistas”, remata.
La alerta ya estaba escrita
La organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) ya había advertido en 2025 que la integración militar del sector turístico en la Península de Yucatán implicaba desplazamiento de la participación local y comunitaria, vigilancia, intimidación y precarización laboral. También había señalado que la declaratoria de las obras como de “seguridad nacional” y los permisos exprés en cinco días hábiles beneficiaron a los militares mientras les cedían puntos turísticos clave como Tulum, Palenque, Edzná, Calakmul, Chichén Itzá y Nuevo Uxmal.
El negocio del orgullo maya
La coartada original era bonita en el discurso y devastadora en la práctica: honestidad, eficiencia y recuperación del “orgullo maya”. Pero el Tren Maya fue cotizado en 150 mil millones de pesos y terminó costando más de 500 mil millones. A estas alturas, como advierte Suhayla Bazbaz, directora de CCIS, ya no estamos ante empresas que busquen ganancias particulares; estamos ante una estructura que captura recursos, territorio y servicios públicos sin rendir cuentas como cualquier actor económico.
El resultado final
Mientras el gobierno vende viajes “todo pagado” para inflar la ocupación del Tren Maya, el efecto real es el de una economía local arrasada: hoteles vacíos, restaurantes asfixiados, guías desplazados y transporte local excluido. En Calakmul y Tulum, la promesa de desarrollo terminó convertida en una vocación militar para tirar dinero a lo bestia, subsidiar su propio emporio y dejar que el costo lo absorban los contribuyentes y los negocios que sí competían sin fusil ni presupuesto ilimitado.
Con informacion: ELNORTE/
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