La justicia ha llegado para Wilberto, Gustavo Ángel, Jonathan, Alejandro y Gustavo,los cinco jóvenes que fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Defensa la madrugada del 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo.
La tragedia ,tan solo una mas de muchas,expone una dolorosa paradoja institucional: las fuerzas creadas para proteger a la ciudadanía convertidas en verdugos.
Este caso, donde cuatro militares ya fueron condenados por el asesinato de cinco jóvenes en 2023, deja al descubierto varias capas de reflexión sobre seguridad y justicia en México:
Fracturas en el modelo de seguridad
El operativo del 16º Regimiento de Caballería Motorizada revela fallas sistémicas en los protocolos castrenses:
- Los agresores actuaron sin órdenes superiores según el capitán Elio Conde.
- Usaron vehículos oficiales para perseguir y embestir la camioneta civil
- Intentaron manipular la narrativa grabando una falsa confesión a sobrevivientes
La justicia tardía (dos años para obtener sentencia) contrasta con la velocidad letal del ataque, donde los soldados dispararon 113 veces según peritajes. Esto refleja cómo la impunidad opera como cómplice estructural de la violencia institucional.
Costo humano de la militarización
Los testimonios de los sobrevivientes dibujan un panorama de terror cotidiano:
- Alejandro Pérez presenció el ejecución sumaria de su hermano pese a pedir auxilio
- Gustavo Ángel Suárez fue asesinado días después de anunciar su paternidad
- Las familias enfrentaron obstáculos burocráticos para reclamar los cuerpos
Este episodio evidencia cómo la estrategia de “guerra contra el narco” ha normalizado la brutalidad castrense en zonas fronterizas, donde operan 28,000 efectivos militarizados según datos oficiales.
Sin embargo, persisten deudas pendientes:
- Omisión de mandos superiores en la cadena de responsabilidades
- Ausencia de reparación integral a las familias
- Falta de mecanismos civiles efectivos para investigar abusos militares
Este caso, donde la justicia llegó tras una lucha persistente de víctimas y periodistas, plantea una pregunta crucial: ¿Será el principio del fin de la impunidad castrense o solo un oasis en el desierto de violencia institucional que ha dejado 4,463 víctimas de homicidio doloso en Tamaulipas desde 2006?
La respuesta dependerá de transformar este fallo judicial en reformas estructurales que sometan a todas las fuerzas armadas al escrutinio civil democrático.
Asi lo dice el Diario Español EL PAIS
“….La justicia ha llegado para Wilberto, Gustavo Ángel, Jonathan, Alejandro y Gustavo,los cinco jóvenes que fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Defensa la madrugada del 26 de febrero de 2023, cuando festejaban que uno de ellos iba a ser padre.
Iban en una camioneta con otros dos jóvenes —que sí sobrevivieron— por Nuevo Laredo (Tamaulipas) cuando fueron emboscados por patrullas militares. Este lunes, un juez federal ha condenado a cuatro uniformados del 16º Regimiento de Caballería Motorizada por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Han pasado dos años desde que Gustavo Ángel Suárez comunicó feliz a su familia y amigos que su esposa se había quedado embarazada. Tenía 21 años, vivía a caballo entre San Antonio (Texas, Estados Unidos) y Nuevo Laredo y hacía apenas un mes que había pagado el enganche de una camioneta. Su padre, Humberto Suárez, contó a EL PAÍS cómo recibió la noticia: “El sábado él me llamó y me dijo que si le regalaba un pescado. Yo le dije que sí y él me dijo ‘¿sabes qué? Vas a ser abuelo’. Andaba bien chiflado”, se reía el hombre de la alegría de la noticia.
Esa noche, Gustavo Ángel y seis amigos (Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Alejandro Trujillo,Gerardo y los hermanos Gustavo y Alejandro Pérez) salieron a un antro a celebrarlo. Regresaban en la camioneta nueva cuando se les atravesaron los militares. Fueron perseguidos por al menos tres vehículos del Ejército mexicano. Una de las camionetas castrenses chocó contra la de los jóvenes por detrás y, acto seguido, los soldados empezaron a disparar. Los acribillaron sin mediar palabra.
“Cuando ya salí de la camioneta, escuché que los militares decían, ‘¡mátenlo, mátenlo!’ Me pusieron pecho a tierra. Luego aún escuché dos disparos más, y ya al rato vi a mi hermano tirado en el piso”, narró Alejandro Pérez, que sobrevivió al ataque. Tras los primeros disparos, los militares se acercaron a los jóvenes. “Alcancé a ver cómo un elemento le disparó a un compañero que ya estaba herido. Él pedía una ambulancia, pero un elemento militar le disparó de nuevo”, declaró Pérez, que vio morir a su hermano, “luego me preguntaron si quería vivir o morir y yo les respondí que quería vivir. Y ellos me dijeron que me declarara culpable, mientras ellos me grababan en vídeo. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no es verdad”.
Esa grabación no ha marcado diferencia en el juicio, donde se ha sentenciado a Agustín ‘N’, Bernardo ‘N’, Jorge ‘N’ y Juan Carlos ‘N’, todos ellos con grado de cabo de caballería y quienes comparecieron en la audiencia por videoconferencia desde una prisión militar.
Ha sido clave para la resolución del juez el testimonio del capitán, Elio Conde, quien afirmó que “los cuatro cabos dispararon sin existir una orden superior de por medio”. El juez federal Juan Gonzaga Sandoval, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, ha considerado que no existió ninguna razón válida para la agresión. La próxima semana se conocerán las penas para los sentenciados.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN
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