La elección judicial de 2025 en México enfrenta críticas por concentración de candidaturas, opacidad en los filtros y decisiones institucionales que favorecen a perfiles vinculados al poder. Estos son los mecanismos clave del proceso.
La elección judicial de 2025 podía haber tenido 5 mil 379 candidatos. Pero a fin de cuentas, y salvo depuraciones de última hora, solo participarán alrededor de 3 mil 681 personas, de las cuales 540 acaparan casi 28 por ciento de las candidaturas, en parte por buena suerte, en parte por las decisiones discrecionales de los poderes Ejecutivoy Legislativo, y en parte por una sentencia en la que el Tribunal Electoral se puso por encima de la Suprema Corte de Justicia.
La reforma impulsada por Morena permitió a todos los interesados apuntarse en los comités de Evaluación de los tres Poderes que eligieron a los candidatos, y no solo eso: juzgadores federales en funciones, que ya tenían pase automático a la boleta, también pudieron inscribirse.
El resultado, según una revisión a la lista “actualizada” que el Senado envió el 15 de febrero al Instituto Nacional Electoral (INE), es que 446 personas fueron postuladas por partida doble, 90 personas por partida triple, y cuatro de ellas, tres jueces y una Magistrada en funciones, por cuadruplicado.
Si bien la lista enviada al INE tiene 4 mil 221 nombres, mil 178 corresponden a los 540 con más de una postulación.
De estas 540 candidaturas múltiples, 263 tienen el patrocinio de los poderes Ejecutivo y Legislativo controlados por Morena.
Estas incluyen a 169 candidatos postulados exclusivamente por esos dos Poderes, mientras que el resto también fueron nominados por el Poder Judicial Federal (PJF) o son juzgadores en funciones.
Al aprobar el diseño de las boletas, el INE determinó que el nombre de las personas con varias postulaciones se enlistará una sola vez, aparentemente, para quitarle ventaja a estos aspirantes sobre sus competidores.
“Se indicará, con la nomenclatura establecida, los Poderes que postulan” al candidato múltiple, dice el Acuerdo General del INE.
Pero las boletas tienen renglones para cada cargo y especialidad, con el nombre del candidato y el poder que lo postuló.
Aún no está claro cómo aplicará gráficamente la restricción acordada por el INE, que implicaría dejar renglones de la boleta en blanco, y de algún modo, informar al elector que tal o cual candidato sumó varias postulaciones.
Eliminados a discreción
Los comités del Ejecutivo y Legislativo declararon elegibles a más de 22 mil personas que se inscribieron ante ellos, pero aún frente a ese universo tan amplio de aspirantes, el proceso operó de tal manera que tendrán candidatos comunes para casi 30 por ciento de los 881 puestos.
La parte clave del proceso fue la calificación de idoneidad, durante la cual ambos comités eliminaron discrecionalmente al 85 por ciento de los aspirantes elegibles, sin dar mayores explicaciones, de tal forma que solo algunos llegaron a la insaculación o tómbola para depurar la lista final, que en varios casos ni siquiera fue necesaria.
Otro factor relevante fue la decisión del Comité de Evaluación del PJF de cesar sus actividades el 7 de enero, por orden de un juez de amparo.
Con ello, mil 43 aspirantes que este comité había declarado elegibles pasaron a la insaculación, sin tener que afrontar las rigurosas pruebas de idoneidad previstas en el PJF, y 955 quedaron como candidatos luego de una tómbola realizada por el Senado, bajo órdenes de los tres Magistrados que controlan la Sala Superior del TEPJF.
En su afán por eliminar cualquier obstáculo real o aparente para la elección, la mayoría del TEPJF ignoró el mandato del artículo 96 de la Constitución, que indica que solo el Pleno de la Corte, por mayoría de ocho votos, podía aprobar las candidaturas del PJF.
Cuando la Corte rechazó estas candidaturas, fue irrelevante. El Senado, con la bendición del TEPJF, de todos modos las envió al INE, y con ello, ayudó a crecer significativamente el número de personas postuladas más de una vez.
Los candidatos son desconocidos para la gran mayoría del público, y tendrán mínimas oportunidades para darse a conocer, ante las múltiples restricciones para las campañas electorales.
Al impedir que los candidatos múltiples aparezcan más de una vez en la boleta, el INEparece querer atenuar la ventaja que tendrían aspirantes como de Andrés Madrigal Zurita, postulado por los tres Poderes para Magistrado en materia administrativa en Tabasco.
Zurita podría competir en un distrito en el que solo se votará una plaza de Magistrado en materia administrativa.
Aparentemente, el plan del INE es que Zurita solo aparezca una vez, pero aclarando que es candidato triple, dejar vacíos dos renglones de la boleta, donde también debería ir su nombre, y poner en los otros tres renglones para ese cargo los nombres de sus competidores.
Multicandidatos en la cúpula
Gracias a la inclusión de la lista del Comité del PJF, 11 mujeres y cinco hombres están postulados más de una vez a los 16 cargos superiores que se votarán en junio. Sin esa lista, solo ocho personas tendrían dos candidaturas.
Dos candidatas tienen triple postulación. Jazmín Bonilla García, aspirante a Ministra de la Corte, ganó en noviembre de 2023 el concurso para Magistrada de Circuito, pero sigue laborando en el máximo tribunal con el Ministro Javier Láynez, y es la encargada de dar cuenta de los asuntos en las sesiones de la Segunda Sala.
Si gana, Bonilla será la primera Ministra de carrera judicial federal que llega al cargo sin haber fungido como jueza o Magistrada.
En la Sala Superior del TEPJF, tiene triple postulación Claudia Valle Aguilasocho, una Magistrada de carrera que fue nominada por la Corte en noviembre de 2023 para ocupar una plaza que el Senado nunca quiso llenar.
El año pasado, Valle sirvió provisionalmente en la Sala Superior, como la sexta Magistrada necesaria para calificar la elección presidencial.
Para la Corte, hay 11 candidatos dobles, varios de ellos con vínculos públicos con el Gobierno de la 4T o con el ex Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
María Estela Ríos, consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador en la segunda mitad de su Presidencia, y también cuando fue Jefe de Gobierno capitalino, es la más conocida de estas candidatas.
López Obrador trató de colocar a Ríos en la Corte, al incluirla en noviembre de 2023 en la terna inicial para reemplazar a Zaldívar, que fue rechazada por el Senado.
Ríos cumplirá 78 años en abril, por lo que sería la persona de mayor edad en llegar a la Corte desde Juventino Castro y Vicente Aguinaco, qué tenían 76 y 75 años cuando fueron nombrados Ministros en 1995.
Natalia Téllez Torres Orozco, en tanto, era secretaria en un tribunal colegiado cuando López Obrador dio un impulso notable a su carrera, al designarla Magistrada de la Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en 2021.
En 2022, Morena intentó reformar la Ley Orgánica del TFJA para que Téllez pudiera aspirar a la Presidencia de ese tribunal, lo que finalmente no sucedió.
Lorena Pérez Romo, por su parte, ganó el concurso para Magistrada de Circuito en 2020, durante la Presidencia de Zaldívar, a quien repetidamente elogió en sus redes sociales por su “liderazgo”, “inspiración” y por “transformar” al PJF.
Ana María Ibarra Olguín fue secretaria de estudio y cuenta de Zaldívar, quien la designó directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte durante su Presidencia.
Sara Herrerías Guerra es la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y tiene una larga trayectoria en esos temas, pues fue titular de Províctima, la dependencia que antecedió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Margarita Rojas Olvera fue presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, y entre 2020 y 2022, directora de Registro de Contratos Colectivos en la Secretaría del Trabajo.
La ex diputada federal del PAN y ex ejecutiva de Televisa, Dora Martínez Valero, también es doble candidata a la Corte, luego de un intento infructuoso para llegar a Magistrada del TEPJF.
El grupo de hombres aspirantes a la Corte que dos postulaciones incluye a Federico Anaya Gallardo, quien en su perfil de Linkedin aparece como asesor del Senador de Morena Martí Batres, aunque éste dejó el Senado en julio de 2022.
Anaya trabajó para López Obrador en el Gobierno local, fue Abogado General de la Universidad Autónoma de la CDMX, creada por AMLO, y Consultor Jurídico del Senado.
Además, aspiran a la Corte por partida doble Ulises Carlín de la Fuente, consejero jurídico del Gobernador de Nuevo León, Samuel García; Ángel Mario García Guerra, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia nuevoleonés, y César Olmedo Piña, catedrático de varias universidades.
Estos candidatos tendrán que competir con las Ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes tienen amplia ventaja de reconocimiento público, llevan meses promocionándose en medios, y aprovechan algunas de sus intervenciones en el Pleno de la Corte para arengas que suenan más políticas que jurídicas.
Para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), es doble candidata la actual consejera de la Judicatura y militante morenista Celia Maya, así como el Magistrado Jaime Santana Turral, otro excolaborador cercano de Zaldívar, de quien fue Secretario Ejecutivo de Disciplina en el Consejo de la Judicatura.
Liliana Hernández Hernández es la otra aspirante doble al TDJ. Si bien es difícil encontrar referencias públicas sobre ella, aparentemente se trata de una funcionaria de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Corte.
Cabe mencionar que el Senado incluyó como candidatos al TDJ a los seis consejeros de la Judicatura en funciones, pese a que la Constitución requería que estos manifestaran su voluntad de participar, lo que provocó un fuerte reclamo público de la consejera Lilia Mónica López, quien siempre ha rechazado la reforma judicial.
Con informacion: ELNORTE/
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