La Fiscalía General de la República acusó ante un juez federal al capo Osiel Cárdenas Guillén de haber ordenado el asesinato de seis personas, entre ellas a familiares de uno de los primeros testigos protegidos que rindió declaraciones en su contra.
Las acusaciones de la FGR nos llevan a su incapacidad de probar las imputaciones, pues Juan Pablo Penilla,hoy abogado de Miguel Angel Treviño,alias el Z-40 e intermediario de las ordenes del Capo del Cartel del Noreste,fue acusado igual y por su propio empleado.
Como ya se sabe, el ahora asesor del gobernador de Morena Americo Villarreal y que parece en imagenes con Claudia Sheinbaum,allano en 2015 las acusaciones que lo ligaban a la ejecución de TESTIGO PROTEGIDO de la FGR,que actuaba bajo el seudónimo de “KAREN”.
LAS ACUSACIONES a OSIEL CARDENAS
Al capo le atribuyen las ejecuciones de Guadalupe y Juan Rosendo Vázquez Guzmán, hermanos de Francisco Vázquez Guzmán, testigo protegido con nombre clave “Rufino”, registradas el 4 de julio de 2002 en Matamoros, Tamaulipas.
En esta causa penal, también le acusan de haber ordenado la masacre de Trinidad del Carmen Ramos Ovando y las hermanas Gabriela, Karina y Romana Antonio Ramos -estas últimas menores de edad-, el 21 de enero del 2002 en Coatzacoalcos, Veracruz.
De acuerdo con fuentes federales, por este asunto el capo compareció ayer en la audiencia de declaración preparatoria ante Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito en Materia Penal de Jalisco.
En la diligencia, que inició a las 12:30 y concluyó a las 14:37 horas, “El mata amigos” decidió reservarse su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que le definan la situación jurídica.
A más tardar el próximo lunes a las 20:20 horas el juez Reséndiz resolverá si le dicta o no la formal prisión por el delito de homicidio calificado.
Según la FGR, dos de las víctimas del traficante son hermanos de Francisco Vázquez Guzmán, quien fue detenido el 12 de enero en las Lomas de Chapultepec, de esta capital, y se convirtió en el testigo “Rufino”.
Vázquez era el ayudante incondicional de Cárdenas Guillén: le hacía la limpieza en sus casas de seguridad y hasta llevaba la despensa para el capo y su escolta.
Su testimonio desencadenó la captura de más de 10 cómplices en menos de 48 horas, incluido Rubén Sauceda Rivera, “El Cacahuate”, el operador financiero que controlaba la nómina del cártel, la compra de inmuebles y poseía al momento de su detención más de 4 millones de dólares.
Seis meses después de la captura de “Rufino”, sus hermanos fueron asesinados en Matamoros.
En el caso de la matanza de Coatzacoalcos, las víctimas fueron una mujer y sus tres hijas. Tania del Carmen Ramos tenía 38 años al momento de morir y sus hijas Gabriela 20; Karina, 16; y Romana, 13.
A su llegada a México, registrada el lunes, Osiel Cárdenas Guillén tenía pendientes cuatro órdenes de aprehensión por homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud, dos de las cuales ya le fueron cumplimentadas.
También está sujeto a siete procesos penales que quedaron suspendidos cuando en 2007 fue extraditado a Estados Unidos y que ahora serán reactivados.
Dos de estas causas judiciales son por delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero, respectivamente; y las otras por delitos contra la salud; lavado; acopio, portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército; posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
En ninguno de los juicios ha sido sentenciado, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el capo podría alcanzar hasta 730 años de prisión, en caso de ser hallado culpable por todos estos ilícitos que le atribuyen.
La realidad choca con el “choro federal”
La posibilidad de llevar a sentencia a Osiel Cardenas o cualesquier otro detenido bajo la Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría General de la República (PGR), es bastante baja debido a la ineficiencia probada de la institución. Esto se evidencia en varios aspectos:
Baja tasa de efectividad
La FGR ha mostrado una capacidad muy limitada para investigar y resolver casos de manera efectiva:
- Sólo el 4.9% de los delitos conocidos en el ámbito federal recibieron una respuesta efectiva, ya sea en términos de sentencia o de una salida alterna o anticipada.
- El 71.7% de las investigaciones federales están rezagadas[7].
- La efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias en 2023-2024 fue de apenas el 9%.
Problemas estructurales heredados
La transición de PGR a FGR no ha logrado resolver problemas fundamentales:
- Se heredó un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver
- El promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.
- Persisten problemas como la falta de autonomía de los fiscales, limitada coordinación con policías, fragmentación de casos y ausencia de una política criminal efectiva.
Corrupción e impunidad
La institución sigue enfrentando graves problemas de corrupción que afectan su capacidad para procesar casos:
- Existen altos niveles de corrupción durante el curso del procedimiento penal, desde sobornos para recibir denuncias hasta la resolución de casos de alto impacto.
- La falta de autonomía de los fiscales propicia que decisiones que deberían ser jurídicas se tornen políticas.
- El sistema de responsabilidades administrativas presenta problemas que podrían ocasionar que faltas queden en la impunidad.
Conclusión
La realidad nos dice que la posibilidad de llevar a sentencia a un detenido sigue siendo muy baja debido a los problemas estructurales, la ineficiencia y la corrupción que persisten en la FGR,lo demas es optimismo y “chorro de choro mareador,humanista y de cuarta transformación”.
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