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martes, 24 de diciembre de 2024

UN “MISIL GRINGO IMPACTANDO en BADIRAGUATO o…en MATAMOROS ?”: “ACADEMICO INTENTA DESMENUZAR el CUANDO,COMO y QUIENES TRAS AMAGOS de TRUMP al DENOMINAR TERRORISTAS los que NARCOATERRORIZAN MEXICO”…el diablo esta en los detalles.


Fueron un puñado de palabras en un océano de frases, pero bastaron, como suele suceder con su autor, Donald Trump, para hacer saltar las alarmas a ambos lados de la frontera con México. 

Además de un considerable revuelo, la declaración de que el presidente electo estadounidense piensa designar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas” una vez tome posesión el 20 de enero dejó también tras de sí más preguntas que respuestas.

¿Cuándo, cómo y a qué coste piensa hacerlo, si es que cumple su amenaza? ¿Qué implicaciones tendría esa designación? ¿Supondrá su inclusión en la lista del Departamento de Estado el paso previo para ataques controlados en territorio mexicano para descabezar a esos poderosos grupos dedicados al narcotráfico? ¿Y de qué manera podría el vecino del sur responder a una actuación que puede suponer cruzar una línea roja sin precedentes en las relaciones bilaterales?.

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El propio domingo y al día siguiente de las declaraciones de Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió con decisión a ese plan, planteado en una reunión de la entidad ultraconservadora Turning Point en Phoenix (Arizona) en la que el líder republicano definió a su homóloga como una “mujer maravillosa”. “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar”, advirtió Sheinbaum. “México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, declaró.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras es una nómina que maneja, quitando y poniendo nombres, el Departamento de Estado. 

En estos momentos, hay 68 grupos o personas físicas incluidas. Las más veteranas de la lista se incorporaron en 1997, como parte de un grupo que incluye a Hamás, el Ejército de Liberación Nacional colombiano y la peruana Sendero Luminoso. Los dos últimos nombres en entrar, en diciembre de 2021, fueron las FARC y una de sus escisiones, Segunda Marquetalia. Entre las organizaciones que alguna vez estuvieron en el punto de mira de Estados Unidos hasta que las dieron de baja se encuentra ETA o los Jemeres Rojos.

Las principales consecuencias de acabar en esa nómina son financieras. 

Da poderes a las autoridades de frenar los flujos de dinero que atraviesen los bancos estadounidenses, facilita el combate del blanqueo de capitales y, según se puede leer en la web del Departamento de Estado, “aumenta la conciencia pública y el conocimiento de las organizaciones terroristas”, al tiempo que envía una señal “a otros Gobiernos sobre la preocupación [que suscitan] esos grupos”.

“Designar a los cárteles como organizaciones terroristas sería un error estratégico de consecuencias impredecibles para ambos países”, consideró este lunes un alto funcionario de la Embajada mexicana. “No se combate el crimen organizado con etiquetas, sino con cooperación y fortalecimiento institucional”. Según esa fuente diplomática, la idea soltada por Trump “mezcla conceptos que responden a dinámicas diferentes”. “El crimen organizado busca lucro, no ideología, y tratarlo como terrorismo solo desvía recursos y atención de soluciones reales”, considera.

De fondo, está la idea, acariciada en los últimos años por algunos congresistas republicanos, miembros del ala más dura del trumpismo, de intervenir militarmente en territorio mexicano con incursiones selectivas encaminadas a dañar a los cárteles productores de fentanilo, una droga que mató en 2023 a unos 70.000 estadounidenses y que en buena medida entra por la frontera entre ambos países. 

Algo así, considera el exembajador mexicano en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, que lo fue al principio de la primera Administración de Trump, “haría retroceder tres décadas la relación entre ambos países”. “El hecho de que lo haya soltado en un mitin en Arizona da una idea de que reviste fines políticos. Estoy seguro de que hará algo en la materia en los primeros días después de asumir el cargo, pero no tengo tan claro que vaya a ser esto en concreto”, aclara Gutiérrez.

El académico Carlos Pérez-Ricart afirma que este nivel de tensión entre ambos países es inédito en los últimos 100 años. “Estamos en tierra incógnita, un momento en que el mayor socio comercial ha decidido tener algún tipo de intervención en México. La pregunta que se hacen [en el entorno de Trump] no es si van a invadir a México, sino de qué manera lo harán, con qué suavidad o dureza”, explica. 

“El anuncio [del presidente electo] va a legalizar esas intenciones, se le estará dando el cuadro legal para avalar una serie de medidas de seguridad en nuestro territorio no necesariamente consensuadas con México”, añade. Autor del estudio Cien años de espías y drogas: la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, el investigador afirma que esto abre “definitivamente” la posibilidad de una “invasión”. “Yo no me sorprendería de amanecer un día con un misil estadounidense impactando un laboratorio de metanfetaminas en Badiraguato (Sinaloa). Puede suceder”, señala, pero puntualiza: “No hay nada que haga suponer que una política más agresiva, directa e invasiva, vaya a traer una disminución en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos”.

Fricciones en la relación bilateral

La relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, muy engrasada en las casi dos décadas que ha durado la guerra contra el narco, se complicó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, líder carismático con un discurso teñido de nacionalismo mexicano. 

El exmandatario criticaba la unilateralidad con que Estados Unidos combatía en acciones puntuales al narco de altos vuelos. Uno de los sucesos que más tensaron la relación diplomática fue la captura en 2020 del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, al que el vecino del norte acusaba de colaborar con el Cártel del H-2, una escisión de la red criminal de los Beltrán Leyva. 

López Obrador protestó por el hecho de que las agencias estadounidenses no le hubieran comunicado a su Gobierno que estaba en curso una investigación sobre un prominente antiguo funcionario.

López Obrador criticó entonces la presencia de los agentes antidroga estadounidense y, en respuesta, envió al Congreso una reforma que aumentó los controles sobre sus labores de inteligencia. Washington criticó la medida por considerar que significaba dar un paso atrás en la cooperación y que solo beneficiaba a las organizaciones criminales.

La captura el pasado julio de Ismael El Mayo Zambada en una operación secreta en la que el histórico capo fue secuestrado y trasladado a Texas a bordo de un avión añadió más pólvora a las tensiones diplomáticas. López Obrador y Sheinbaum han sostenido que esa maniobra —también unilateral— es el origen de la guerra total desatada en Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos. La información en torno a la captura que ha salido a la luz apunta a una traición de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y a negociaciones con Washington, todo ello a espaldas del Gobierno mexicano.

No es la primera vez que la idea de designar a los cárteles como organizaciones terroristas recorre centros de decisión de Washington. Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado (y Barack Obama estaba en su primera presidencia), aquella declaró en 2010 en un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores de la capital: “La situación [en México] se parece cada vez más a la de Colombia hace 20 años, cuando los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país. Esos cárteles de la droga están mostrando cada vez más índices de insurgencia”. Clinton dijo que la Administración de Obama estaba considerando una especie de Plan Colombia para México y Centroamérica.

El Plan Colombia, que puso en marcha Bill Clinton reforzó las fuerzas de seguridad colombianas con personal militar, equipo y entrenamiento de Estados Unidos. Supuso una inversión de 7.300 millones de dólares, que, si bien puso contra las cuerdas a las guerrillas colombianas, también trajo consigo graves violaciones de los derechos humanos y quedó muy lejos de solucionar el problema del tráfico de drogas.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/IKER SEISDEDOS/ZEDRYK RAZIEL

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