La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que un juez federal otorgó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cual le impide cumplimentar la orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La sentencia también fue impugnada por el mandatario estatal, por lo que el asunto será turnado al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, mismo que deberá confirmar, modificar o revocar la sentencia.
Los recursos de revisión fueron presentados por ambas partes el 3 de diciembre ante Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien concedió el amparo.
El 12 de noviembre, el juzgador publicó su sentencia donde puntualizó que “no podrá ejecutarse la orden de aprehensión” hasta en tanto se resuelve el tema de la “inmunidad” de Cabeza de Vaca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La orden de captura contra el gobernador tamaulipeco fue girada por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
No obstante, el juez Gutiérrez Pérez señaló que se violaron los derechos del gobernador porque están en curso controversias constitucionales que la Corte resolverá sobre su inmunidad.
El otro escenario para que el gobernador pueda ser detenido por la FGR, detalló el juzgador, es que concluya su mandato, hasta octubre de 2022.
Faustino Gutiérrez mencionó que su sentencia “no implica que se favorezca la impunidad al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de delitos del orden federal”, pues lo que determinó en su momento la legislatura de Tamaulipas se limita a que, por el momento, hasta que concluya su mandato, conserva “la protección o inmunidad procesal penal”, por lo mismo, también decidió no poner a disposición de las autoridades federales al titular del Ejecutivo local.
La Primera Sala de la Corte dio entrada a la controversia constitucional, luego de que avaló el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien propuso declarar fundado el recurso de reclamación de la FGR para que se resuelva si son o no inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaratorias de procedencia.
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