El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado urgente al Gobierno de México para aplicar la ley y liberar la red ferroviaria de Uruapan, Michoacán, que desde hace más de un mes se mantiene bloqueada por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
EL INSTIGADOR BALCONEADO:
Grupo REFORMA publicó que este ha provocado un sobrecosto logístico de mil 636 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC). Esto incluye autotransporte, puertos, navieras, agentes aduanales, importadores, exportadores, almacenaje y trenes.
En un comunicado, el organismo señaló que la exigencia de la CNTE es totalmente ajena al sector industrial y comercial, y que está impactando gravemente a la economía nacional, a los trabajadores y consumidores.
"El secuestro de vías por parte de la CNTE desde el pasado 31 de julio tiene paralizado al sector productivo que abastece al País y a sus principales socios, así como las importaciones.
"Las vías férreas de Michoacán son una ruta clave para la operación de puntos estratégicos como el puerto de Lázaro Cárdenas, y esto afecta no sólo al crecimiento y al desarrollo económico, sino también a la imagen internacional y credibilidad de México como socio comercial", destacó el organismo.
El CCE reportó que entre las industrias más afectadas por esta parálisis se encuentran la siderúrgica, cementera, agroindustrial, automotriz y de hidrocarburos, así como de artículos de primera necesidad.
"Desde que las vías están tomadas, diariamente se evita el paso de alrededor de siete trenes, cada uno con una carga aproximada de 5 mil 500 toneladas de materias primas y productos diversos", resaltó el CCE.
El sector empresarial dijo que el Gobierno de México está obligado no sólo a dar garantías y certidumbre a sus socios comerciales, sino a solucionar los conflictos que ponen en riesgo a la economía y la integración de las cadenas de suministro del País.
"El Consejo Coordinador Empresarial considera inaceptable que este tipo de actos se normalicen y que las autoridades se mantengan al margen ante la gravedad de estos hechos.
"Por el bien de la economía de las familias mexicanas y de la industria, la iniciativa privada hace un llamado urgente al gobierno federal para dar fin a esta situación, que a todas luces es ilegal", sentenció.
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