Las invitaciones de López Obrador a dos gobernadores de la oposición para ocupar cargos en su gobierno, despertaron todo tipo de especulaciones sobre qué buscaba el mandatario al sumar a su administración a políticos opositores. Y a las interpretaciones que hablaron lo mismo de “traición” que de “pago de favores”, de intentos de “desarticular a la alianza opositora” o hasta “motivos de seguridad”, hoy surge una nueva hipótesis: AMLO premió a esos dos mandatarios opositores que cooperaron con él, porque ahora va por otros gobernadores que se le opusieron y a los que quiere investigar y meter a la cárcel.
APENAS
En el primer círculo presidencial se afirma que, así como al priista Quirino Ordaz y al panista Antonio Echevarría se les premió con puestos, hay otros tres gobernadores de la oposición, de los que están terminando su mandato, que están en la mira del Presidente y de la Fiscalía General de la República para investigarlos en cuanto pierdan el fuero constitucional que los protege. “Con estos tres gobernadores, que serán investigados y llevados a un proceso penal, prácticamente se desmantela la Alianza Federalista que pretendió erigirse en un movimiento político en contra del Presidente”, comentó una fuente de Palacio Nacional.
El primer caso en la lista, comentan, es el del perredista Silvano Aureoles, cuya administración termina justo hoy que entrega la gubernatura al morenista Alfredo Ramírez Bedolla. A Silvano le están armando un expediente que se refiere a desvío de recursos públicos del erario michoacano a las recientes campañas, además de una investigación de su patrimonio y sus cuentas financieras que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto. Aureoles Conejo se confrontó abiertamente con el gobierno de López Obrador y recientemente acusó al Presidente y a su partido Morena, de “aliarse con el narcotráfico” para ganar las elecciones pasadas en su estado, en denuncias que hizo ante la CIDH, el Capitolio y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El segundo gobernador en la mira de Palacio es Ignacio Peralta, el mandatario priista de Colima, a quién también le están armando un expediente por temas de peculado y enriquecimiento. La gobernadora electa de Morena, Indira Vizcaíno, estuvo hace unas semanas en la UIF para entregar una serie de documentos, expedientes y pruebas de que los recursos públicos fueron malversados en su estado y del patrimonio que, según la próxima mandataria que toma posesión del cargo el 1 de noviembre, acumuló el gobernador saliente.
El otro caso que están investigando desde el gobierno federal, es el del gobernador independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, a quien acusan de utilizar en sus negocios particulares y en los pagos de algunos programas públicos a empresas “factureras” que aparecen en la lista del SAT. Llama la atención que justo ayer y a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide su triunfo, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, declaró que él en su gobierno va “a meter a la cárcel a todos los factureros”, esto a pesar de que al mismo Samuel y a su padre, Samuel Orlando García, también los han señalado de recurrir a ese tipo de empresas fantasma.
Si esos tres gobernadores de oposición, cuyas cuentas personales y manejos financieros en sus administraciones están siendo investigados con miras a una posible denuncia en su contra, se le suma el caso del panista Francisco García Cabeza de Vaca, que tiene orden de aprehensión vigente por delitos graves de los que lo acusa la FGR y cuyo fuero local que le ha evitado ser detenido se terminaría el 1 de octubre, una vez que entre la nueva legislatura del Congreso local y la mayoría de Morena tome el control, estamos hablando de cuatro mandatarios opositores que crearon y formaron parte de la Alianza Federalista.
Y aquí es donde cobra sentido la nueva hipótesis de por qué López Obrador invitó a los mandatarios de Nayarit y de Sinaloa a integrarse a su gobierno: al invitar a dos opositores, uno del PRI y otro postulado por el PAN a ocupar cargos, nadie podrá decir que el Presidente persigue por motivos políticos a los gobernadores de la oposición cuando inicie la cacería legal y penal de los mencionados Silvano Aureoles, Ignacio Peralta, Jaime Rodríguez y que ya está prácticamente en el patíbulo desde hace meses, Cabeza de Vaca.
Fuente:Salvador Garcia Soto/(imagen/twitter)
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