El Congreso de Tamaulipas, que tiene mayoría panista y cuya la Legislatura concluye el día último de este mes, se alista para aprobar hoy la asignación de guaruras y vehículos blindados de por vida, con cargo al erario, para el Gobernador albiazul Francisco García Cabeza de Vaca.
Esta prestación, atribuida por el Congreso a los riesgos derivados de las acciones tomadas en su Administración, que concluye el 30 de septiembre del 2022, se extenderá también a otros funcionarios de primer nivel, así como a sus cónyuges, concubinas o concubinarios, descendientes y ascendientes en primer grado.
La medida sería llevada hoy al Pleno, y difícilmente sería revertida por la próxima Legislatura, que asume el 1 de octubre y encabezará Morena.
Esto se debe a que este partido sólo tendrá 20 curules de un total de 36, y requerirá de 24 votos para su modificación, así como del aval de la mayoría de los 43 municipios, que en el trienio que inicia en octubre serán dominados por el PAN.
Al asumir García Cabeza de Vaca, retiró la seguridad y vehículos blindados a sus antecesores.
Actualmente el panista enfrenta una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero su fuero lo protege hasta el fin de su sexenio, en septiembre del 2022.
El blindaje comenzó en el Congreso el miércoles, cuando PRI y PAN plantearon la protección para funcionarios salientes a partir de octubre del 2022, por seis años, pero con la opción de que el plazo sea prorrogable por "condiciones de riesgo".
En sesión de ayer de la Diputación Permanente se avaló el dictamen con proyecto de decreto, que presentó el tricolor Florentino Aarón Sáenz Cobos.
"El Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten", señala.
El beneficio de la iniciativa, que eleva a rango constitucional el otorgamiento de medidas de seguridad y protección previstas en la legislación local, a través de la Ley de Seguridad Pública del Estado, incluye, además del titular del Poder Ejecutivo, a los Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como al Fiscal de Justicia, que a partir del 30 de septiembre del próximo año dejen el cargo o antes.
Esther García Ancira y Eliud Almaguer Aldape, Diputados locales de Morena, criticaron ayer la reforma y pidieron precisar el periodo en que el Estado pagará la seguridad.
Advirtieron que, al ser prorrogable, se extenderá de por vida.
En defensa de su iniciativa, Sáenz alegó que en Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México, entre otros Estados, la seguridad para ex funcionarios en riesgo por el ejercicio de sus funciones es vitalicia. "Por qué no hacer lo mismo aquí en Tamaulipas", planteó. En Nuevo León se contempla la protección a funcionarios y es prorrogable, aunque presuntamente esto último no se ha aplicado, mientras que en Coahuila sí es vitalicia y en CDMX no se contempla.
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