El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Mario García Solórzano, solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) la emisión de medidas cautelares para que se le otorgue seguridad y protección ante actos de hostigamiento que ha sufrido en su domicilio, que podrían poner en riesgo su integridad personal.
En una queja presentada este día ante el organismo humanitario, el abogado señaló como autoridades presuntamente responsables al gobierno del estado, a la Policía Estatal Preventiva, a la Policía Municipal de Colima y a la Dirección General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Narró que desde hace aproximadamente dos semanas se percató del sobrevuelo de drones frente a su domicilio en la colonia Fovissste de esta ciudad, lo que lo hace pensar que está siendo vigilado.
Particularmente la madrugada de este lunes, dijo, lo despertó el ruido de los pequeños motores de dos aparatos que se encontraban suspendidos, dirigiendo de manera detallada rayos de luz en dirección de algunas áreas de la fachada de su casa, por lo que de inmediato aseguró puertas y ventanas del inmueble ante el temor de que intentaran allanar su vivienda por la fuerza.
“Después escuché claramente unas voces que intercambiaban claves policiacas, lo cual me atemorizó aún más porque pensé que estaban dando la orden de entrar a mi domicilio, (mientras que) uno de los drones duró alrededor de cuatro horas, retirándose con la luz del día, alrededor de las 07:40, lo que me dejó inquieto y preocupado”, indicó.
Manifestó que ha vivido en esa misma casa desde 1980 y que nunca había tenido un incidente de ninguna índole, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre lo que ocurre y pidió que mientras tanto “una autoridad confiable” le brinde seguridad.
“Quiero responsabilizar a todas las autoridades señaladas de lo que pueda ocurrirme en mi persona, en mi familia o en mis bienes, ya que el suscrito no ha cometido ningún hecho que la ley señale como delito”, refirió.
En entrevista, García Solórzano descartó que la situación se derive de algún diferendo con algún cliente o excliente de su labor como abogado, pues no se ha implicado en situaciones que vayan más allá de su ejercicio profesional ni tiene ninguna deuda con nadie.
Por lo contrario, apuntó, han sido públicos los enfrentamientos que, en su papel de presidente del Colegio de Abogados Penalistas, ha tenido con funcionarios del gobierno estatal, como es el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, y otros más, aunque aclaró que por el momento no cuenta con elementos para señalar a alguien de manera concreta.
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