“Para qué vamos a negarlo, claro que tenemos miedo”, dice el periodista mexicano Francisco Canul, de 56 años, cuya casa ha sido asaltada y de donde se han llevado material de trabajo y discos duros. Todo quedó revuelto y las puertas, reventadas, aún están por arreglar. “No tenemos tanto dinero, hay que hacerlo poco a poco”, dice. Canul puede resultar un nombre desconocido para el gran público, pero el video que difundió el pasado 27 de marzo dio la vuelta por medio mundo: se veía a unos agentes de policía aplastar contra el suelo a Victoria Salazar, una salvadoreña que resultó muerta debido a la brutalidad con que la retuvieron contra el suelo, en Tulum. Dos días después, el periodista yucateco cubrió una balacera en el centro de la ciudad, donde vive desde hace 26 años. Nunca ha dejado de documentar, dice por teléfono, la inseguridad ciudadana que se vive en la ciudad caribeña, ni la corrupción policial.
“No fue un robo cualquiera, fue con saña, buscaban amedrentarme”, asegura. Las fotos revelan una vivienda patas arriba, las ropas tiradas, los cajones abiertos, los papeles por el suelo, las puertas descerrajadas. Se llevaron un ordenador de escritorio y dos portátiles, así como material de fotografía y discos duros. La familia, su mujer y un hijo, salió el sábado pasado para descansar, por Semana Santa, y el domingo, a eso de la una de la tarde, regresaron a las puertas de una vivienda allanada. Llamaron a la policía, que tardó en llegar una hora y media. Trataron con abogados y presentaron la denuncia. “Los agentes de la Fiscalía no han llegado hasta hoy miércoles. Y todavía no tengo noticia alguna de cómo va la investigación”, critica Canul. También pidió ayuda policial al presidente municipal. “No hizo nada, ni siquiera ha llamado para ver cómo estábamos”, lamenta.
El reportero ha explicado que había cámaras de seguridad ciudadana cerca de la casa en las que, por fuerza, debía estar grabado el robo, pero nada ha conseguido por ahora. Entre las pistas encontradas por la policía, el periodista habla de una huella de bota poco corriente, como la que usan los agentes. Así lo consignaron los elementos que investigaron lo sucedido, explica. Y repite: “Esto no ha sido un robo corriente, ha sido con saña”.
“Claro que hay miedo. Más que nada por mi hijo, a mí si me dan un balazo no pasa nada, muero haciendo mi trabajo, pero no me voy a hincar ante la policía corrupta de esta ciudad, que se pasa los fines de semana sacando dinero extorsionando a los turistas”, denuncia. “Esa es la verdad, aquí la policía es muy corrupta”. Canul trabaja para Notitulum, un portal de noticias local, también para Canal 10 y otros empleos de reporterismo en diversos medios locales, el clásico pluriempleo mexicano de quien no puede sostener a una familia con un solo sueldo.
Tras la muerte violenta de Victoria Salazar, Canul cubrió una balacera en el centro de Tulum en la que una turista española recibió un balazo. “Yo estaba tras la línea de seguridad, pero la policía me sacó de allí con lujo de violencia”. Ha sufrido otras amenazas y en 2012, cubriendo la nota roja, fue objeto, de una “emboscada policial”. Tulum es una plaza difícil a pesar de sus postales turísticas en las transparentes aguas caribeñas. La otra cara del exótico paraíso.
El México que los turistas no suelen ver dejó en 2020 seis periodistas asesinados y casi 700 ataques contra ellos o sus medios de comunicación, una agresión contra la prensa cada 13 horas, lo que supone un incremento respecto al año precedente de un 13,6%. Unas cifras que periódicamente recoge la organización Artículo 19, en los últimos tiempos también en el ojo del huracán tras unas declaraciones del presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que los acusó de pertenecer al “movimiento conservador” y puso en solfa la financiación de su actividad.
La organización, nacida en Londres, ha fiscalizado las agresiones a los periodistas en México desde hace décadas y ahora pide más tolerancia ante el escrutinio y la crítica por parte del actual mandatario, que carga contra los medios de comunicación en numerosas ocasiones. En la Administración de López Obrador se han contabilizado un total de 17 reporteros asesinados. “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, dice Pedro Cárdenas, coordinador de Documentación del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Y Quintana Roo, en particular. “Es el tercer Estado con más agresiones contra la prensa y en más de un 30% de ellas intervienen las fuerzas policiales”. Cárdenas dice que corresponde a los agentes investigar quién ha allanado la vivienda de Canul, pero que Quintana Roo sí ofrece “ese contexto de agresión policial”.
Con la ayuda de Artículo 19, Canul ha quedado bajo el protocolo de protección que establecen las oficinas de Derechos Humanos en estos casos. Se hará un análisis de riesgo en virtud del cual se establecerán las medidas correspondientes, que pueden ser desde un botón de pánico para alertar de una emergencia hasta escoltas privados. La rapidez con que se implementen estas medidas es dispar, quizá dos días, quizá un mes, “dependen de la presión mediática, en algunos casos”. Por ahora, El periodista de Tulum no ha recibido nada, dice. “No veo mayor vigilancia policial ni tengo aún el botón de emergencia. Nadie de la policía se ha puesto en contacto conmigo”, asegura. En todo caso, es complicado poner a los uniformados a proteger a alguien que, supuestamente, es víctima de la represión policial. Todo eso debe quedar analizado en el examen de riesgos.
Después de varios días poniendo en orden la casa, cuyas rejas aún tranca con palos, y comprando a plazos el material que ha perdido con el robo, Francisco Canul dice que ya está, de nuevo, al 100% en el trabajo. Sobre él pesa también la bota policial.
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