Se les acusó de dar agua a niños con cáncer en lugar de un tratamiento; de condicionar alimentos a cambio de votos; de parrandear con narcotraficantes mientras éstos desangraban territorios; de abrir empresas para lavar dinero; de destrozar selvas y sistemas ecológicos; de endeudar a sus estados y… ¡Todo para sus bolsillos!.
JUSTICIA y AJUSTICIAMIENTOs:
Para el año 2017 había en México 16 gobernadores en líos con la justicia mexicana: presos, procesados o prófugos. Nunca en la historia del país habían estado en la mira tantos mandatarios estatales y, sin embargo, con el correr de los años sus procesos legales han dejado mal sabor de boca en la opinión pública.
La senadora Geovanna Bañuelos, quien promueve en el congreso cambios legales para que se aplique con mayor severidad la figura de “extinción de dominio” a funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, afirma que ésta continuará si no se les quita el dinero adquirido en la rapiña.
“Quitarles el botín es básico contra la impunidad”, advirtió en el Senado.
Porque lo cierto es que mayoría de los gobernadores procesados por la justicia mexicana están a punto de saltar a la libertad o ya está por la libre, ¿quiénes son?
La vieja guardia
En 2017 ya había cinco ex gobernadores encarcelados: los priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, y Flavino Ríos, de Veracruz, y el panista Guillermo Padrés, de Sonora. De ellos, sólo el primero sigue en prisión (y domiciliada); el resto, está fuera.
De Andrés Granier se dijo que desvió alrededor de $10 millones de dólares en agravio de la salud de los tabasqueños, donde gobernaba y que su hijo Fabián Granier Calles, cometió una defraudación fiscal, pero éste último estuvo en prisión sólo 10 días y el primero cinco años, aunque su sentencia era por el doble de tiempo.
El exmandatario que gobernó de 2007 a 2012 recibió libertad bajo fianza en 2019 con prisión preventiva domiciliaria en la colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, una de las de mayor plusvalía de la capital.
En contraste al destino de Granier, quien a sus más de 70 años guarda ahora un silencio sepulcral; el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, quien mantiene una activa agenda política en el estado donde recientemente declaró que “está con todo para el 2021” en pos de revivir a un alicaído Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A Reyna se le acusó de vínculos con el crimen organizado y pasó cuatro años, ocho meses y 17 días privado de la libertad acusado de vínculos con el crimen organizado y asociación delictuosa, cargos que finalmente la PGR retiró sin mayor explicación. Tiempo después, el acusador, Fausto Vallejo, se vería metido en líos similares con su hijo como protagonista.
Vallejo sumió a Michoacán en un largo y oscuro periodo de violencia de 2012 a 2014, cuando renunció al poder para atender un cáncer. Mientras el cártel de Los Caballeros Templarios provocaba una sangrienta batalla con las autodefensas y otras organizaciones, el hijo de Fausto, hijo Rodrigo Vallejo bebía cerveza con el capo local Servando Gómez “La Tuta”.
Rodrigo trabajó durante mucho tiempo con distintos grupos criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) que intentó por años retenerlo en prisión sin pruebas convincentes para los jueces hasta que finalmente lo en 2019. Vallejo junior pelea por su libertad; el padre, no enfrentó proceso.
Liberarse de los cargos es un asunto relativamente sencillo en México, según las cifras de impunidad reconocidas oficialmente. Más aún para las altas jerarquías políticas.
Análisis de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios e Investigación (Fundar) documentan que al menos el 94 % de los casos corrupción vinculados con exgobernadores quedan impunes: la mayoría no son sentenciados o sus casos están pendientes de resolver.
“Para revertir esto se necesita terminar con el uso político y discrecional de las fiscalías”, advierte Fundar sobre la subordinación de la justicia al poder ejecutivo que explica, en muchos casos, la persecución de unos y la liberación de otros funcionarios, según incomoden o no al mandatario en turno y si el inculpado tiene aliados que lo ayuden o no.
Al norte del país, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, salió del Reclusorio Oriente para cumplir su condena, por lavado de dinero, en libertad condicional después de que un juez aceptara como garantía el pago de alrededor de $50 millones de dólares.
Otro que libró la cárcel rápidamente fue Rodrigo Medina, al mando de Nuevo León entre 2009 a 2015, el periodo en el cual habría dado “estímulos millonarios” a la armadora coreana de automóviles KIA, según acusaciones de su sucesor Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” quien abrió 20 expedientes. Dos años después (2017), Medina fue liberado por falta de sustento.
De jóvenes promesas a viejos corruptos
Los protagonistas del bloque estrella de jóvenes políticos que doce años atrás prometían “salvar” a México como tentáculos del entonces presidente Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto en sus respectivos estados de origen fueron perseguidos desde antes del cambio de gobierno federal. En la era de Andrés Manuel López Obrador sólo se sumó ha sumado uno: César Duarte, de Chihuahua.
Duarte huyó al final de su mandato a Estados Unidos entre acusaciones por parte de su sucesor, Javier Corral, de desviar alrededor de 600 millones de dólares para varias campañas de su partido, el PRI, y para él mismo.
La fiscalía local afirma que César Duarte dejó en bancarrota a la entidad que gobernó de 2010 al 2016 entre fiestas, departamentos de lujo, ranchos con búfalos y otros animales exóticos al estilo de algunos capos, pero con menos riesgos y ayuda de un banco que fundó para ello.
Duarte fue capturado para extradición el pasado 8 de junio en EEUU —el mismo día que AMLO visitó a Trump en la Casa Blanca — para que dé cuentas sobre la deuda pública de 2400 millones de dólares que dejó además del desfalco al erario por $300 millones de dólares como mínimo.
Más al sureste del país, otro gobernante con el mismo apellido, pero de nombre Javier hacía lo suyo entre acusaciones de corrupción, de solapar al crimen organizado y el asesinato de periodistas y de perfeccionar el uso de empresas como un mecanismo perfecto para desviar recursos públicos a los bolsillos privados de él su partido.
Javier Duarte dijo después de huir y ser capturado en Guatemala en 2016 que con el dinero robado sobornó al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada. También dijo que se le dejó actuar a sus anchas hasta que hubo un interés de sacarlo de la jugada nacional: la elección del Estado de México que no quería perder Peña Nieto.
En mayo de 2020, una juez confirmó la sentencia de Duarte de nueve años de prisión y que se le regresaran 40 inmuebles decomisados. Se calcula que por buen comportamiento más los años que ya cumplió podría quedar libre en un par de años más.
Con un futuro menos certero, Roberto Borge, quien a la edad de 31 años llegó a la gubernatura de Quintana Roo (la joya del turismo del país), espera su sentencia por la supuesta venta ilegal del patrimonio del estado, quebranto a las arcas estatales por 1,500 millones de pesos, despojos a particulares y el desmonte en la zona de manglares del Malecón Tajama.
Tras varios meses prófugo, Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y trasladado al Centro federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, donde espera una pena máxima de 15 años de cárcel.
Hoy por hoy , el único exgobernador que sigue prófugo es Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 acusado sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero de 2020, EE.UU. lo puso en la lista de personas corruptas y prohibió su entrada al país. En México mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias.
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