A la luz de las contradicciones, el cambio de versiones y posturas, deslindes, ocultamiento de información y hasta mentiras que hemos escuchado en el gobierno de la República sobre la crisis en Culiacán el jueves pasado, está claro que el fallido operativo de captura y liberación de Ovidio Guzmán, la rendición del Ejército y las responsabilidades penales que se configuran en las decisiones y acciones que derivaron en los hechos ocurridos en la capital de Sinaloa, están provocando un cisma en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su gabinete de seguridad federal.
Porque amén de la desinformación oficial que priva en este caso y las versiones encontradas que han manejado los responsables en esta crisis, están emergiendo datos, acciones y consecuencias que conducen el tema al ámbito de las responsabilidades públicas, oficiales y penales en las decisiones erróneas que se tomaron desde el gabinete de seguridad y que fueron la causa de una situación límite que puso en riesgo la vida de miles de personas, desde la población civil, hasta los militares y sus familias que fueron tomadas como rehenes y amenazadas de muerte.
El indicador más claro de la tensión que Culiacán ha provocado en el gobierno de la 4T, es el deslinde abierto que ayer hizo el presidente López Obrador de la decisión de enviar un operativo mal hecho a capturar al hijo del Chapo Guzmán a la cuna del Cártel de Sinaloa. “Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa (Sedena)”, dijo ayer el presidente, contradiciendo totalmente sus afirmaciones de apenas 24 horas antes, en donde sostuvo que sí supo del operativo: “El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones”.
¿Qué pasó en menos de un día para que López Obrador se desdijera y se deslindara de la decisión de su gabinete de seguridad que él mismo avaló y respaldó el viernes pasado, un día después de los hechos? Todo indica que alguien de su círculo más cercano, que conoce de leyes y que sabe de las responsabilidades penales que se configuran en la liberación de un presunto delincuente detenido, asesoró al presidente y le recomendó no asumir una responsabilidad que podría derivar en una acusación penal grave, que incluso amerita cárcel.
Porque hay por lo menos dos ordenamientos legales que claramente se refieren al delito de evasión de un detenido, procesado o condenado y de las graves penas en que incurre quien ayude a los servidores públicos o integrantes de las Fuerzas Armadas que ayuden a escapar o liberen a un delincuente sea presunto, procesado o sentenciado. Y esos dos supuestos podrían aplicarse no sólo a los soldados o guardias nacionales que liberaron a Ovidio Guzmán el jueves en Culiacán, sino también a los mandos superiores que les dieron la orden de soltarlo cuando ya lo tenían detenido o ubicado, es decir desde el presidente hasta sus secretarios del gabinete de seguridad.
El primer precepto legal que se configura en los hechos de Sinaloa se refiere al Título Cuarto del Código Penal Federal “Delitos contra la Seguridad Pública”, que en su Capítulo 1, Evasión de Presos dice en el artículo 150.- “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impodrán de siete a quince años de prisión o bien, en tratándose de la evasión de un condenado se aumentarán hasta 20 años de prisión”. Luego añade: “Si quien propicie la evasión fuese servidor público se incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años”.
Si ese artículo ya es delicado y aplicable a toda la cadena de mando que participó en la decisión de liberar a Ovidio Guzmán —y según versiones del corresponsal del NYT también dejar escapar a Iván Guzmán, el jefe y heredero del Chapo y quien organizó la rebelión del Cártel de Sinaloa con el apoyo de su tío Ismael “El Mayo Zambada”— hay otro en el Código de Justicia Militar que suena aún más delicado. En el Capítulo IV Bis titulado “Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas”, establece en su artículo 275 inciso Tercero.- “Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que: [y en el apartado XI] Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa o proteja o facilite su fuga”. Y aunque ese precepto no aplica a todos los miembros del gabinete de seguridad, si lo hace para aquellos que formen parte de las fuerzas armadas, a saber el secretario de la Defensa, Gral. Luis Crescencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, Gral. Luis Rodríguez Bucio, y el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Andrés Manuel López Obrador.
¿Es eso lo que explica por qué han comenzado los deslindes y la contradicción en declaraciones y posiciones entre el titular del Ejecutivo, la Secretaría de la Defensa y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Quién dio la orden de mandar el fallido operativo de captura en Culiacán y quién la de liberar al detenido narcotraficante Ovidio Guzmán? Lo dicho: Culiacán está cimbrado y marcará a la 4T.
fuente.-Salvador Garcia S./
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