La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntos movimientos irregulares en las cuentas del Magistrado electoral José Luis Vargas, quien entre el 2013 y el 2017 habría cuadriplicado sus ingresos.
Las autoridades federales identificaron depósitos en efectivo para el funcionario electoral, aportaciones de Gobiernos estatales y manejos millonarios en tarjetas de crédito. También revisan las adquisiciones de dos inmuebles.
Vargas fue uno de los cuatro Magistrados que en octubre del 2018 avalaron anular la elección de Monterrey justo en el día en el que estaba por asumir el panista Felipe de Jesús Cantú, lo que favoreció al priista Adrián de la Garza.
Conforme a reportes oficiales a los que tuvo acceso Grupo REFORMA, en las últimas cinco declaraciones anuales de Vargas ante Hacienda se observa una evolución extraordinaria de sus ingresos.
Mientras que en abril del 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos, para el 2017, ya como Magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317, según los documentos oficiales.
Sólo en su primer año como Magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre del 2016, Vargas incrementó sus ingresos en un 54 por ciento.
Al asumir el cargo en el 2016 reportó ingresos por 3 millones 334 mil pesos, siendo que sólo habría cobrado dos meses de salario como Magistrado y un proporcional de aguinaldo.
Un año después duplicó sus ingresos para quedar en poco más de 7 millones de pesos.
Los Magistrados electorales están impedidos a recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial.
Según el Artículo 101 de la Constitución, no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.
Un Magistrado de la Sala Superior podría alcanzar ingresos anuales brutos de hasta 4 millones 451 mil 601 pesos, considerando prestaciones.
Los ingresos de Vargas, según su declaración anual 2017, fueron superiores en 63 por ciento con respecto a lo máximo que podría recibir.
Además de esta diferencia, la UIF tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre el 2016 y el 2018, en una tarjeta American Express a nombre del Magistrado.
Otro movimiento presuntamente irregular en sus cuentas corresponde a un depósito de 500 mil pesos del Gobierno de Sonora, al que por ley el Magistrado no puede facturar.
También son revisados en sus cuentas tres depósitos en efectivo: uno del 2016 por 400 mil y otros dos en el 2018, año en que tomó decisiones electorales trascendentales, uno por 200 mil pesos, operado el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre.
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