Desde agosto del año anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha una gravosa estructura burocrática, que desde entonces realiza una gigantesca operación electoral con uso indebido del presupuesto para los programas sociales. Esta operación pretende consolidar e incrementar la base electoral proclive al presidente y a su partido, como lo hizo ver María Amparo Casar.1
De acuerdo con los datos publicados en la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federalde la Secretaría de la Función Pública,2 la erogación anual en los sueldos de la estructura de los servidores de la nación alcanza los 2,577 millones de pesos, sin contar prestaciones ni bonos. A esta cifra se debe añadir una estimación conservadora de gastos de operación por 663 millones de pesos, de manera que hacen un total de 3,240 millones de pesos.
Este monto equivale al presupuesto autorizado en este ejercicio fiscal al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), al del Registro Federal de Electores para la actualización del padrón electoral y la emisión de la credencial del INE o al del Fondo Metropolitano, que son programas presupuestales estratégicos del Estado mexicano. Cubriría diez años el presupuesto de los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y 16 años el del programa de protección a periodistas.
En la nómina correspondiente a la primera quincena del mes de julio, aparecen 18,299 Servidores de la Nación contratados por honorarios, en los que se incluye a los coordinadores regionales de programas para el desarrollo. Cada servidor de la nación tiene un sueldo bruto de 10 mil 217 pesos y cada uno de los 266 coordinadores regionales percibe en cambio 73 mil 507 pesos cada mes.
Los coordinadores regionales de programas para el desarrollo coordinan a los servidores de la nación en regiones que coinciden geográficamente con los distritos electorales federales, por si quedaba alguna duda de la naturaleza electoral de su tarea. En las grandes ciudades, que cuentan con más de un distrito electoral federal, se designó a un solo coordinador regional por municipio o alcaldía, cosa que también responde a un sentido electoral, por lo que su número total no es equivalente con los 300 distritos electorales federales en los que está dividido el territorio nacional.
Los coordinadores regionales de programas para el desarrollo están, a su vez, bajo las órdenes de los delegados estatales del gobierno federal, más conocidos como superdelegados. Éstos reciben un sueldo bruto mensual de 122,512 pesos. Los delegados estatales de programas para el desarrollo, nombre que la ley asigna a estos cargos, además de mandar sobre los coordinadores regionales y sus huestes de servidores de la nación, cuentan con múltiples facultades. El artículo 17-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal obliga a todas las oficinas estatales de las secretarías y dependencias federales a informarles de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades. La misma disposición otorga a los superdelegados la facultad de designar a todos los representantes de las secretarías y dependencias del gobierno federal en su estado; sus nombramientos serán realizados por el titular de éstas, pero a propuesta del respectivo delegado estatal.3
El vértice superior de esta estructura lo ocupa el coordinador general de programas para el desarrollo, que responde directamente al presidente de la República. Aunque los nombramientos de los superdelegados llevan la firma de la titular de la Secretaría de Bienestar y su nómina se carga a dicha dependencia, se efectúa en la presidencia tanto su designación como la coordinación de sus trabajos.
Dado que ilustra el involucramiento directo del presidente en esta operación, conviene citar las palabras que, en un evento con los mil 200 servidores de la nación de la Ciudad de México a principios de marzo de este año, dijo el coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel García Hernández:
“Reciban un saludo del presidente de la República (aplausos). Él diario, diario ve el esfuerzo que ustedes hacen, él sabe perfectamente, todos los días revisa el andar de ustedes (sic)…”.4
La estructura burocrática que aquí hemos descrito, aunque está sufragada con cuantiosos dineros públicos, es más parecida a un tipo de organización partidaria en campaña, que al de una de carácter gubernamental.
Como queda claro, esta estructura es centralizada y designada de arriba hacia abajo, lo que se asegura su control verticalista. Es, además, excluyente de los gobiernos estatales y municipales, de las organizaciones sociales y comunitarias y prescinde, incluso, de las propias dependencias del gobierno federal que han visto menoscabadas sus atribuciones para el nombramiento de sus representantes en las entidades federativas en favor de los superdelegados, a la vez que varias de ellas han debido jugar un papel testimonial en la ejecución de programas sociales que son de su competencia, arrebatada en favor de los servidores de la nación.
Pero además de ello, el estudio de los antecedentes de los delegados estatales del gobierno federal y los coordinadores regionales de programas para el desarrollo muestra un perfil netamente partidista.5 Se ha escrito mucho sobre quiénes son los superdelegados, baste decir que antes de ocupar sus altos cargos federales fueron candidatos postulados por el partido Morena o dirigentes de éste partido o de alguna de sus organizaciones aliadas. En lo que respecta a los 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo, habrá que añadir que las principales fuentes de su reclutamiento son la coordinación de las recientes campañas electorales del mismo partido (ejerciendo cargos de coordinadores, enlaces distritales o representantes electorales), con un 34%; las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, con el 30%; el 20% proviene de diversos cargos de elección popular postulados por Morena (diputados locales y federales, alcaldes, regidores); en tanto que una décima parte integra las estructuras de dirección partidaria.
Se puede afirmar que los delegados estatales y los coordinadores regionales de programas para el desarrollo intercambiaron su designación o cargo partidario por un nombramiento oficial que los convirtió en servidores públicos federales de alto rango, sin que mediara ningún procedimiento que asegurara, con un sentido institucional, su idoneidad para el cargo, su habilitación legal, conocimientos y nivel académico necesario.
Las organizaciones sociales y civiles, los especialistas y el personal capacitado en la ejecución de políticas de desarrollo social enfocadas a apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los productores agrícolas y ganaderos, a los estudiantes, a los pequeños comerciantes o pequeños industriales, entre muchos otros sectores, que después de años de labor acumularon pericia y experiencia especializada y focalizada, quedaron desplazados con el argumento, repetido muchas veces por el propio presidente de la República, de evitar intermediarios en la entrega de los apoyos. Para éste, los únicos intermediarios válidos son los servidores de la nación que él designa y maneja. Todo indica que el amiguismo y el compadrazgo fueron los criterios de integración de esta costosa estructura burocrática, mezclados con la fidelidad en grado de incondicionalidad respecto de quienes ocupan los escalones superiores de la misma.
Es a través de esta estructura que el Gran Benefactor descrito por María Amparo Casar está canalizando los dineros de los programas sociales del gobierno federal. A los siete programas sociales que la autora contabilizó se deben añadir cuatro adicionales que también manejan los servidores de la nación: Crédito Ganadero a la Palabra, con 4 mil millones de pesos; Programa de Mejoramiento Urbano, con 8 mil; Programa Nacional de Reconstrucción, también con 8 mil; y Producción para el Bienestar, que tiene presupuestados 9 mil millones de pesos más. Añadidos a los 191 mil que la autora había detectado, la suma alcanza la cifra de 220 mil millones de pesos tan solo en este ejercicio fiscal.
En la ejecución de estos presupuestos no prevalece una administración que racionalice y supervise la labor censal y la entrega de beneficios y apoyos mediante tarjetas bancarias u órdenes de pago. No hay Reglas de Operación que garanticen apego al objetivo del gasto presupuestal, los servidores de la nación recorren las localidades y visitan los domicilios del país decidiendo sobre el terreno, bajo las órdenes de sus coordinadores, a quién enlistan y a quién no en los padrones de los distintos programas. Dichos padrones de beneficiarios, hasta hoy ocultos por las autoridades, guardan de seguro muchas historias de exclusión, de simulación, de arbitrariedades y de corrupción en el manejo de los apoyos, las que se conocerán cuando se publiquen y se les apliquen las correspondientes auditorías.
Todo ello por una meta que desentrañó Casar: 23 millones de beneficiarios-votantes afines y agradecidos con el gobierno de Morena, agrupados en un masivo caudal electoral que podría representar la mitad de la votación en las elecciones intermedias de 2021.
Los servidores de la nación levantan el Censo del Bienestar y entregan los apoyos a los beneficiarios, al tiempo que llevan a cabo una incesante promoción personalizada en favor del presidente de la República y de sus propios coordinadores estatales y regionales, quienes en su momento se convertirán en los candidatos a gobernador, a diputados y a alcaldes que en el futuro postule el partido Morena.
En las visitas domiciliarias y en los mítines políticos que realizan en escuelas públicas, en auditorios municipales o ejidales, los servidores de la nación declaman que van de parte del presidente, que éste otorga a la población necesitada su apoyo económico y piden a los beneficiarios a agradecerle la atención al titular del Ejecutivo. Lo anterior se puede ver desde la vestimenta: en todas sus actividades aparecen ataviados con chalecos de color café claro que llevan estampado el nombre de López Obrador en el pecho, el que también aparece en sus mochilas y gafetes de identificación.6
Al respecto se debe tener presente lo que dicta el artículo 134 de la Constitución Política de nuestro país: los recursos de que dispongan los servidores públicos en virtud de su cargo se deben emplear con eficiencia, honradez, de conformidad con planes y programas de trabajo y con fundamento legal. A la vez, su uso debe ser neutral, es decir, no debe favorecer a partido o persona alguna, además de que está prohibido el que la propaganda gubernamental de cualquier tipo realice promoción personalizada de un servidor público.
A despecho de lo que ordena el texto constitucional, los servidores de la nación efectúan un operativo electoral del gobierno federal, que incurre de entrada en dos violaciones a la Constitución: 1) el uso indebido de los recursos públicos, vulnerando el principio de imparcialidad del servicio público, y 2) la promoción personalizada de los servidores públicos.
A través del despliegue de los servidores de la nación,su indumentaria y su discurso, el gobierno federal hace una propaganda que ni es institucional ni tiene fines informativos, educativos o de orientación social. Tal propaganda viola la prohibición de incluir el nombre del servidor público, en este caso el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es también propaganda personalizada la exhibición de los superdelegados y de los coordinadores regionales en reuniones de entrega de apoyos gubernamentales, las que se convierten en mítines políticos en los que se les agradece y ensalza tanto como a los fines de la Cuarta Transformación. Con esta mecánica se les da a conocer y se les posiciona favorablemente en la opinión de un mercado político cautivo constituido por los beneficiarios o los aspirantes a serlo.
Los servidores de la nación son una estructura apartada de lo que ordena la Constitución, porque ha sido concebida con el verdadero propósito de hacer una vinculación directa de los programas sociales y de sus cuantiosos recursos presupuestarios con la exaltación de la figura presidencial y la de los superdelegadosy los coordinadores regionales.
Junto a lo anterior, se debe afirmar que la concentración de todos los programas sociales en la operación de una sola estructura de naturaleza ejecutiva, como la descrita arriba, contradice también el artículo 90 constitucional, pues incumple con lo que se podría llamar el espíritu competencial de la administración pública, consistente en distribuir las atribuciones del poder Ejecutivo entre las distintas secretarías de Estado. En virtud de ello, éstas tienen competencias específicas que se desarrollan con detalle en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley en la que nadie encontrará la denominación servidores de la nación.
En resumen, el Gran Benefactor es un monstruo de 18 mil cabezas, dirigido desde el Palacio Nacional por el mismo presidente de la República. Con una cuantiosa nómina de más de 3 mil 200 millones de pesosa la año, esta ilegal estructura es la encargada de cortejar a la población necesitada de México, al ritmo de 220 mil millones de pesos cada año.
Rafael Hernández Estrada
Fue diputado por el PRD y representante del mismo partido ante el IFE.
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