Para el Gobierno federal la promesa de llegar a la verdad del caso Ayotzinapa cada vez se convierte en un compromiso más difícil de cumplir, realidad que se hizo evidente tras la liberación de 24 personas más que estuvieron implicadas en las agresiones hacia los estudiantes.
El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, se complica cada vez más.
Los malos manejos, las irregularidades y los vicios cometidos durante la investigación que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —hoy Fiscalía— durante el sexenio pasado, y la cual en el momento de los hechos era encabezada por Jesús Murillo Karam, no dejan de pasar factura tanto a las actuales autoridades responsables como a los padres de las víctimas, quienes están a días de cumplir cinco años de exigir justicia sin resultados.
Sin embargo, en el marco del aniversario de los hechos ocurridos la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y durante la celebración de la Independencia de México, el Gobierno federal —el cual ha colocado como uno de sus principales compromisos el resolver este emblemático caso— informó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó el sábado la liberación a 24 personas implicadas en la desaparición de los normalistas.
En conferencia de prensa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que con estos hechos son ya 77 personas liberadas de las 142 que han sido detenidas por el caso Ayotzinapa
“Solo quedan 65 personas detenidas por este proceso y, de mantenerse la tendencia, en los próximos días podrían permitirse más liberaciones.
“Esto es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y demuestra la miseria y podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país”, acusó.
Por lo tanto, Encinas advirtió que la Fiscalía General de la República presentará los recursos necesarios para denunciar a Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR; Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y a José Aarón Pérez Carro, extitular de la unidad especial de la entonces PGR para el caso, por no cumplir con sus responsabilidades durante la investigación.
Ante la advertencia, Murillo Karam salió a los medios de comunicación en donde dijo en más de una entrevista que él está seguro del trabajo que realizó en el tiempo que se le permitió (3 meses). Y aseguró que no hay argumentos para la liberación de los inculpados.
“No hay sustento en los argumentos que llevaron a la liberación de inculpados en estos hechos, es increíble de veras (…). El cúmulo de pruebas era inmenso, creo que los nuevos jueces no revisaron ninguna evidencia”.
El extitular de la PGR también se dijo tranquilo de que lo investiguen, pues aseguró que no tiene nada que esconder.
“Me da muchísimo gusto que vayan a investigar el expediente de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tiene todos los elementos que hicieron que actuaran como lo hicimos”.
El día de ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que hoy se realizará la reunión entre los padres de los 43 estudiantes y la FGR, la cual contará con su presencia.
En relación a las 24 liberaciones, dijo que su administración ya presentó las quejas correspondientes ante el Poder Judicial y la FGR por estos hechos.
“Ya la Fiscalía abrió una investigación sobre estos asuntos y están dispuestos a revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades”.
CASO AYOTZINAPA, SIN UNA BASE SÓLIDA
El más grande reto al que actualmente se enfrenta la Fiscalía General de la República (FGR) es fortalecer sus capacidades de investigación para poder llegar a una verdad jurídica sustentada, creíble para los familiares de las víctimas y comprobable, dice Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
Uno de de los principales problemas en este momento para las autoridades responsables de investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es que no existe una base sólida de la cual partir.
“Durante los primeros 10 meses el gobierno ha dado los pasos correctos: ha cumplido con algunas de las exigencias de las familias, creó la comisión para la búsqueda de la verdad, fundó una unidad especial para la investigación al interior de la FGR y recientemente Encinas dijo que México aceptaría la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para estudiar casos de esta naturaleza.
Sin embargo, a lo que nos estamos enfrentando actualmente es a los vicios cometidos por la antigua PGR y que están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, comenta que ahora que se están viendo los resultados de estas fallas en el proceso de investigación es cuando se les da importancia, pues la tortura como una herramienta utilizada por el Estado para conseguir confesiones no es una práctica nueva.
“El tema de las torturas hoy nos sorprende por el resultado que estamos viendo, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su primer informe denunció que más del 90 por ciento de los detenidos en el caso Ayotzinapa sufrieron tortura y en su momento ni noticia fue.
Ahora será trabajo de la FGR enmendar los errores del pasado y garantizar una investigación en los términos que marca la Ley, y en dado caso de que se den cuenta de que algunos de los implicados que fueron liberados sí tenían que ver con el caso, “será responsabilidad de la institución ver cómo los vuelven a vincular a proceso porque a una persona no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito”, advierte Tania.
Por último, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, señala que frente a estas liberaciones el Estado debe activar un mecanismo de protección para los padres de las víctimas con el objetivo de garantizar su seguridad.
“Los padres de familia no sólo son un eslabón fundamental en la investigación, también lo son en la exigencia de justicia y en la defensa de los derechos humanos”.
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