Debido a que no pudo justificar el correcto uso de los recursos durante la gestión del priista Rodrigo Medina y ahora con el independiente Jaime Rodríguez, el Gobierno de Nuevo León deberá restituir a la Tesorería de la Federación 2 mil 633.5 millones de pesos, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con el Primer Informe de Labores de la dependencia, entregado al Congreso federal el domingo, Nuevo León es la segunda entidad que mayor monto de recursos tendrá que devolver a la Federación, pues sólo es superado por Veracruz, que deberá restituir 3 mil 606.6 millones de pesos.
El monto de recursos reclamados por la SFP corresponden a 128 observaciones derivadas de auditorías practicadas del 2013 al 2018 a Nuevo León y que nunca fueron solventadas.
En el Informe, la SFP señaló que, en total, 31 de las 32 entidades del País deberán devolver 20 mil 177.6 millones de pesos.
"A la fecha", destaca el Informe, "la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ha sostenido 20 reuniones de trabajo con igual número de Gobernadores, a fin de establecer canales de comunicación y reforzar los trabajos de coordinación, que en los sexenios anteriores eran prácticamente nulos".
En el caso de Nuevo León, está pendiente la reunión entre Sandoval y "El Bronco".
El único Estado que registra cero observaciones y por tanto no se le requirió la devolución de recursos es Querétaro.
"Los Gobiernos de los Estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 177.6 millones de pesos, debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas", indica el informe.
El documento detalla que existen otros 25 mil 907.3 millones de pesos con distintas observaciones que deberán ser solventadas o bien sobre las que las Contralorías estatales deberán de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Como parte de esta última cifra están 13 mil 651.9 millones de pesos que corresponden a 3 mil 550 observaciones que los entes auditados no solventaron dentro de los tiempos establecidos por la ley, por lo que las contralorías estatales deberán acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes.
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