Juan Collado Mocelo, abogado cercano a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, desde hace unos años había incursionado en los negocios financieros a través de la Caja Popular Libertad, radicada en Querétaro.
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Fundada en 1960, esta la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) ha estado en el centro de varios escándalos desde la década pasada, por investigaciones de lavado de dinero y fraudes.
En el 2003, los empresarios Jorge y Alejandro Vázquez Mellado, junto con la Caja Libertad, adquirieron el club Gallos Blancos de Querétaro.
Meses más tarde, se reveló que el colombiano Paul Solórzano Lozano, un presunto lavador de dinero del narcotráfico que usaba el alias de Giovani de Ávila Morantes, estuvo a cargo de la liquidación de adeudos a los jugadores despedidos, tras la compra del equipo.
Una década después, se dio a conocer que en el acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013, los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas Big Bola, fueron señalados como accionistas de la Caja Popular Libertad.
En dicho expediente, se acusó que sus compañías Grupo Queroil, Gasolineras Grupo Mexicano, Grupo de Gasolineros de México e Inmobiliaria GGM, supuestamente lavaban dinero del "huachicol" en la Sofipo y los casinos.
En el 2014, la PGR congeló las compañías gasolineras.
En marzo de ese año Carlos Septién Michel, presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad de Servicios Financieros, dijo que la compañía no tenía ningún vínculo con los Rodríguez Borgio.
Precisamente en ese mes, Septién había relevado en el consejo de la Sofipo a Martín Díaz Álvarez, quien a su vez tenía una participación minoritaria en Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez Osuna que en ese entonces ya era la dueña de los Gallos Blancos de Querétaro.
En junio de 2014, Díaz Álvarez fue acusado de despojo por socios fundadores de Caja Libertad. A los pocos días, un juez federal ordenó su aprehensión, pero por el Caso Oceanografía, donde le imputaron haber presentado documentos falsos para obtener un crédito de Banamex por más de 5 mil millones de pesos.
Martín Díaz huyó a Estados Unidos y, como estrategia, tramitó un juicio migratorio; aunque la PGR pidió su detención provisional con fines de extradición, el país vecino nunca hizo llegar su expediente a una Corte de Florida.
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