El Órgano Interno de Control de la Policía Federal detectó un adeudo de 65 millones 179 mil 720 dólares, es decir mil 238 millones 414 mil 680 pesos (mil doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta pesos al tipo de cambio actual), pagos excesivos por seis millones 100 mil pesos, así como bienes adquiridos sin registrar al interior de la división de Inteligencia.
Los recursos públicos que adeuda la institución, y de los cuales no existe registro de contrato y modificación del mismo, son por el contrato que llevó a cabo la dependencia para adquirir el equipo RAFAEL (Autoridad para el desarrollo de armamentos) con la empresa israelí Advanced Defense Systems, especializada en el desarrollo de aeronaves, armamento y tecnología militar, así como sistemas de ciberseguridad, de inteligencia y equipos navales.
De acuerdo con la auditoría interna de la Policía Federal el contrato y las modificaciones que fueron autorizadas y serán pagadas por los contribuyentes, fueron autorizados durante la administración de Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, cercana al exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Osorio Chong.
Del contrato y las modificaciones también tuvieron conocimiento Miguel Ángel Osorio Chong, Monte Alejando Rubido, excomisionado Nacional de Seguridad; los comisionados generales de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos y Manelich Castilla Craviotto, así como los comisarios y (titulares) de la división de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño y Damián Canales Mena.
Ramón Eduardo Pequeño fue el responsable directo de las cámaras de seguridad durante la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" Guzmán del penal del Altiplano el el 11 de julio de 2015, es gente de confianza de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Federal.
Damián Canales Mena fue exsecretario de Seguridad Pública de Hidalgo durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, así como titular de Seguridad Pública en el Estado de México.
La auditoría A.03/19 del Órgano Interno de Control menciona que el adeudo, los pagos excesivos y los bienes de los que se desconoce su paradero se originaron a partir del contrato el contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, del cual no hay un expediente de contratación.
"Celebración del contrato No. PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 y Convenios Modificatorios, por los entonces Titulares de la División de Inteligencia sin contar con facultades para tal fin e inconsistencias en el proceso de contratación, (no se generó expediente de contratación). 2. Pagos en exceso por 6.1 millones de pesos por concepto de anticipo del contrato PF/SG/DIVINT/CTO-03/2015, durante el año 2016, debido a que la transacción se realizó al tipo de cambio comercial y no al que se establece por el Banco de México conforme al artículo 8, segundo párrafo, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos".
Los resultados de la auditoria, la cual fue entregada al titular de la División de Inteligencia Secretario General y al Coordinador de Servicios Generales de la de la Policía Federal, mencionan que las modificaciones que se hicieron al contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015
Originaron un adeudo de más de 65 millones de dólares (mil doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta pesos al tipo de cambio actual).
"Policía Federal adeuda al Proveedor la cantidad de 65´179,720.00 UDS, con motivo del contrato número PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, con atraso en el pago de más de 500 días a la fecha que venció el Segundo Modificatorio".
De acuerdo con la institución, los documentos del contrato, así como las modificaciones del mismo, debían ser resguardados en la en la bóveda de la Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal, sin embargo, no hay registro de ellos.
"La División de Inteligencia celebró contrato número PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 y no conservó, guardó y custodió la documentación comprobatoria del gasto con cargo a la partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", de conformidad con la Norma vigente; es preciso aclarar, que toda la documentación que se generó con motivo del ejercicio de la partida, se resguarda en la bóveda de la Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal.Al respecto, solicito a usted girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctiva y preventiva acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en la cédula de observaciones correspondiente".
SSPC no ha presentado denuncia en PGR
El pasado 4 de julio el secretario de Seguridad pública y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo adelantó que se habían detectados en la compara de un equipo de espionaje isralí durante el sexenio pasado.
"Con motivo del proceso de transición y extinción de la Policía Federal se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública una auditoría integral de cierre del organismo, actualmente la Auditoría Superior de la Federación abrió una auditoría para la revisión de la cuenta pública 2018 y se buscará que tanto la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo un trabajo coordinado para potenciar el alcance de las auditorías de cierre de la Policía Federal".
Según Durazo, el equipo se adquirió el 25 de diciembre de 2015 a través de un contrato para el análisis, diseño e implementación del sistema de explotación de la información de inteligencia
"Uno de los temas que están en litigio actualmente al interior de la Policía Federal es la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente es conocido con el nombre de Rafael, el análisis, diseño e implementación del sistema de explotación de la información de inteligencia. Ese es el objetivo de este sistema y se adquirió por dos mil 458 millones de pesos, un solo producto de inteligencia.
El funcionario adelantó que la compra-venta del equipo originó un adeudo de mil 300 millones de pesos aproximadamente, sin embargo, de acuerdo con la auditoría interna de la Policía Federal, el monto es de mil doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta pesos al tipo de cambio actual.
"Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos aproximadamente".
Durazo dijo que se presentaría la denuncia ante la fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, a la consultar con las autoridades de la SSPC, no hubo respuesta. La promesa sigue en el limbo
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