A mediados de febrero, una atemorizante cadena de Whatsapp circuló profusamente entre los grupos de empresarios de Veracruz, en el golfo de México. El texto aludía a una nota informativa sobre una ola de secuestros encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y advertía que si el grupo criminal veía niñas o mujeres en la calle después de las 10 de la noche serían privadas de su libertad.
El mensaje era una noticia falsa, pero lo acompañaban tres imágenes reales: el cuerpo decapitado de Susana Carrera, empresaria de Coatzacoalcos, a quien sus victimarios asesinaron después de pedir a su familia un millonario rescate que no se pagó. A diferencia de las fotografías que circularon en la prensa roja del cuerpo abandonado en una calle, estas imágenes habían sido tomadas en el sótano del Semefo. Alguien del propio gobierno estatal las había filtrado.
La combinación de las brutales fotografías, la evidente participación de empleados de gobierno en el caso y el posterior descubrimiento de una narcomanta del Cártel Jalisco Nueva Generación adjudicándose el fatal secuestro provocaron pánico entre las élites veracruzanas, que desde tres años viven con temor la posibilidad de ser los siguientes secuestrados, especialmente en ciudades como Orizaba, Córdoba, Xalapa, Ciudad Mendoza y Coatzacoalcos.
El caso de Susana Carrera fue el secuestro de alto impacto más reciente, justo cuando en Ciudad de México y Estado de México repuntaban las denuncias en redes sociales y en ministerios públicos por intentos de secuestro en el Metro y calles cercanas a estaciones, así como reportes de niñas y mujeres desaparecidas y luego encontradas asesinadas, como sucedió con Giselle, de 11 años, en Chimalhuacán, Estado de México.
No se trata de noticias aisladas, sino de una tendencia que esta semana denunció la organización civil Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace: entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se registró un inusual repunte de este delito de casi 50% en todo el país. Crecieron secuestros, las víctimas y los detenidos a nivel nacional.
Los estados más golpeados, en números absolutos, son Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. En tasa por cada 100 mil habitantes, los focos rojos se prenden en Veracruz, Morelos y Tamaulipas.
¿Por qué repuntó el secuestro en México con tanta fuerza? ¿Quiénes estarían detrás y por qué justo al inicio del primer año de un nuevo gobierno federal?
Para Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación FIND, dedicada a combatir desapariciones y feminicidios, una primera explicación a la ola de secuestros estaría en la estrategia que en diciembre del año pasado lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustibles.
"Las bandas del huachicoleo no son grupos pequeños, sino grupos del crimen organizado que obtienen millonarios recursos de ese delito. Cuando sus ingresos son amenazados y se les impide recuperarlos, por ejemplo, parando los ductos, es altamente probable que rápidamente se muevan a otros delitos de fácil y rápida recaudación, como los secuestros", señaló Estrada.
Ese "efecto hormiga" que hace que un grupo criminal se mueva de un delito a otro para compensar sus ingresos, dijo, ya lo hemos visto antes, cuando la estrategia de decomiso de drogas del expresidente Felipe Calderón provocó un aumento en las extorsiones a empresarios.
Gabriel Regino, criminólogo y exsubsecretario de Seguridad Pública en CDMX, tiene otra hipótesis: detrás del repunte estarían las primeras señales de una recesión económica.
"Cuando se presenta una variable en las dinámicas de crímenes, hay que ver los cambios sociales. Diciembre es un mes complicado por los gastos de la época navideña y suele tener consecuencias en enero, especialmente en los delitos patrimoniales y los que tienen que ver con tener dinero: robo a transeúnte, robo a casa habitación, extorsión y, por supuesto, secuestro".
"Hay que ver qué otros delitos están creciendo en paralelo con el secuestro y entonces podemos trazar una estrategia completa, que atienda el alza de delitos patrimoniales".
Samuel González, abogado penalista y asesor en organizaciones dedicadas al combate de la inseguridad, propone una tercera causa: las liberaciones de presos bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
"Estamos viendo que muchas personas que estaban presas por secuestro están de vuelta en las calles, ¿por qué? Porque se violó su debido proceso, porque los policías hicieron mal las consignaciones, porque no se aportaron pruebas legítimas, pero reales, en su contra. Y eso ha generado que muchas personas sean liberadas, aunque haya evidencias en su contra. Y van a la calle a delinquir", señaló.
González, quien ha representado a numerosas víctimas de secuestro, está convencido de que las fallas en los aparatos de procuración de justicia están apareciendo ahora, junto con los altos índices de homicidio.
Teníamos a los criminales tras las rejas y, ahora,caminan entre nosotros.
fuente.-
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