Este lunes 25 de marzo será la audiencia final en la que el general (retirado) Ricardo Martínez Perea y sus abogados buscarán ganar el incidente de Reconocimiento de Inocencia con el que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá reintegrarle los haberes y sobre haberes que le fueron retenidos durante los 15 años que estuvo en prisión, más otros tres que duró el proceso para sentenciarlo por delitos contra la salud.
Además, la Sedena tendría que reconocerle el grado que ostentaba al momento de ser detenido, así como las prestaciones de ley a las que tuvo derecho toda vez que, pese a la sentencia condenatoria, sus distintos defensores evidenciaron que la Procuraduría de Justicia Militar nunca logró demostrar sus acusaciones en su contra por nexos con el Cártel del Golfo (CDG) que encabezaba Osiel Cárdenas Guillén.
Un amparo definitivo –el 142/2017– ganado en octubre de 2018 tras el fallo del Tercer Tribunal en Materia Penal de la Ciudad de México, les dio la razón en contra de la Procuraduría General de Justicia Militar.
El tribunal concluyó que las pruebas en las que se basaron las acusaciones fueron inconsistentes, algunas sin sustento y otras provenían de testigos de oídas y no de testigos directos, de gente a la que le hubieran constado en realidad los hechos, señala el abogado Eduardo Navarrete Montes, quien desde 2016 lleva la última etapa del caso.
El defensor es Teniente Coronel de Infantería del Ejército Mexicano, licenciado en Justicia Militar, y tomó el caso un año después del que el general y sus coacusados fueron liberados de la prisión federal de las Islas Marías, en abril de 2015.
“El tribunal militar ya no tiene nada más que alegar, no hay más recursos que interponer y, lo más importante, el Tribunal Superior Militar no puede fallar en contra de lo que ya decidió una instancia superior como lo es el Tercer Tribunal en Materia Penal, que ya se pronunció señalando que con las pruebas presentadas en contra del general y sus oficiales no se demostró nunca la existencia del delito”, señala Navarrete.
Vía fax
El caso del general Ricardo Martínez Perea fue emblemático en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada y en los siguientes años, porque su detonante tuvo como marco las declaraciones del entonces mandatario en el sentido de que su llegada al poder abriría una nueva era de combate a la corrupción y que habría una limpia en todas instituciones del Estado, empezando por los militares.
Al general Martínez Perea, al capitán Pedro Maya Díaz y al Teniente Antonio Quevedo Guerrero los acusaron de colaborar con el CDG sacando de operación a competidores de otros cárteles, asegurando cargamentos de droga, armas y dinero e interviniendo propiedades.
La denuncia fue hecha vía fax, enviada desde una papelería cercana al campo Militar Número 1-A, elaborada en forma anónima, con señalamientos inconsistentes –nombres y grados y cargos incorrectos e incompletos–, situaciones y hechos erróneos y acusaciones basadas en datos sin sustancia. En la denuncia anónima nunca se menciona al general Martínez Perea.
El general era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada 16 (RCM) con sede en Reynosa, Tamaulipas, y se coordinaba con el capitán Maya y el teniente Quevedo para realizar operativos en la zona de los municipios de Miguel Alemán y Guardados de Abajo, controlados por el CDG y en particular por Gilberto García Mena El June, quien trabajaba para Osiel Cárdenas.
El general y sus subalternos fueron detenidos en la primera semana de abril de 2001 y trasladados a la prisión del Campo Militar Número 1-A, en donde se les notificaron los cargos en su contra y quedaron en espera del Consejo de Guerra Ordinario, que se efectuó en marzo de 2003, dos años después de su detención.
Los señalamientos en su contra se centraron en el hecho de que en los aseguramientos nunca había detenidos. Además, a él y a sus subalternos se les acusaba de subirse a coches extraños a tomar cervezas con otras personas y se les señalaba por hacer uso de salas de masaje…que no existían.
Fueron muchas las acusaciones de este tipo, todas infundadas y sin testigos directos, todo era de oídas y nunca fueron ratificadas, explica el abogado Eduardo Navarrete. Todo lo fuimos tirando en amparos y con peritajes y demostrando que las acusaciones no tenían fundamento y no había ni hubo nunca manera de demostrarlas, la fiscalía militar nunca demostró los señalamientos, señala.
Tras permanecer once años en prisión y ante las negativas y la cerrazón de las diversas instancias de justicia militar para que se le aceptaran las pruebas que demostraban su inocencia, el general Martínez Perea y sus abogados comenzaron el 2013 promoviendo el incidente de Reconocimiento de Inocencia a fin de avanzar en el caso por una doble vía. Sin embargo, las cosas siguieron estancadas.
Fabricando culpables
En 2016 el Supremo Tribunal Militar aceptó la realización de un peritaje que la defensa del general propuso para hacerse de más elementos de descargo. El Capitán 1° de Justicia Militar y Criminalista (en retiro) Fernando García, hizo el peritaje en el que concluyó, revisando en detalle todas las declaraciones y periciales recabadas exclusivamente el inicio de las investigaciones, que no existían elementos que vincularan al general y a los subalternos con actos ilícitos y mucho menos con actividades de protección a cárteles de la droga.
El capitán García concluyó, con base en las declaraciones de los agentes de judiciales militares, que desde el inicio no se investigó la procedencia el fax, no se revisaron detalles como el número telefónico impreso en la hoja de envío y otros datos “de gran valor” para la investigación que encabezó el entonces capitán Juan Carlos Rivera Medeles.
Entre los primeros datos surgidos en el proceso contra el general y los oficiales, se aseguró en acusaciones anónimas que el capitán Pedro Maya y el teniente Antonio Quevedo estuvieron internados en una clínica del poblado de Miguel Alemán junto varios militares debido a una intoxicación por consumo de cocaína.
El internamiento habría ocurrido en julio de 2001, según las versiones recogidas por personal judicial militar, sin embargo un dato confirmado por la defensa de los acusados echó abajo las denuncias: en las fechas señaladas por los denunciantes, los oficiales estaban en San Luis Potosí, en un curso de adiestramiento y operaciones especiales.
De hecho, la forma de llevar la investigación por parte de Rivera Medeles y los otros agentes judiciales militares, es cuestionada por el capitán García, quien destaca en su dictamen las declaraciones de los militares reconociendo que las 25 personas (civiles) de quienes obtuvieron datos sobre el general Ricardo Martínez Perea y los oficiales Antonio Quevedo y Pedro Maya, fueron casi al azar, incidentales.
En su declaración del 17 de septiembre de 2001, Rivera Medeles contestó así al cuestionamiento de los abogados del general: “Que diga el compareciente cómo seleccionó a las personas entrevistadas en Miguel Alemán y que refiere le aportaron datos para la investigación.-Pues uno se acerca al lugar y comienza a obtener conversaciones con personas que pueden ofrecer una información” (sic).
El dictamen pericial concluye que “de las constancias de autos no se advierte ninguna relación del General RICARDO MARTÍNEZ PEREA con los hechos que supuestamente se denunciaron en el documento anónimo, en el que tampoco se hace alusión a su nombre o cargo que desempeñaba como Comandante del 21/o. Regimiento de Caballería Motorizado”.
En el último párrafo agrega que “de los análisis llevados a cabo por el suscrito no se desprende la existencia de ningún nexo indiciario con el cual se pueda relacionar al General RICARDO MARTINEZ PEREA con los hechos que se le imputaron”.
Y sobre el fax anónimo señala que tampoco se encuentra la existencia del hecho material que sirvió de base para su condenación, “además de que resulta inconsistente con los hechos realmente realizados por el General Ricardo Martínez Perea cuando fue Comandante del 21/o. Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde aseguró bienes notoriamente de gran valor pertenecientes a líderes del Cártel del Golfo, entre ellos cuatro ranchos, tres residencias, armas, droga e individuos que se informó, Cártel al que se dice sin sustento en su condenación protegía dicho General, o con los cuales se dice colaboró”.
El peritaje fue tomado en cuenta por el Supremo Tribunal Militar, pero no sirvió para que los jueces cambiaran su decisión y se avanzara en el incidente de Reconocimiento de Inocencia.
Así, en 2017 el teniente Coronel Eduardo Navarrete promovió un juicio de amparo (142/2917) ante el Tercer Tribunal en Materia Penal de la Ciudad de México, instrumento que pasó meses en espera de una última revisión que llegó en octubre de 2018, con un fallo favorable al general Martínez Perea y que, técnicamente, obligaría al Tribunal Superior Militar a ratificar o fallar en el mismo sentido, dándole curso al incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido desde 2013.
No hay otro fallo posible, porque antes que el del general se promovió un amparo definitivo para el capitán Pedro Maya exactamente en los mismos términos y el amparo fue ganado con los alegatos y las pruebas que se aportaron también en el amparo del general, explica el abogado Navarrete.
El capitán Maya ya fue absuelto por completo, fue declarado en libertad absoluta y ahora esperamos que el Tribunal Superior Militar sea coherente con el fallo del tercer Tercer Tribunal en Materia Penal y concluya que sí es procedente el Reconocimiento de Inocencia para el general, porque ya se demostró que su caso fue fabricado y que era inocente de los delitos que lo tuvieron a él y a sus subalternos en prisión durante 15 años de condena más otros que duró el proceso, añade el teniente coronel.
fuente.-Jorge Medellín/
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