Con 110 votos a favor, el Senado de la República aprobó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, para permitir la creación de figuras como la inhabilitación temporal o la “muerte civil” de funcionarios que han cometido actos de corrupción.
Con esta aprobación, los funcionarios que hayan cometido dicho delito, ya no podrían ocupar cargos públicos de manera permanente o temporal.
Las faltas administrativas graves de servidores públicos, que daría “muerte civil” a los funcionarios son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
El proyecto estudiado en el Senado explicaba que la meta es que “los servidores públicos o particulares serán inhabilitados de forma permanente para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales”.
Además, determina niveles de corrupción, pues en las sanciones se busca mantener la inhabilitación temporal, cuando tales actos no causen daños, perjuicios o lucro, y se indica que la pena sería de tres meses y hasta un año, y en caso de que el monto de la afectación no exceda 200 veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), la penalización sería de uno hasta 10 años. MM
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