Luis González de Alba lo bautizó como el síndrome del 68: la incapacidad crónica del Estado para aplicar la fuerza en contra de bloqueos, manifestaciones o cualquier otro tipo de protesta que afecte los intereses de la nación.
No es un síndrome propio de la izquierda, es un trauma nacional: La dupla Fox-Creel renunció al uso de la fuerza en contra de los macheteros de Atenco porque, así lo argumentaban, no querían pasar a la historia como represores. Es de aplaudir la voluntad de la negociación sobre la del ejercicio de la violencia, pero renunciar al uso de la fuerza legítima termina por negar al Estado y arrinconar a cualquier Gobierno.
El bloque de las vías de tren es un delito federal. Eso ya lo sabemos, a nadie le importa, ni siquiera a la secretaria de Gobernación que fue ministra de la Corte, ni al gobernador que se hace el desentendido, ni al Presidente de la República que insiste en que el problema es del Gobierno del Estado. López Obrador dijo, literal, que no había podido hablar con el gobernador Aureoles porque éste andaba de viaje en España; al parecer en la 4T no hay 4G y una llamada a España para resolver un problema que cuesta mil millones de pesos al día es un derroche. Hay, desde donde se vea, una falta de voluntad política para resolver el problema.
Si López Obrador abre la chequera no habrá manera de parar una y otra manifestación durante todo el sexenio
Los líderes de esa sección radical de la CNTE (también entre radicales hay niveles) le están tomando la temperatura el Presidente. Al gobernador de Michoacán le importa un bledo, no porque carezca de importancia sino porque los recursos están en el presupuesto federal y es a éste al que están chantajeando. Si López Obrador abre la chequera no habrá manera de parar una y otra manifestación durante todo el sexenio; si los desaloja y abre las vías lo van a etiquetar de represor y van a tratar de deslegitimarlo.
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El resultado es un espectáculo patético: el Gobierno federal y el estatal echándose la culpa y forzando el uno al otro que sea él quien utilice la fuerza pública para aplicar el Estado de derecho, cuando lo que deberían estar haciendo es trabajar juntos para la solución inmediata del problema. Vamos a suponer que hay algo de legítimo en los reclamos de los maestros y que efectivamente tuvieron que hacer este tipo de acciones radicales para ser escuchados: (que nadie se desgarre las vestiduras, todos lo han hecho: los panistas en reclamos de elecciones libres, los perredistas y morenistas alegando fraudes; los campesinos del PRI pidiendo tratos justo, etcétera), pero una vez sentados a negociar no debería el Gobierno tolerar un solo día de bloqueo, a menos que existan, como se acusan mutuamente el gobernador y el Presidente, agendas ocultas.
Fuente.-(diego.petersen@informador.com.mx)
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