Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó los archivos clasificados sobre el expediente del juicio condenatorio contra Mario Aburto por el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Entre los pormenores de los documentos esta una declaración del 29 abril donde Aburto relató una supuesta llamada del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Se acercó al declarante un agente que sin ser notado por sus compañeros le dijo que el presidente Salinas de Gortari estaba en el teléfono y quería negociar con él. Y que lo que el declarante quisiera el presidente se lo iba a dar, pero que el de la voz tenía que prestarse a lo que él dijera y que de preferencia dijera que le había pagado un partido político, se observó en el expediente.
El expediente de más de 9 mil hojas se puede consultar en el micrositio de MCCI contiene careos, testimonios, fotografías y videos ordenados en 10 capítulos; también aparecen las pruebas presentadas por la defensa de Aburto, dictámenes oficiales, partes policiales, declaraciones y recreaciones.
Una de las revelaciones indica que los escoltas de Colosio Murrieta, Fernando De la Sota y Alejandro García Hinojosa pertenecientes al Grupo Omega, cambiaron su versión de los hechos, incluso el juez notó “prepotencia” del ex agente García Hinojosa durante el careo con Mario Aburto.
Otra revelación fue que Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaria de Gobernación (CISEN), fue detenido por llevar manchas de sangre de Colosio en su chamarra, quien aseguró en primera instancia que no portaba armas, sin embargo en la prueba de Radizonato de Sodio se confirmó que el agente tenía plomo en las manos.
MCCI recordó que el único documento oficial que podía ser consultado eran los cuatro tomos públicos que contienen un resumen de las investigaciones que se llevaron a cabo para esclarecer el magnicidio y fueron publicados en el año 2000 por el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez.
En noviembre del año pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revocó la reserva que se mantuvo sobre el expediente durante 25 años y ordenó hacerlo público, pues se trata de un asunto de interés general.
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