El PRI nacional inició un proceso contra el ex Gobernador Rodrigo Medina y tres Mandatarios próximos a concluir su periodo que podría culminar con sus expulsiones del partido.
Tras haber admitido una solicitud
de expulsión de un militante tricolor contra Medina, por la investigación de la
Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, que derivó en su vinculación a proceso,
la Comisión Nacional de Justicia del PRI requirió al órgano estatal pruebas de
las imputaciones en su contra.
Aunado a eso, la Comisión también
dio entrada a una solicitud de expulsión, por presuntos actos de corrupción, en
contra de los Gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de
Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.
Fernando Elías Calles, presidente
de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, señaló que, además de
notificarles sobre los procesos a Medina y a los tres Mandatarios estatales,
deberán darles derecho de audiencia.
Los procedimientos son a raíz de
denuncias presentadas en julio por el consejero político nacional Armando
Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en
su caso, la expulsión de los cuatro priistas.
Aunado a la solicitud de Barajas,
un grupo de priistas de Nuevo León, encabezado por Abel Guerra, también pedirán
que se le suspendan sus derechos partidistas a Medina.
Elías Calles señaló que están en
espera de que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI de Nuevo León aporte
elementos de prueba sobre las acusaciones contra Medina, ya que, al igual que
la de los Gobernadores, fueron sustentadas en notas periodísticas.
"Solicitamos que (la
comisión estatal tricolor) nos informe al respecto y que nos acompañe, si es
posible, las pruebas contundentes", informó.
"Estamos esperando que nos
regrese la Comisión la información que le requerimos".
Sin precisar plazo, señaló que,
ya que reciban la información, Medina y los Gobernadores serán citados a una
audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, y después los siete
miembros de la Comisión tomarán una decisión.
El 9 de agosto, Medina fue
vinculado a proceso por uso indebido de funciones, uno de los tres delitos que
le imputa la Subprocuraduría Anticorrupción estatal por el otorgamiento de
incentivos ilegales para la instalación de la armadora coreana Kia.
Para su caso, por estar sujeto a
proceso, el Código de Justicia del PRI señala que podría determinarse la
suspensión temporal de sus derechos como militante mientras se dicta una
resolución definitiva.
En el caso de los Gobernadores,
la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones y denuncias interpuestas por
la propia Auditoría Superior de la Federación.
Los estatutos del PRI y su Código
de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, el cometer
faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Fuente.-
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