Con motivo de la apertura de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura, este 1 de septiembre el presidente Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión el informe en el que manifestará el estado general que guarda la administración pública y en la siguiente semana deberá remitirse también la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Sin restar importancia al contenido del Informe, considero que las propuestas para la obtención de ingresos y el proyecto de ejercicio del gasto público cobran una mayor relevancia, especialmente ante el difícil escenario macroeconómico en el que se encuentra nuestro país, del que ya advertíamos al final de nuestra colaboración anterior.
Ejemplos de este complejo panorama económico en que se encuentra el país hay varios: el cambio de “estable” a “negativo” en la perspectiva que la calificadora Standard & Poor’s tiene respecto del endeudamiento del gobierno mexicano, y que coincide con la estimación hecha por Moody’sapenas en marzo; súmenle además el anuncio del INEGI respecto a que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída, en términos reales, de menos dos puntos porcentuales[1], finalizando así con una racha a la alza de 11 trimestres consecutivos y siendo el peor comportamiento de este indicador desde 2013.
Como si lo anterior no fuera suficiente para recibir con escepticismo las “cosas buenas” que se publicitarán en el 4to Informe de Peña. Las noticias tampoco son alentadoras para el bolsillo de las familas mexicanas: apenas el sábado la Secretaría de Hacienda anunció otro “ajuste” a la alza en los precios máximos de los combustibles, que coincidirá con al aumento que laComisión Federal de Electricidad aplicará en las tarifas eléctricas de los sectores industrial, comercial y doméstico de alto consumo.
Estos aumentos, de acuerdo con datos del INEGI, han impulsado la tasa anual de inflación hasta 2.8%, muy cercano a los límites de +/- 3% establecidos por el Gobierno para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
Hace unas semanas, ya habíamos señalado que el Presupuesto de Gastos Fiscales constituye una de las áreas más sensibles en el diseño de la iniciativa de la Ley de Ingresos, pues se trata de la suma de los montos que el Gobierno Federal deja de recaudar por tratamientos fiscales especiales y diferenciados, y que, por cierto, han ido incrementándose durante la actual administración: en 2014 dejaron de recaudarse 454 mil 488 millones de pesos (MDP), en 2015 la cantidad subió a 532 mil 207 MDP y, para 2016, los “perdones” fiscales alcanzarían 670 mil 323 MDP; para la Presidencia de la República, Hacienda y el propio Congreso, al parecer, tales cuestiones carecen de relevancia y no merecen un análisis responsable y profundo, en el marco de la discusión del Paquete Económico.
Por otro lado, a la luz de los “gasolinazos” anunciados a inicios de este mes, habíamos llamado a la reflexión respecto de algunos factores que han influido directamente en la ineficiente política pública en materia de combustibles que tenemos en el país.
Ahondando sobre el tema, y relacionándolo con el Paquete Económico 2017, es oportuno señalar que las Entidades Federativas deberán poner mayor atención a las fórmulas de distribución de las participaciones federales relacionadas con la explotación y exportación de hidrocarburos, así como por la cuota estatal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que les corresponde por la venta de gasolinas y diésel.[1]
Esto, debido a que el Gasto Federalizado Nacional se compone de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, esencialmente por el Ramo 28 “Participaciones Federales” y el Ramo 33 “Aportaciones Federales”, representan poco más del 80% del gasto federalizado, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
En cuanto a las participaciones del Ramo 28, la SHCP ha insistido en que, comparado con 2015, el incremento de 7.1% en la recaudación federal participable ha tenido como consecuencia que las participaciones pagadas a las Entidades Federativas crecieran en 8.1 por ciento.
Sin embargo, al analizar a detalle las cifras, se advierte que los recursos correspondientes al Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) –que se entrega a los estados que desarrollan actividades de extracción de petróleo y gas– registran un desplome del 46.4%, mientras que las participaciones pagadas a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (para municipios colindantes con la frontera o litorales donde se exportan los hidrocarburos) también registraron una abismal caída del 45.8 por ciento.
La caída registrada en el FEXHI ha afectado principalmente a Chiapas, con una reducción del 150% de las participaciones pagadas del segundo trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2016, seguido de Veracruz y Tamaulipas con -67.5% y -65.4%, respectivamente. Campeche tiene una disminución de 48.7% mientras que Tabasco registró 39.2% a la baja.
Es decir, sin considerar a Chiapas, las entidades federativas que reciben recursos del FEXHI tienen en promedio 56.70% menos de lo que obtuvieron en 2015.
El escenario es similar en el caso de los municipios por los que se exportan hidrocarburos: al hacer el cálculo de cada entidad federativa, Campeche y Veracruz registran caídas en el pago de participaciones de 64.2% y de 61.7% respectivamente, mientras que en Coahuila se observa una baja del 59.7% y en Tamaulipas del 53.6%, finalizando 21.5% menos recursos para Oaxaca.
Respecto del gasto relacionado con el cobro de la cuota estatal del IEPS por la venta de gasolinas y diésel, las entidades federativas con mayores mermas en el pago de participaciones han sido Hidalgo (-43.9%) Baja California (-32.1%) Baja California Sur y Campeche con caídas similares de -14.7% y de -14.0 por ciento.
Los ejemplos antes señalados, hacen evidente la urgencia de que los diputados y senadores no permitan que su responsabilidad se limite a la negociación “electorera” hacia el 2018, sino que implementen un análisis con precisión metodológica y rigor técnico profundo en el análisis del Paquete Económico para 2017.
En este esfuerzo será indispensable que se permita la participación activa de las instituciones académicas, la sociedad civil organizada y los organismos internacionales que, desde hace años, han insistido en ser parte de la conformación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, especialmente si los órganos técnicos del Congreso (Comisiones, Centros de Estudios o Institutos de Investigación) carecen de la capacidad suficiente para proveer a los legisladores de insumos técnicos para plantear escenarios, prospectivas y proyecciones financieras diversas a las que presenta la Secretaría de Hacienda.
Fuente.-@JVillalobosS La Sillarota
@OpinionLSR
[1] Al comparar el cierre del segundo trimestre de 2016 con el cierre del primer trimestre de este año.
[2] El 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que con la finalidad de fortalecer el federalismo fiscal y aumentar la recaudación de los estados y los municipios se autorizó la aplicación de una cuota final a la venta de gasolinas y diésel.
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