La PGR se deshace de 55 testigos
que hundieron a políticos, generales...
La limpieza inició en 2012; ese año dio de baja a los primeros 13; todos
los acusados quedaron en libertad por falta de pruebas.
En el sexenio anterior, la entonces procuradora Marisela Morales les dio
casa, auto, salarios de $50 mil al mes, y hasta cirugías estéticas
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La Procuraduría General de la República (PGR) reveló ayer que en los
últimos tres años dio de baja a 55 de los 66 testigos protegidos que se
usaron para diversos casos como el Michoacanazo, las acusaciones contra
generales del Ejército Mexicano, y el del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez.
La mayor parte de las acusaciones que se sostuvieron con los testimonios
de estas personas finalmente los perdió el Ministerio Público federal ante la
falta de pruebas que apoyaran lo que decían.
Pese a ello, durante el tiempo en que fungieron como testigos protegidos,
la dependencia federal les proporcionó a cada uno de ellos casa, autos,
comida, seguridad, además de un pago de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales
como remuneración económica.
La instancia que encabeza Arely Gómez informó ayer que los 55 testigos
dados de baja representan el 83.3 por ciento del Programa de Protección a
Personas. La limpieza inició desde el 2012, cuando se despidió a los primeros
13. Para 2014 se quedó con 40, y a principios de este año únicamente con 14.
Este miércoles la PGR informó que el Comité de Evaluación de los Lineamientos
para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR dio de baja a otros
tres.
Y es que la procuradora consideró que era necesario evitar que los
ministerios públicos abusaran en el empleo de la figura de los testigos
protegidos.
En su opinión, en administraciones pasadas era una práctica recurrente
que las investigaciones en contra de presuntos delincuentes, miembros del
crimen organizado, se sustentaran en el uso de los testigos, sin buscar algún
otro soporte.
Por este motivo, explicó, “en el marco del eje rector de actuación
relativo a la procuración de justicia eficaz y eficiente, ninguna
averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse
sólo con el dicho de un testigo colaborador; por el contrario, de ser el
caso, tendrán que auxiliarse con otros medios de prueba”.
Entre los casos que la PGR perdió tras basar sus acusaciones en los
testimonios de testigos protegidos, se encuentra la acusación contra cinco
miembros del Ejército Mexicano, entre ellos tres generales, los cuales
supuestamente protegieron a narcotraficantes durante el sexenio de Felipe
Calderón.
El testigo protegido conocido como Jennifer los acusó a todos de formar
parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el grupo delictivo al que él
perteneció. Sus declaraciones los llevaron a prisión. Al final todos quedaron
en libertad, pues la acusación no pudo sustentarse.
Lo mismo sucedió con el llamado Michoacanazo. El testigo con nombre clave
Emilio, quien fue miembro de La Familia Michoacana, sirvió para que en 2009
el Ministerio Público de la entonces Subprocuraduría Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) acusara de narcotráfico y delincuencia
organizada a 35 funcionarios de esa entidad.
Alcaldes, comandantes de la policía ministerial, oficiales municipales, y
dos ex subprocuradores fueron acusados de formar parte de la organización
criminal, por lo que la PGR los encarceló. Al igual que en el caso de los
generales, todos quedaron en libertad con el paso del tiempo, pues no hubo
más pruebas en su contra que los dichos de los testigos.
fuente.-
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