Al menos ochenta funcionarios federales y estatales han sido facultados en el último año por sus superiores para requerir a las telefónicas la entrega de datos que no incluyen el contenido de las comunicaciones.
La información a la que sí tendrán acceso es su origen y destino de la comunicación, domicilio del suscriptor, tipo de servicios utilizados y código de fabricación de los equipo, entre otros.
El pasado 11 de noviembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó los lineamientos para que las concesionarias colaboren con las autoridades en el ejercicio de esta facultad, que la ley asigna a cualquier "autoridad competente", sin aclarar su nivel, atribuciones o gravedad de conductas que investigan.
Al menos once Procuradurías locales, una Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) han designado a funcionarios que pueden aprovechar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El Estado de México y Veracruz, con 32 y 12 designaciones, respectivamente, concentran a más de la mitad de los funcionarios habilitados, pues facultaron a todas las unidades de sus Procuradurías, no sólo a las que llevan las investigaciones de delitos graves.
Baja California faculto a tres directivos de la SSP estatal, que no son fiscales, sino policías.
En la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera también puede aprovechar este recurso, lo que ya provocó por lo menos un amparo para resistir un requerimiento de esta dependencia, por parte de la telefónica Alestra.
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