En México los resultados de las pruebas de control y confianza hechas a los altos mandos de seguridad pública incumplen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ve con preocupación que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) haya negado a un ciudadano los resultados de dichas pruebas, en un contexto donde las instituciones de seguridad atraviesan la perdida de credibilidad, de acuerdo con distintas encuestas.
“Yo te diría hay una gran pérdida de confianza en las instituciones de seguridad pública. De acuerdo con estadísticas de Latinbarómetro, alrededor del 50 por ciento de los mexicanos no cree que el Estado tenga capacidad de afrontar los problemas de seguridad, el 78 por ciento desconfía de la policía, el 80 por ciento de la policía estatal y el 76 por ciento del Ministerio Público”, expuso el Comisionado del INAI, Joel Salas Suárez.
De esta cuenta el INAI notificará esta semana al Cisen sobre una resolución en la que instruye hacer públicos los resultados de control y confianza de 376 altos mandos de los tres niveles de gobierno.
Entre ellos se cuentan los titulares de las secretarías de seguridad pública y procuradurías de justicia, así como a los subsecretarios, subprocuradores y responsables de las policías preventivas y ministeriales.
Los exámenes de control y confianza son evaluaciones ordenadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y coordinados por el Cisen. Pero, ante la petición de un particular de saber los nombres de los altos mandos los resultados de sus pruebas entre el 2006 y agosto de 2015, el Cisen se negó a dar la información.
La dependencia argumentó que no cuenta con el desglose requerido y precisó que la estructura orgánica y nombres de servidores públicos, están clasificados como reservados por un periodo de 4 años.
“Nosotros decimos que no aplica la reserva porque los servidores públicos. De acuerdo mediante el cual se le otorgan los recursos económicos a los estados y los municipios, los servidores públicos sujetos de la transparencia de esa información son los altos mandos”, dijo Salas.
Ante la respuesta de la Cisen, el particular acudió a una revisión del caso por parte del INAI. Y en una primera instancia el Cisen alegó que no podía dar dichos datos porque de hacerlo “vulneraría la reserva de estructura y directorio hecha valer por este órgano desconcentrado, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos adscritos a este Centro”.
Sin embargo, Salas explicó en la entrevista dada a SinEmbargo que saber los resultados de quienes dirigen las dependencias no pone en riesgo sus vidas, porque a diferencia del resto de elementos de seguridad, sus datos sí deben ser públicos de acuerdo a la Ley de Transparencia.
“O imagínate que un titular de seguridad pública no salga a dar su nombre a la hora de dar conferencias para decir qué pasó en un operativo, pues ahí hay una contradicción”, agregó Salas.
Las pruebas incluyen evaluaciones de prueba de polígrafo o detector de mentiras, psicológica, exámenes toxicológicos, físicos, socioeconómico y de conocimientos para desempeñar su cargo, además de prueba físicas para evaluar la identidad de los que se someten a la prueba como son huellas dactilares entre otras.
Fue el Presidente Felipe Calderón el responsable de iniciar las pruebas en el 2010. La razón en su momento fue la necesidad imperante de romper los vínculos de las fuerzas de seguridad con el crimen.
Sin embargo, en numerosas ocasiones los elementos han argumentado ser despedidos de forma injustificada a raíz de los resultados de estas pruebas y algunos defensores de los derechos de los policías, como el ex diputado federal del partido Movimiento Ciudadano José Francisco Coronato argumentaron en la pasada legislatura que la prueba del polígrafo era una forma de tortura.
Datos de la Segob revelaron en el tercer informe de actividades, que la evaluación de los centros de control de confianza se calificaron a 49 altos mandos, mientras que se evaluaron 327 funcionarios responsables de los procesos en estos centros.
En febrero pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio conocer a través del Diario de la Federación (DOF) que asignaría a las entidades federativas un total de 2 mil 759 millones de pesos para la aplicación de pruebas de confianza en instituciones de seguridad y lograr cuerpos policiacos más eficientes.
Sin embargo la dependencia aclaró que los recursos serían entregados en tres partes, y estarían sujetos al cumplimiento de las metas entre las cuales estaba bajar los delitos y lograr efectivos acreditados.
Detalló que la primera entrega de este subsidio sería del 40 por ciento para el cumplimento de trámites, mientras que otro 40 por ciento estaba condicionada a que “ se acredite el cumplimento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de las administraciones locales.
De ese modo el Estado de México obtuvo recursos por 190 millones de pesos, seguido del Distrito Federal con 174 millones, Veracruz con 119 y Chihuahua con 102mdp, dentro de las entidades que más recursos recibieron para este propósito.
Además existe el subsemun el cual ha crecido en sus beneficiarios al pasar de tres mil 589 millones de pesos en 2008 a mil 733 el año pasado, mientras que el programa de Fortalecimiento de las evaluaciones de confianza que pasó de 2.14 por ciento a 6.79 por ciento del gasto total, según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Salas refirió que a partir de la notificación la Cisen tendrá siete días en los que podría utilizar un último recurso, pedir la intervención de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que respalde la negativa a entregar la información, pero prevé que es poco viable que esto suceda.
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