- Después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
MEXICO D.F 21/Sep/2014 (apro) Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.
El gobierno de Enrique Peña Nieto había optado por el silencio, pero luego de que Washington le pidió una investigación creíble en torno a la muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, ya no pudo mantener oídos sordos ante las versiones de la prensa nacional e internacional en el sentido de que se trató de una ejecución extrajudicial masiva.
Tuvo que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no concluye.
La Sedena insistió en que los efectivos del Ejército repelieron una agresión la madrugada del 30 de junio cuando patrullaban cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en la frontera con el estado de Guerrero. Pero dijo estar dispuesta a una investigación para llegar al fondo del asunto conforme a derecho.
“El Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los Derechos Humanos de los Ciudadanos”, señaló en su breve comunicado.
En el mismo tenor, la PGR aseveró que ha iniciado una averiguación previa y que está en la etapa de indagatorias con un equipo de especialistas en diversas disciplinas para saber si las conductas de los implicados se apegaron a derecho.
“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, agregó.
Al que sí escuchan
La Sedena y la PGR quedaron obligadas a fijar su postura horas después de que el Departamento de Estado le pidió al gobierno de Peña Nieto dar una versión creíble de lo ocurrido en Tlatlaya, ante las versiones de prensa de que no fue un enfrentamiento, como dicen los militares, sino una ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes.
El pasado viernes 19, el gobierno de Estados Unidos pidió el esclarecimiento del caso luego de que la edición mexicana de la revista Esquire publicó un testimonio de una de las víctimas que ratifica lo difundido semanas atrás por la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP), en el sentido de que se trató de un “fusilamiento” extrajudicial cometido por el Ejército.
El vocero del Departamento de Estado, Jeff Ratkhe, dijo que el gobierno estadunidense está siguiendo el caso desde hace dos meses y medio, cuando el propio Ejército mexicano lo dio a conocer.
“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, declaró el portavoz el viernes 19, según reportó el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel.
Como parte de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama está obligado por el Congreso de ese país a supervisar que la ayuda militar a México esté supeditada al respeto a los derechos humanos.
“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidista en el Congreso; es por ello que mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, declaró Ratkhe.
“Desde junio venimos siguiendo este caso y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, señaló el vocero.
El lunes 30 de junio, en un escueto comunicado, la Sedena informó que la madrugada de ese día soldados de la 22/a zona militar “abatieron” a 22 secuestradores en un enfrentamiento. Además, reportó, los militares liberaron a tres mujeres secuestradas y aseguraron 38 armas, incluidas algunas de alto poder. La Defensa Nacional aseveró que los militares respondieron a un ataque.
Pese al número de presuntos delincuentes y el armamento que el Ejército dijo haber asegurado, sólo un militar fue reportado con una herida que no ponía en peligro su vida.
Ni el Ejército ni el gobierno de Peña Nieto esperaban que su versión fuera puesta en entredicho por la prensa internacional. Primero fue la agencia AP, que a menos de dos semanas de los hechos publicó un reportaje en el que mencionaba que los “abatidos” pudieron haber muerto por fusilamientos. Ante esa información, la influyente organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, pidió en ese momento al gobierno de Peña Nieto “una investigación imparcial y efectiva”.
El tema se reactivó la semana pasada, cuando la revista Esquire buscó a Proceso para publicar conjuntamente, en sus respectivas páginas electrónicas, un reportaje en el que una testigo de los hechos confirmó que 21 de los muertos fueron ejecutados cuando ya se habían rendido y depuesto las armas.
La sobreviviente, cuya identidad fue protegida, aseguró que los soldados sólo mataron a un joven durante el tiroteo, después del cual el grupo se rindió. Pese a ello, los 21 presuntos gatilleros fueron desarmados y llevados a una bodega donde fueron fusiladas:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, declaró la testigo.
Ese testimonio llevó a Human Rights Watch a considerar que –si se confirman las denuncias– lo ocurrido en Tlatlaya es “la peor masacre de civiles por parte de militares” en lo que va del sexenio de Peña Nieto, y a pedirle que proteja a la testigo que habló con el reportero Pablo Ferri, de la revista Esquire.
El mismo viernes 19 la organización Amnistía Internacional (AI) le pidió al gobierno de México “una investigación exhaustiva e imparcial” de la muerte de las 22 personas, entre las que había una adolescente de 15 años.
“Los reportajes publicados en varios medios en los últimos días (…) plantean interrogantes sobre la versión de los hechos presentada por la Sedena y la investigación de los hechos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM)”, señaló la organización internacional que tiene su sede en Londres.
“Es alarmante esta nueva información de 21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado”, abunda AI. Subraya lo publicado por Esquire en el sentido de que la testigo que confirmó las ejecuciones extrajudiciales “fue presionada por representantes de la PGJEM y la PGR para cambiar su testimonio y en cambio apoyar la versión de la Sedena.
“Cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión de estos funcionarios en los abusos”, advierte AI.
Asienta que si es cierto el compromiso del gobierno de Peña Nieto respecto de modificar el combate a la delincuencia para no violar más los derechos humanos ni encubrir a los responsables de tales abusos, “este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles”, sin la intervención del Ejército.
Amnistía Internacional le pidió al gobierno federal que otra unidad o instancia de la PGR reinicie “una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos; y cuando exista evidencia de violaciones a los derechos humanos, los responsables deberán ser llevados ante la justicia”.
Los detonantes
La versión de la Sedena fue puesta en duda por primera vez por la agencia AP. En un reportaje firmado en San Pedro Limón, Tlatlaya, y difundido el 11 de julio, la agencia sugirió que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre pistoleros y militares, sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército.
“Las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado”, se leyó en la información publicada en México y Estados Unidos.
José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo ante esa información que el gobierno de México “debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”.
Después de la publicación de Esquire, Vivanco emitió una declaración el jueves 18: “El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”.
Esta gravísima denuncia, expresó, pone en evidencia que al día de hoy, a casi tres meses de los hechos, “aún hay más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día. El gobierno de Peña Nieto no puede guardar silencio”.
La administración federal decidió hablar luego de la petición del Departamento de Estado, pero, a diferencia de lo señalado por Vivanco, no dio a conocer ningún avance de lo ocurrido.
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