- El gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el pasado 30 de junio. A la par, Amnistía Internacional exigió una investigación “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”, sin la Procuraduría General de la República (PGR).
Este viernes en distintas entrevistas radiofónicas, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la PGR, que encabeza Jesús Murillo Karam, investigará cada uno de los nuevos datos dados a conocer por la revista Esquire y la agencia Associated Press (AP). “Lo que tenga que hacer la PGR y los datos que tenga a su mano los habrá de investigar […] Lo que se tenga que dar a conocer en caso de que haya pasado algo diferente a lo que se tiene por supuesto que se hará del conocimiento público”, dijo el encargado de la política interna del país en entrevista para Radio Fórmula. A través de un comunicado la PGR reiteró que se tiene iniciada una averiguación previa respecto a los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya en la comunidad de San Pedro Limón, Estado de México, misma que está en etapa de investigación.
“La seriedad con que ésta administración toma en cuenta, tanto la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, indica las dependencia. Señala que tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos. En un breve comunicado indica que es responsabilidad de la PGR “precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos”.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a través de un comunicado su disposición para que se lleve a cabo una “investigación a fondo” de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, para lo cual ofreció su “colaboración irrestricta”. La Sedena señaló que es la más interesada en que se determine le verdad jurídica, pues “los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas”. Indicó que “prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”. Asimismo refrendó su compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, “respetando invariablemente los derechos humanos”.
El miércoles pasado, Esquire publicó el testigo de una mujer identificada como Julia quien presenció la masacre: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’.[…] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
Un día después, AP dio cuenta del testimonio de una mujer quien relató cómo dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió a la agencia de noticias estadounidense. La joven estaba involucrada con malas compañías, dijo su madre quien comentó que se reunió con los otros jóvenes, quienes habían viajado desde la comunidad de Arcelia, en el estado de Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el Edomex, armados y a bordo de tres camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Poco se sabe acerca de lo que la pandilla estaba haciendo o había estado haciendo días antes del incidente, refiere el reportaje de AP.
Al respeto, Osorio Chong aseguró que cuando la PGR concluya sus investigaciones se darán a conocer los resultados independientemente del “lado al que se mueva”. Asimismo refirió que el Procurador Murillo Karam “no ha cerrado el caso por lo tanto todas estas aportaciones […] tienen que entrar en la investigación completa integral”. “Dejemos que la PGR haga todas las investigaciones y si siguen saliendo elementos qué mejor para llegar a la verdad, cualquiera que esta sea. No hay ninguna idea de tapar lo que salga de esta investigación hacia el lado que se mueva. Ese es el compromiso del Presidente”, comentó el funcionario federal.
En tanto, Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva imparcial de la muerte de los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya. “Si el compromiso del gobierno es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia”, manifestó el organismo civil a través de un comunicado de prensa.
Amnistía denunció que los reportajes señalan que la testigo fue presionada por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por Sedena. “Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión de estos funcionarios en los abusos”, mencionó Amnistía. Y agregó: “El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado, y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni en el encubrimiento de los responsables de tales abusos.
En tal sentido, estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial”. La petición de Amnistía se suma a la realizada por Human Rights Watch (HRW), quien en días pasados también demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de los 22 civiles. En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”. Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”. La exigencia de HRW es que el gobierno federal asuma una posición imparcial y efectiva para esclarecer los hechos. En julio pasado miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) urgieron al Gobierno Federal esclarecer y transparentar toda la información sobre la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México. Por medio de un comunicado, las organizaciones informaron que hasta el momento no existen pruebas de conocimiento público de que lo sucedido se tratara de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y un grupo armado organizado. “Exhortamos al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la Sedena”, pidieron por medio de un comunicado.
Elementos del Ejército dispararon a un grupo de 22 jóvenes a pesar de que no pusieron resistencia, consignan testigos entrevistados por Esquire y AP. Foto: Cuartoscuro. LA VERSIÓN OFICIAL El anuncio oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo que ocurrió el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, detalló que en un enfrentamiento con soldados resultaron acribillados 22 presuntos delincuentes. El comunicado se dio varias horas después de que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Damián Canales Mena, informó que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal.
A través de un comunicado de prensa, la 22/a zona militar informó que los militares realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones el poblado Cuadrilla Nueva donde encontraron una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, quienes les dispararon a los agentes. “Con motivo de estos hechos resultaron 22 presuntos agresores muertos, 21 hombres y una mujer”, informó la Secretaría en un comunicado. Detalló que durante la operación fueron rescatadas tres mujeres secuestradas.
En el operativo además fueron decomisadas 29 armas largas, en su mayoría de alto poder; 14 armas cortas, una granada de fragmentación, 112 cargadores, así como cartuchos de diversos calibres.El comunicado destacó que durante el enfrentamiento un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional resultó herido el cual se encuentra recibiendo la atención médica respectiva en una instalación sanitaria militar, reportándose su estado de salud como estable. La Sedena sostuvo que “los soldados estaban patrullando en uno de los rincones más violentos y sin ley del país el 30 de junio, cuando fueron atacados desde un almacén en el que un grupo de 21 hombres y una mujer estaban escondidos”.
Sin embargo, dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (ACNUR), que inspeccionaron el almacén momentos antes de que las autoridades estatales cerraran con la policía el lugar, señalaron que no encontraron signos de balas perdidas del tipo que quedarían por soldados que disparan armas automáticas desde la distancia.
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