- El sexenio más sangriento en la historia de México no dejó víctimas… oficialmente.
- En el sexenio del expresidente Felipe Calderón, sí hubo 70 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, miles de familias destrozadas… pero hasta el momento no hay ninguna víctima reconocida y atendida por el Estado mexicano....Ninguna.
MEXICO D.F 23/Sep/2014 A más de dos años y medio de que el Congreso Federal aprobó la Ley General de Víctimas, dos de los mecanismos clave de esta nueva normatividad de apoyo y atención a las víctimas del delito en México no se han podido implementar.
Ni el Registro Nacional de Víctimas ni el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, contemplados en la nueva legislación federal están operando.
Un retraso al que el exmandatario panista contribuyó en el 2012, cuando en el ocaso de su sexenio vetó la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, a través de una controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta legislación fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el nuevo presidente priista, Enrique Peña Nieto, ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado Calderón.
La promulgación de la Ley fue bien recibida por representantes de organismos sociales y defensores de derechos humanos independientes en México.
Se trataba de un instrumento legal de avanzada, que tenía como objetivo velar por la protección de las víctimas y proporcionar apoyos económicos para ellas.
Se creó entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, responsable de la operación del Registro Nacional de Víctimas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Pero en 20 meses, este organismo descentralizado no ha conseguido poner en funcionamiento el padrón federal y comenzar así con la entrega de indemnizaciones y apoyos económicos a víctimas de los derechos humanos.
La información es inexistente
Reporte Indigo presentó a través del IFAI solicitudes de información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la intención de conocer la operación, tanto del Registro Nacional de Víctimas como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En la primera petición informativa se planteaba saber el padrón de víctimas registrado por entidad federativa –sin incluir datos personales- y su evolución desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas.
Sobre el Registro Nacional de Víctimas, la CEAV, responsable por ley de generar esta información, contestó que la base de datos estaba en proceso de creación y que por lo tanto, la información solicitada era inexistente.
“Sobre el particular, le informo que el Registro Nacional de Víctimas actualmente se encuentra en proceso de creación…”, contestó el titular de la Unidad de Enlace de la Comisión, Gustavo Baltazar Guerrero.
“En virtud de lo anterior, la información solicitada es inexistente”.
Una respuesta similar dio la CEAV cuando se le requirió información sobre los recursos entregados a víctimas del delito a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
La Unidad de Enlace de la CEAV respondió que el Fondo se encuentra en fase de implementación y que se están desarrollando los instrumentos normativos como el reglamento de la Ley General de Víctimas para poder entregar estos recursos.
“…y por tanto, persona alguna con calidad de víctima ha accedido todavía a los recursos del Fondo que contempla la LGV…”, respondió el organismo.
En ambas peticiones, la Unidad de Enlace de la CEAV declaró la información solicitada como inexistente porque hasta la fecha no se ha generado.
Y aclaró en su respuesta a este medio: “…de conformidad con el criterio No. 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no es necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, toda vez que existen suficientes elementos de convicción que permiten suponer la ‘inexistencia de la información’ debido a que ésta no se ha generado a la fecha”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atribuyó el retraso a la falta de aprobación del reglamento de la Ley General de Víctimas, que según los transitorios del decreto publicado en enero de 2013, tuvo que estar listo hace un año.
Este reglamento, que tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, incluirá las reglas que regularán al fondo y validará el formato de inscripción para ingresar al Registro de Víctimas, requisito para conseguir los apoyos económicos federales.
Un anteproyecto de reglamento se encuentra en revisión desde mayo de este año en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y no existe un plazo para su liberación.
El Registro Nacional de Víctimas incluirá la descripción del daño sufrido, identificación del registro e información sobre las medidas de protección y los servicios de ayuda.
Una ayuda que aún no llega
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es el otro mecanismo que presenta retrasos.
De esta bolsa, el Gobierno Federal entregará las indemnizaciones a las víctimas del delito y de los derechos humanos inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
Pero la CEAV deberá primero constituir un fideicomiso de administración de los recursos y publicar las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación.
La CEAV sustituyó con Peña Nieto a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), que creó en su sexenio el exmandatario estatal Felipe Calderón.
El organismo descentralizado está presidido por el comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien entre polémicas sustituyó este año en el cargo a Olga Noriega.
La comisionada tiene impugnado su proceso de destitución en el Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de amparo.
La CEAV está integrada por 7 comisionados, que tomaron protesta hace un año en el Senado.
Las respuestas a las solicitudes de información que presentó Reporte Indigo estuvieron a cargo de la oficina del comisionado Julio A. Hernández Barros, encargado de las tareas que lleva a cabo la CEAV relativas a la creación del Registro Nacional de Víctimas.
En su respuesta, la CEAV acepta el retraso en la creación del Registro Nacional de Víctimas, pero informa que se ha solicitado a los 31 gobiernos estatales, comisiones estatales de derecho humanos “datos sustantivos” sobre el tema de registro de víctimas delito y violaciones a derechos humanos.
Esto como parte de los acuerdos interinstitucionales de coordinación entre diversas instancias de Gobierno.
En sus respuestas, la CEAV alegó “inexistencia de la información” a pesar de que es un organismo facultado por ley para brindar ayuda y asistencia a las víctimas del delito.
De acuerdo a organismos ciudadanos consultados por este periódico, la CEAV canaliza apoyos económicos a familiares de víctimas recursos para gastos de hospedaje, alimentación y transporte.
También se concluye con la respuesta de la CEAV que el organismo no ha incluido en el Registro Nacional de Víctimas los “registros existentes” de la extinta Províctima que operó con Calderón. (Reporte Índigo)
‘NO HUBO 22 EJECUTADOS’
La noticia fue como cualquier otra de ese tipo: Un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes dejó 22 muertos. En 273 palabras, la autoridad informó su versión de los hechos.
Personal militar ubicó una bodega custodiada por personas civiles en Tlatlaya, Estado de México, y al percatarse de la presencia de las Fuerzas Federales, los civiles abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión. Fin del comunicado.
Sin embargo, 79 días después, una nueva versión fue publicada por la revista Esquire México.
En ella, una testigo -bajo el nombre de Julia- asegura que las cosas pasaron de una manera muy diferente a como lo informó la Sedena.
Dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron. Que solo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron.
Lo que Julia dijo que pasó pone otra vez sobre la mesa la actuación de las Fuerzas Federales en la lucha contra el narcotráfico.
Ayer en entrevista, el Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga desmintió la versión de Julia.
“No hubo 22 ejecutados en Tlatlaya, fue un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y la delincuencia organizada”, afirmó. “No tengo información de ningún ejecutado, no conozco las pruebas”, dijo.
DUDAS
- El Gobierno no facilitó nunca ni las identidades de los muertos ni explicó qué hacían los militares en Tlatlaya, Estado de México.
- De acuerdo a la organización internacional, hubo evidencias forenses halladas en el lugar que sugieren que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza.
- Con la declaración de Julia, estas sospechas parecen confirmarse.
- “(…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, declaró Julia.
- Al final la autoridad descartó que hubieran sido ejecutados y declaró oficialmente un enfrentamiento.
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