- Un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, ocurrida la madrugada del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados esta mañana al Juzgado Sexto Militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense.
Mexico,D.F 26/Sep/2014 Ayer por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma.
Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente.
Los 17 soldados restantes se encuentran a la espera de resolver su situación jurídica.
Los detenidos fueron trasladados alrededor del mediodía al complejo de juzgados militares que se ubica junto a la mencionada cárcel. Con el comunicado de la Sedena se pudo confirmar que se les consignó al Juzgado Sexto Militar.
Antes, la Sedena evitó pronunciarse sobre la versión publicada esta tarde por el portal noticioso de la revista Proceso.
“No tenemos nada que decir. Apenas se está investigando. Hasta que tengamos resultados con información real y verídica haremos una declaración”, dijo alrededor de las ocho de la noche el oficial de prensa en turno de la dependencia.
Una hora después la Sedena emitió el comunicado en el que confirmó que los detenidos participaron en los hechos de Tlatlaya el lunes 30 de junio, aunque advirtió que los cargos son independientes de las investigaciones que las autoridades civiles llevan conforme a su competencia.
Lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, ha sido manejado por el gobierno como un enfrentamiento entre militares y miembros de un grupo de delincuencia organizada.
De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, publicados por la agencia estadunidense AP y la edición mexicana de la revista estadunidense Esquire, los militares habrían ejecutado a los civiles cuando éstos ya se habían rendido, después de un breve enfrentamiento.
El ingreso de los soldados a la prisión militar ocurrió luego de que el lunes 22 el presidente Enrique Peña Nieto, de visita en Nueva York, dijo a la AP que el asunto sería investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), y que ésta sería la dependencia encargada de dar información sobre los avances.
Después de esa declaración, el caso dio un vuelco con la intervención de la justicia castrense.
Los militares ya estaban detenidos cuando esta mañana el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Gaytán, participó en el seminario “La defensa nacional del Estado mexicano”, realizado en la Universidad Anáhuac.
“Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente los derechos fundamentales”, precisó el general secretario.
Hace menos de una semana que la PGR anunció que apenas estaba integrando la averiguación previa por la alegada masacre.
Esa posición fue reiterada el miércoles 24 en la Cámara de Diputados por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que el caso es “bastante complejo”, pero que “no importa el tiempo que se necesite” para “buscar la verdad”.
El viernes 19, en un breve comunicado, la PGR aseguró que un grupo de distintos especialistas participaba en la investigación. El mismo día, la Sedena dijo que estaba dispuesta a llegar “al fondo” de los hechos.
La Sedena y la PGR respondieron así a las presiones internacionales, sobre todo del gobierno de Barak Obama, para que el gobierno de Peña Nieto aclare lo ocurrido en el municipio mexiquense.
Los cargos por los que fueron consignados hoy los elementos detenidos están tipificados en el Código de Justicia Militar.
De acuerdo con el artículo 301, comete el delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que depende o tuviese a sus órdenes”.
En cuanto a los deberes militares, el artículo 382 prevé que “sea aplicable al que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, siempre y cuando el resultado no sea constitutivo de delito, se le castigará con un año de prisión”.
Además, establece que cuando la infracción ocurra debido a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión. En tanto, si la falta a deberes militares resulta en daño a un individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas.
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