La siguiente historia podría ser una novela o una serie político-policíaca sobre la corrupción y podredumbre del sistema político y de justicia, pero son todos hechos reales. La historia comienza en Tamaulipas e involucra a dos políticos del PAN que, por cuestiones personales y familiares, siempre rivalizaron y compitieron: Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Cantú Rosas.
Los dos de la frontera, el primero de Reynosa y el segundo de Nuevo Laredo, venían de familias de clase media acomodada y ambos tenían ambiciones. El primero en despuntar fue Cabeza de Vaca que, muy joven, en 2004 fue electo alcalde de su natal Reynosa y comenzó una meteórica carrera que 5 años después, en 2012 lo haría Senador; mientras Cantú Rosas, protegido por su tío Rodolfo Cantú García, empresario y ganadero, logró en 2013 ser alcalde de Nuevo Laredo.
Mientras eso pasaba en Tamaulipas, en enero de 2015, en Tlaxcala un policía estatal, Juan Carlos Yáñez Osornio, fue detenido y acusado de cuatro secuestros cometidos en Apizaco. El agente corrupto Yáñez nombra como sus abogados a Natanael Castelán Iturria y Jorge Alberto Lara Rivera, exfuncionarios de la PGR que colaboraron con Irving Barrios Mójica en la Unidad contra el Lavado de Dinero. Y el lector se preguntará ¿qué tiene que ver un policía corrupto de Tlaxcala y sus abogados con los políticos de Tamaulipas?
En ese mismo 2015, en marzo, en Tamaulipas, el PAN buscaba candidato a la gubernatura y los precandidatos eran García Cabeza de Vaca, Cantú Rosas y Maki Moreno. Mientras que en Tlaxcala, en abril, detenían a José Aguilar por robo e ingresaba al Cereso, donde conoce y hace amistad con el policía Juan Carlos Yáñez. En Tamaulipas, en tanto, para diciembre se designa candidato a gobernador a Francisco García Cabeza de Vaca y en marzo de 2016 inicia su campaña.
Carlos Domínguez, reportero tamaulipeco, se une a la campaña de Cabeza de Vaca, quien queriendo cerrar heridas en el PAN, busca en mayo de 2016 a Carlos Cantú Rosas y lo invita a sumarse a su campaña y apoyarlo, a cambio de nombrarlo Secretario de Desarrollo Social, invitación que Cantú acepta. Llega julio de 2016 y Francisco García gana la elección. Para agosto, arma su gabinete y a Cantú Rosas le informan de la oficina del gobernador electo, que será el próximo secretario del Trabajo, ya no de Desarrollo Social; pero el 1 de octubre que el gobernador toma posesión del cargo, otra persona aparece en la Secretaría del Trabajo.
Cabeza de Vaca designa a Irving Barrios Mojica como Procurador General de Justicia del Estado. Barrios Mojica era el antiguo titular de la Unidad contra Lavado de Dinero de PGR, y en su equipo designa a Natanael Castelán, abogado del policía corrupto de Tlaxcala, como director de Procesos Penales. En julio de 2017, en el Cereso de Tlaxcala, David Mejía Bravo visita a su amigo de nombre José Aguilar y por medio de él conoce al policía secuestrador Juan Carlos Yáñez.
Por esas fechas, agosto de 2017, el partido Morena busca al panista Carlos Cantú Rosas. En el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria eso no les gusta y en diciembre de 2017, en McAllen, el Secretario de Gobierno le pide a Cantú Rosas “que vaya a ver al gobernador y que bajo ninguna circunstancia se le ocurra cambiarse de partido”. La situación entre los dos políticos se vuelve tensa, mientras en octubre de ese año, en Tlaxcala liberan al policía secuestrador Juan Carlos Yáñez.
Y aquí viene el hecho que vincula las dos historias: el 13 de enero de 2018 es asesinado de 21 puñaladas el reportero Carlos Domínguez. Según testigos, le cerró el paso una camioneta Honda CRV gris, descendieron dos sujetos con pasamontañas, rompieron la ventana de su auto, abrieron la puerta y lo ejecutaron; junto a él, en el asiento del copiloto, iba su nuera. Ese mismo día, en Zacatecas, los jóvenes David Mejía y Adrián Montes se encontraban laborando. La Fiscalía de Tamaulipas inició la carpeta de investigación 52/2018; el gobernador del Estado condena el asesinato y promete dar con los responsables, mientras organizaciones de periodistas condenan el crimen del comunicador y la CNDH ordena medidas cautelares y protección a sus familias.
La Fiscalía no tiene pistas ni testimonios sobre los asesinos y ofrece 2 millones de pesos de recompensa a quien dé información para resolver el crimen. Dos reporteros, Luis Valtierra y Jesús González, declaran haber visto a Carlos Domínguez a bordo de su auto, acompañado de una mujer, al salir del restaurante Arturo. Otro periodista, Gabriel Garza, es detenido por haber hecho llamadas a la víctima un día antes y aunque explica el motivo de las llamadas como asunto de trabajo, lo mantienen en la cárcel como sospechoso. La presión social y política crece y el director de Averiguaciones, Natanael Castelán, ordena traer la carpeta de Nuevo Laredo y concentrarla en Ciudad Victoria. Se le asigna el número COORDVIC/02/2018 y se turna a otros Ministerios Públicos.
Ya es febrero de 2018 y el secretario de Gobierno estatal busca nuevamente a Carlos Cantú Rosas y le ofrece integrarse al gabinete, pero éste pide pensarlo. El 21 de febrero hay enfrentamiento en Nuevo Laredo entre policías ministeriales y dos sicarios que viajaban en una camioneta Honda CRV color gris. Los sicarios caen abatidos y en la camioneta encuentran dos pasamontañas y un cuchillo con manchas de sangre. Por esas mismas fechas, entre el 22 y el 25 de febrero de 2018, Natanael, presionado por el fiscal y el gobernador ante la falta de resultados en el caso de Domínguez, se comunica con su excliente, el policía tlaxcalteca secuestrador, Juan Carlos Yañez Osornio, a quien le pide “buscar a dos personas que se presenten a ser detenidas como responsables del homicidio del periodista y así cobrar la recompensa”. Yañez visita en el Cereso de Tlaxcala a su amigo José Aguilar y le pide contactar a David Mejía para “proponerle el trabajo”, y como falta una persona, Aguilar da el nombre de su medio hermano Adrián Montes Fernández, y dice que él lo convence.
Yañez contacta a David Mejía en Zacatecas y le explica en qué consistiría el trabajo: dejarse detener por el crimen del periodista, ser presentado ante los medios, durar 6 días detenido y salir libre y cobrar 500 mil pesos de la recompensa que ofrece la Procuraduría de Tamaulipas. David acepta y le proporciona sus datos y también los de Adrián Montes, a quien nunca le informan del plan.
En los primeros días de marzo de 2018, Cantú Rosas se reúne con el Coordinador del gabinete estatal. Le ofrecen de nuevo ser Secretario del Trabajo y el propio gobernador Cabeza de Vaca le pide que no se vaya con Morena; pero por esas mismas fechas Morena le pide a Cantú ser su candidato a la Alcaldía de Nuevo Laredo y él acepta. Cuando Cantú le dice al secretario de Gobierno que no irá al gabinete, la respuesta es una advertencia: que “no olvide que ellos tienen a la Procuraduría así como a la Contraloría y no le permitirían contender por ningún otro partido”.
Una semana después de aquella amenaza, el 15 de marzo de 2018, Juan Carlos Yañez, el policía tlaxcalteca y secuestrador, se presenta a la Fiscalía del Estado a declarar “que el día 17 de Enero de 2018, estando en Pachuca, conoció a David Mejía y a Adrián Montes, quienes confesaron haber asesinado al periodista por órdenes del tío de Carlos Cantú Rosas, el señor Rodolfo Cantú García”. Con ese solo testimonio, sin mayor investigación, se libran órdenes de aprehensión el 20 de marzo contra Rodolfo Cantú, los tres reporteros y los dos hombres de Zacatecas. Los cuatro primeros son detenidos el 24 de marzo en Nuevo Laredo, mientras que a David y Adrián los capturan el 27 de marzo en Zacatecas y se inicia el proceso penal contra los 6 detenidos. Casi al mismo tiempo se da carpetazo a la investigación NUC 151/2018, donde se indaga la muerte de los dos sicarios a quienes les hallaron los pasamontañas y el arma homicida.
Para complicar la defensa, a los dos zacatecanos los trasladan al Cereso de Altamira, al sur del estado, en mayo de 2018, mientras que a Rodolfo Cantú, en represalia por una entrevista a los medios que concede su sobrino Carlos, lo mandan al Cefereso de Tepic, Nayarit, en febrero de 2019. El pasado 14 de abril, el periodista Gabriel Garza, injustamente acusado, fallece al interior del Cereso de Nuevo Laredo por un mal cardiaco; mientras que el 14 de mayo en la Ciudad de México, la esposa de Adrián Montes presenta demanda de Juicio Político contra el gobernador Cabeza de Vaca y su fiscal, Irving Barrios Mójica. El otro acusado, David Mejía Bravo, presenta denuncia penal contra Natanael Castelán por “fabricación de culpables”, aunque no se ha investigado su denuncia.
A ninguno de los dos jóvenes de Zacatecas les dieron nunca los 500 mil pesos prometidos por inculparse y menos los libraron de la cárcel donde todavía hoy están recluidos por un crimen que no cometieron. El juicio oral de este caso, en el que se muestra burdamente la fabricación de acusados y chivos expiatorios en el asesinato del periodista Carlos Domínguez, será el próximo 31 de julio. ¿Qué dirán los jueces ante esta historia que parece de ficción pero es totalmente real y comprobable en documentos y denuncias en poder de esta columna? ¿Cárcel para los jodidos e inocentes e impunidad para los poderosos y corruptos funcionarios? Los dados mandan serpiente.
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