«BARBARIE de PUERCO ENTERO: DOCENA de ACTIVISTAS EJECUTADOS y 14 ALCALDES ASESINADOS con SHEINBAUM NO HABLAN BIEN de NINGÚN GOBIERNO»… Sustentabilidad imperturbable la tienen los asesinos a sueldo.

En la sucursal mexicana del paraíso, el verdadero deporte extremo no es aventarse en paracaídas: es intentar proteger un árbol, cuidar un río o aceptar una banda presidencial municipal sin el visto bueno del cártel local. Desde octubre de 2024, el menú de plomo de la administración federal a cargo de la Presidenta con «A» acumula un saldo que dibuja la barbarie de «puerco entero»: 12 defensores ambientales ejecutados y 14 alcaldes masacrados.

Veintiséis cadáveres que estorbaban al verdadero motor económico de la nación: la motosierra clandestina, el cártel inmobiliario, la minería rapaz y el cobro de piso institucionalizado.

La joya estadística del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) merece un aplauso de pie en los tribunales: el 100% de impunidad en los doce crímenes ecológicos. Cero detenidos, cero sentenciados, cero molestias para los sicarios. Una efectividad perfecta —pero al revés— que se suma a la fosa común de 98 ambientalistas asesinados desde 2020. En México, la única garantía real de sustentabilidad la tienen los asesinos a sueldo, cuyo ecosistema laboral jamás es perturbado por una orden de aprehensión.

El catálogo de ejecuciones lee como un folleto de inversión para el crimen organizado y el capital salvaje:

El cártel del «oro verde» y la madera: En Michoacán, el estado más letal del periodo, defender los bosques de la Meseta Purépecha o el agua comunitaria frente a las huertas industriales de aguacate de exportación les costó la vida a Francisco Macías Sánchez, Roberto Chávez y Lázaro Mendoza Ramírez.

Para que el mundo tenga guacamole en el Super Bowl, primero hay que vaciarle el cargador a quienes cuidan los arroyos.

Ladrillos, turismo y megaproyectos: En Jalisco, el desarrollo urbano y turístico pasó por encima de Karina Ruiz Ocampo, Cándido Esaú Román Pérez y Marcos Aguilar Rojas, quienes cometieron la imprudencia de preferir mantos acuíferos limpios y tierras indígenas antes que complejos comerciales. En Oaxaca, Arnoldo Nicolás Romero y Cristino Castro Perea pagaron con plomo su oposición a las extorsiones ejidales y a la tala en la Sierra.

Extractivismo a sangre y fuego: En Guerrero, el histórico dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz (opositor a la presa La Parota) y Sergio Hugo Ureiro Castañeda fueron silenciados para dejarle la mesa servida a los desplazamientos mineros. En Morelos, Silvia Hernández Meza corrió la misma suerte por oponerse a los despojos para gasoductos.

El broche de oro del cinismo burocrático llegó con el asesinato más reciente: el de Gabriel Rivas Ríos, regidor y activista en Morelos que denunciaba un megaproyecto residencial ilegal clavado en la reserva ecológica La Cazahuatera.

Desde la comodidad del micrófono mañanero, el diagnóstico presidencial sobre su muerte fue de una brillantez forense digna de Sherlock Holmes: «No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él… unas personas en motocicleta le dispararon de manera directa». Menos mal que el Estado descartó que el regidor hubiera tropezado accidentalmente con las balas.

A eso se sumó la excusa favorita del manual burocrático: que la víctima no tenía escoltas federales porque no los había pedido formalmente (como si en un país con 14 alcaldes ejecutados en el mismo periodo el peligro necesitara enviarse por oficio con copia sellada) y la cándida admisión de que «hay casos que no se han resuelto», para luego instruir a Gobernación a organizar reuniones «para ver qué más podemos hacer».

Mientras la burocracia agenda mesas de trabajo para tomar café con los deudos y promete «revisar» los megaproyectos manchados de sangre, en las alcaldías y en las sierras de México el mensaje sigue intacto: la ley de la selva la dictan quienes tienen las armas, y el Estado solo llega a tiempo para levantar el acta, ajustar la estadística y ofrecer sus más sinceras condolencias matutinas.

Con informacion: La Silla Rota

“PURO DRAMA FAMILIAR y NADA de CRIMEN: INFORME del INEGI 2026 ENCUERA la JUSTICIA de TANIA y DON AMÉRICO en TAMAULIPAS”… rezago carísimo con alergia a cerrar carpetas.

En Tamaulipas, aun bajo el gobierno humanista del expriista convertido en gobernador con patrocinio del crimen organizado, coaligado de tiempo completo, la justicia ya tiene discurso de transformación, cifras para presumir y reconocimiento de Américo Villarreal a Tania Contreras, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Lo que todavía necesita es demostrar que el entusiasmo del presídium corresponde con lo que ocurre en los expedientes.

El pasado 20 de octubre, Tania Contreras López presentó su primer informe al frente del Poder Judicial. La cuenta institucional luce contundente: 70 mil 365 asuntos concluidos; una reducción de cuatro meses a 15 días en la espera para celebrar audiencias penales; mil 34 asuntos del rezago de las salas unitarias de segunda instancia resueltos durante los primeros cien días, y sentencias que, según lo informado, pasaron de tardar entre seis y ocho meses a siete semanas.

Pero una cosa es presentar productividad y otra, bastante más incómoda, demostrar que el sistema dejó de fabricar pendientes.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2026 del INEGI ,el retrato sin filtros del Poder Judicial tamaulipeco luce así:

La justicia en Tamaulipas se resume en tres grandes pasiones: una burocracia bien aceitada que cobra puntual, un entusiasmo desmedido por publicar chismes familiares en forma de sentencia y una alergia crónica a resolver asuntos penales.

El aparato burocrático: Más oficinas que el vecino rico y matriarcado en la nómina

Inmobiliaria judicial: Tamaulipas presume 221 órganos jurisdiccionales y administrativos, colocándose en el octavo lugar nacional y superando en infraestructura a estados como Nuevo León o Puebla, que apenas llegan a 151 y 170 respectivamente.

Ellas mandan: La nómina estatal es de 1,986 personas y está dominada por mujeres en un 58.4%, dejando a los hombres con el 41.6%. En la cúpula pasa exactamente lo mismo: de las 13 personas magistradas, el 53.8% son mujeres, y de las 126 personas juzgadoras, ellas representan el 51.6%.

Lo que cuesta el chiste: Mantener este engranaje le costó al erario 1,152.5 millones de pesos en 2025, quedándose a media tabla nacional (justo debajo de Oaxaca y arribita de Guerrero).

«Transparencia» selectiva: Puro drama familiar y casi nada de crimen

Adicción al pleito de casa: En todo 2025, el Poder Judicial estatal publicó en su web 17,546 sentencias emitidas. ¿De qué hablaron? El 80.3% (14,090) fueron de materia familiar (divorcios, pensiones, custodias) y otras 3,007 de materia civil.

El crimen es top secret (o no existe en la web): En un estado históricamente famoso por sus titulares de seguridad, los jueces tamaulipecos apenas publicaron 65 sentencias en materia penal en todo el año.

Para dimensionar el absurdo, hasta Tlaxcala publicó más del doble (131). En materia mercantil y de justicia para adolescentes ni siquiera se molestaron en tener datos o aplicar registros.

El embudo general y los fantasmas del pasado

Entran muchos, salen si bien les va: En primera instancia ingresaron 55,972 asuntos de todas las materias, pero solo lograron determinar o concluir 42,167. Es decir, unos 13,805 expedientes nuevos se fueron directo a hacerle compañía al archivo muerto.

Nostalgia por el viejo sistema: Aunque el sistema penal acusatorio (juicios orales) lleva años operando, Tamaulipas todavía recibió 21 causas penales nuevas en el «Sistema Tradicional» (el escrito/inquisitivo de antaño), logró concluir 952 asuntos viejos (el tercer lugar nacional sacando pendientes prehistóricos), pero aún arrastra 1,234 causas empolvándose en ese esquema.

Justicia Penal Acusatoria: El verdadero cuello de botella

Alergia a cerrar carpetas: En el sistema penal acusatorio e integral para adolescentes, ingresaron 2,284 causas penales nuevas en el año (2,186 de adultos y 98 de adolescentes) y se registraron 3,363 delitos. Sin embargo, apenas lograron 1,216 determinaciones o conclusiones.

La montaña de pendientes: Como resuelven a la mitad de la velocidad de lo que entra, el año evaluado cerró con la módica cantidad de 11,213 procedimientos pendientes de concluir (casi 10 veces lo que logran sacar en un año). Por su parte, a los juzgados federales en Tamaulipas (Decimonoveno Circuito) les cayeron otras 629 causas penales.

Procesados, vinculados y una pizca de sentenciados: En el año se registraron 2,677 personas procesadas o imputadas en el estado (2,572 adultos y 105 adolescentes). Los jueces de control vincularon a proceso a 1,277 personas y dejaron ir (no vincularon) a 233.

Alergia al mazo: A la hora de dictar sentencia definitiva, la maquinaria se hace chiquita. Solo 256 causas penales llegaron a manos de jueces de juicio oral. Al final del día (sumando juicios orales y procedimientos abreviados), en todo 2025 solo hubo 383 personas sentenciadas en el estado: 303 recibieron condena y 80 salieron absueltas. Además, el registro es tan pulcro que a 14 personas sentenciadas ni siquiera les identificaron el sexo.

«Mejor arréglense ustedes» (Justicia Alternativa)

Para evitar los juzgados, Tamaulipas tiene a 52 personas trabajando en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

En 2025 abrieron 2,619 expedientes para intentar que la gente se arreglara hablando. De nuevo, el drama de hogar lideró la lista con 1,317 casos familiares, seguidos de 537 penales, 363 de pleitos comunitarios o vecinales, 286 civiles y 106 mercantiles.

Tamaulipas tiene una estructura judicial grande y bien pagada que funciona a todo vapor para divorciar parejas y publicar sus sentencias en internet, pero que en materia penal opera como una gran bodega de expedientes donde miles entran, poquísimos llegan a juicio oral y apenas trescientas personas al año reciben una condena.

Con informacion : INEGI/CENSO NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL Y ESTATAL (CNIJF-E) 2026

«GENERAL se ENREDÓ con la LENGUA y ESCENIFICÓ el REPLIEGUE MÁS TORPE de su CARRERA MILITAR»… policías ligados al asesinato de Aranza siguen en activo,el tambien.

Para que no digan que en Tamaulipas escasean los estrategas de escritorio, ahí tienen el deslumbrante currículum del general Carlos Arturo Pancardo Escudero: licenciado en Administración por la Escuela Superior de Guerra, maestro en Defensa y Seguridad Nacional, integrante de la Legión de Honor Mexicana, exvicerrector militar y poseedor de más de 47 años de servicio ininterrumpido. Tanta medalla, tanta academia castrense y casi medio siglo de instrucción táctica para terminar protagonizando el repliegue más torpe de su carrera: huir de los micrófonos porque, según su reloj, ya eran las 12 y llegaba el gobernador.

El contraste entre la solemnidad del boletín oficial y la crudeza de su verborrea verde olivo no es solo grotesco; es un insulto directo a la inteligencia ciudadana y a esos sagrados preceptos de honor, valor, lealtad y sacrificio que el general aprendió a recitar en el colegio militar, pero que se le extravían en cuanto le ponen una grabadora enfrente.

La aritmética del encubrimiento: de tres investigados a no hay detenidos

Cuando la prensa cuestiona al militar cuántos elementos están siendo investigados por los hechos donde una niña de siete años perdió la vida de un balazo en la cabeza, el general dispara sin apuntar: «Tres». Pero al instante, cuando le repreguntan para confirmar si hay detenidos, su lengua entra en cortocircuito para clarificar con un nervioso «No, no, no. La detención la lleva la Fiscalía».

Lo que es peor: a la pregunta directa sobre el estatus de los involucrados, confiesa sin ruborizarse que siguen en sus funciones hasta que la Fiscalía diga otra cosa.

Es decir, esos «estándares operativos y éticos» parecen coincidir con los de otro multiseñalado por la evidencia ,mas que la sospecha y que tambien esta en activo ,pero en funciones de gobernador humanista.

Mantener a un elemento implicado en un operativo donde asesinan a una menor, sin siquiera separarlo preventivamente del cargo: sigue patrullando las calles o los cielos en helicóptero mientras la burocracia decide. Llamarle a eso «institucionalidad» es un eufemismo barato para la complicidad administrativa.

«No hubo fallos»: el cinismo como doctrina de Estado

El momento cumbre de esta debacle retórica llega cuando se le pregunta qué falló en el operativo. Con una frialdad que hiela la sangre, el maestro en IN_Seguridad Nacional sentencia: «Yo creo que no falló. No hubo fallos».

Permítanos entender la lógica de la Escuela Superior de Guerra: si en un despliegue policial muere una niña de siete años con un tiro en la cabeza y, según el titular de seguridad, «no hubo fallos», entonces estamos ante una conclusión aterradora.

En la jerga militar, cuando un operativo no tiene fallos, significa que el resultado obtenido estaba dentro de los parámetros aceptables de la misión. Al negar el error operativo, el general Pancardo no está defendiendo a su corporación; la está hundiendo moralmente.

Incapaz de sostener su propia barbaridad verbal, el secretario intenta atrincherarse en el manual del pretexto fácil: «No, espérame, espérame. Yo quiero dejar que fue en el contexto de la violencia que genera la delincuencia organizada, ¿sí? Y que esto sí, el fallo que puedas decir tú, está en ese lamentable incidente».

Ahí está la lengua enredada del mando que no sabe cómo llamar a las cosas por su nombre,aunque no es la unica babosada que ha dicho.

Degradar el asesinato de una menor a un «lamentable incidente y antes daño colateral» y endosarle el «fallo» a la percepción del periodista («el fallo que puedas decir tú») mientras se lava las manos con el comodín del «contexto de la violencia», es la antítesis absoluta del valor militar.

El uniforme y las estrellas en el hombro no sirven para esconderse detrás del «contexto» cuando la propia tropa está bajo escrutinio; sirven para asumir la responsabilidad del mando.

El reloj de las 12 y el abandono del honor

Cuando los cuestionamientos sobre si hubo «confusión» o falta de capacitación acorralan el endeble y mediocre discurso, el ex-vicerector de la Universidad del Ejercito y Fuerza Aerea aplica la táctica de la avestruz: «Lo determinará la Fiscalía. Sí. Yo no tengo nada más que decir», rematando con el clásico cliché burocrático de que los policías «están capacitados y vamos a seguir capacitando continuamente». Si así operan estando «capacitados» y «sin fallos», Tamaulipas tiene motivos de sobra para temblar.

Pero la estocada final a la prometida «proximidad social y enfoque en derechos humanos» ocurre en la retirada. Ante el reclamo legítimo de la prensa por su falta de respeto al no detenerse a responder con claridad, el general exhibe su verdadera escala de prioridades: «Permiso, permiso, gracias… A ver, ya son las 12. Tengo la cita a las 12. Bueno, empieza el evento y llega el gobernador».

Para el general Pancardo, la puntualidad cortesana y arrastrada para recibir al gobernador en turno pesa infinitamente más que rendir cuentas al pueblo de Tamaulipas por la sangre de una niña de siete años.

El honor no se conserva en las vitrinas de la Legión de Honor; se defiende dando la cara ante la tragedia. El valor no se demuestra huyendo de las preguntas incómodas para no llegar tarde al besamanos político. La lealtad de un servidor público se debe a las víctimas y a la verdad, no al encubrimiento gremial de quienes portan un arma del Estado. Y el sacrificio, general, definitivamente no es el suyo por tener que soportar tres minutos a la prensa antes de las 12; el único e irreparable sacrificio lo pagó una familia a la que su operativo «sin fallos» le arrebató el futuro.

Con informacion: NOTICIAS24SIETE/

¿SE MATÓ o… se lo MATARON a CDV?: «EX-GOPES de la MASACRE de CAMARGO VOLVIÓ a ESCAPAR, AHORA por la PUERTA FALSA de la MINISTERIAL en VICTORIA»… guardia estatal ejecutado en Reynosa también era cercano.

La infausta realidad de la procuración de justicia tamaulipeca, a cargo de un perfil con pasado criminal bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, volvió a manifestarse con crudeza para exhibir que los barrotes de la prisión son de utilería, los custodios padecen ceguera selectiva y la muerte llega justo a tiempo para ahorrarle incomodidades a los de arriba.

Al más reciente caso de la ejecución de un guardia estatal en Reynosa, a quien ahora el trascendido liga estrechamente con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), en medio de una pesquisa con montaje oficial para resolver el brutal asesinato en favor del Cártel del Golfo, se suma otra víctima.

La de José Arturo «N» (alias El Cachetes), ex-integrante del extinto y siempre turbio Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) ,que actuaba como brazo armado del «CDV», tanto o cuanto mas peligroso que el «CDG», ya es otra putrida historia que desnuda cómo operan las cloacas del poder cuando un eslabón empieza a estorbar.

Para poner las piezas en su lugar y sin anestesia, basta revisar el guion de esta burla institucional en tres actos:

Acto I: La masacre y el cobijo

No hablamos de un carterista de poca monta. Hablamos de un ex-elemento de la llamada «policía de élite» cabecista, directamente vinculado con la masacre de Camargo en enero de 2021, donde 19 personas —en su mayoría migrantes guatemaltecos— fueron ejecutadas y calcinadas. 

Un crimen de Estado que dio la vuelta al mundo y donde el grupo táctico operó con métodos idénticos a los de las franquicias criminales que juraron combatir.

Acto II: El escape con puerta giratoria

En abril de 2026, cuando el cerco apretaba, se consumó el primer milagro: el imputado se esfumó de las propias instalaciones de Seguridad Pública donde un General del Ejercito acumula mugre en las uñas y sangre en las manos.

No hubo túneles dignos de serie de El Chapo ,ni película de comandos armados derribando muros; salió caminando por donde entran y salen los que tienen llave o permiso. 

Una «fuga sospechosa» que dejó en ridículo el aparato de custodia estatal y confirmó que, dentro de la corporación, los viejos pactos de complicidad seguían vigentes.

El problema para sus padrinos fue que la discreción no era el fuerte del prófugo. A finales de septiembre de 2026, El Cachetes fue recapturado en pleno centro de Ciudad Victoria (en el 17 Morelos y Matamoros) de la forma más absurda posible: haciendo disparos al aire. Lo detuvieron por escandaloso antes de darse cuenta siquiera de qué pez gordo acababa de caer de nuevo en la red.

Acto III: El «arrepentimiento» de las 8:00 AM

Recluido en las celdas de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas —en teoría, uno de los recintos más vigilados del estado—, el telón bajó de golpe la mañana de ayer 6 de noviembre. A las ocho en punto, los agentes «descubrieron» que el detenido había tomado la llamada puerta falsa: ahorcado en su propia celda.

Aquí es donde la irreverencia se vuelve obligación ciudadana. ¿De verdad esperan que alguien trague el cuento sin masticar?

Resulta sumamente poético —por no decir grotesco— que un operador entrenado en tácticas especiales, sobreviviente de enfrentamientos, partícipe de una masacre de 19 personas, capaz de evadirse de un edificio oficial en abril y de pasearse armado tirando balas en septiembre, sufra de pronto un ataque agudo de melancolía existencial justo cuando está bajo el resguardo directo de la Fiscalía.

• ¿Dónde estaban las cámaras de vigilancia de las celdas ministeriales?
• ¿Dónde estaban los guardias de turno que deben monitorear a un reo de alto perfil, con antecedentes de fuga y ligado a un caso internacional?
• ¿Con qué se quitó la vida en una celda preventiva donde, por protocolo elemental, no te dejan ni las agujetas de los zapatos?

En la jerga del poder, un preso que sabe demasiado y que ya demostró ser indiscreto en la calle no es un detenido: es una bomba de tiempo con patas. Cuando a una institución se le «fuga» un multiasesino de sus propias oficinas, se llama corrupción; cuando lo recapturan por accidente y se les «muere» en las manos bajo custodia absoluta, tiene todos los síntomas de un silenciamiento administrativo.

El muerto ya no habla, ya no señala mandos, ya no negocia criterios de oportunidad y ya no explica quién le abrió la puerta en abril. Para la Fiscalía, el expediente se archiva con un acta de defunción; para cualquiera con dos dedos de frente, lo único que se ahorcó en esa celda de Ciudad Victoria fue la poca credibilidad que le quedaba a la justicia en Tamaulipas bajo tutela de un ex-presidiario de penal de alta seguridad de Almoloya y un gobernador que el pueblo no baja de narco.

Con informacion: NOTICIEROS DE VICTORIA/