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sábado, 7 de noviembre de 2026

¿SE MATÓ o… se lo MATARON a CDV?: «EX-GOPES de la MASACRE de CAMARGO VOLVIÓ a ESCAPAR, AHORA por la PUERTA FALSA de la MINISTERIAL en VICTORIA»… guardia estatal ejecutado en Reynosa también era cercano.


La infausta realidad de la procuración de justicia tamaulipeca, a cargo de un perfil con pasado criminal bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, volvió a manifestarse con crudeza para exhibir que los barrotes de la prisión son de utilería, los custodios padecen ceguera selectiva y la muerte llega justo a tiempo para ahorrarle incomodidades a los de arriba.

Al más reciente caso de la ejecución de un guardia estatal en Reynosa, a quien ahora el trascendido liga estrechamente con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), en medio de una pesquisa con montaje oficial para resolver el brutal asesinato en favor del Cártel del Golfo, se suma otra víctima.

La de José Arturo «N» (alias El Cachetes), ex-integrante del extinto y siempre turbio Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) ,que actuaba como brazo armado del «CDV», tanto o cuanto mas peligroso que el «CDG», ya es otra putrida historia que desnuda cómo operan las cloacas del poder cuando un eslabón empieza a estorbar.

Para poner las piezas en su lugar y sin anestesia, basta revisar el guion de esta burla institucional en tres actos:

Acto I: La masacre y el cobijo

No hablamos de un carterista de poca monta. Hablamos de un ex-elemento de la llamada «policía de élite» cabecista, directamente vinculado con la masacre de Camargo en enero de 2021, donde 19 personas —en su mayoría migrantes guatemaltecos— fueron ejecutadas y calcinadas. 

Un crimen de Estado que dio la vuelta al mundo y donde el grupo táctico operó con métodos idénticos a los de las franquicias criminales que juraron combatir.

Acto II: El escape con puerta giratoria

En abril de 2026, cuando el cerco apretaba, se consumó el primer milagro: el imputado se esfumó de las propias instalaciones de Seguridad Pública donde un General del Ejercito acumula mugre en las uñas y sangre en las manos.

No hubo túneles dignos de serie de El Chapo ,ni película de comandos armados derribando muros; salió caminando por donde entran y salen los que tienen llave o permiso. 

Una «fuga sospechosa» que dejó en ridículo el aparato de custodia estatal y confirmó que, dentro de la corporación, los viejos pactos de complicidad seguían vigentes.

El problema para sus padrinos fue que la discreción no era el fuerte del prófugo. A finales de septiembre de 2026, El Cachetes fue recapturado en pleno centro de Ciudad Victoria (en el 17 Morelos y Matamoros) de la forma más absurda posible: haciendo disparos al aire. Lo detuvieron por escandaloso antes de darse cuenta siquiera de qué pez gordo acababa de caer de nuevo en la red.

Acto III: El «arrepentimiento» de las 8:00 AM

Recluido en las celdas de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas —en teoría, uno de los recintos más vigilados del estado—, el telón bajó de golpe la mañana de ayer 6 de noviembre. A las ocho en punto, los agentes «descubrieron» que el detenido había tomado la llamada puerta falsa: ahorcado en su propia celda.

Aquí es donde la irreverencia se vuelve obligación ciudadana. ¿De verdad esperan que alguien trague el cuento sin masticar?

Resulta sumamente poético —por no decir grotesco— que un operador entrenado en tácticas especiales, sobreviviente de enfrentamientos, partícipe de una masacre de 19 personas, capaz de evadirse de un edificio oficial en abril y de pasearse armado tirando balas en septiembre, sufra de pronto un ataque agudo de melancolía existencial justo cuando está bajo el resguardo directo de la Fiscalía.

  • ¿Dónde estaban las cámaras de vigilancia de las celdas ministeriales?
  • ¿Dónde estaban los guardias de turno que deben monitorear a un reo de alto perfil, con antecedentes de fuga y ligado a un caso internacional?
  • ¿Con qué se quitó la vida en una celda preventiva donde, por protocolo elemental, no te dejan ni las agujetas de los zapatos?

En la jerga del poder, un preso que sabe demasiado y que ya demostró ser indiscreto en la calle no es un detenido: es una bomba de tiempo con patas. Cuando a una institución se le «fuga» un multiasesino de sus propias oficinas, se llama corrupción; cuando lo recapturan por accidente y se les «muere» en las manos bajo custodia absoluta, tiene todos los síntomas de un silenciamiento administrativo.

El muerto ya no habla, ya no señala mandos, ya no negocia criterios de oportunidad y ya no explica quién le abrió la puerta en abril. Para la Fiscalía, el expediente se archiva con un acta de defunción; para cualquiera con dos dedos de frente, lo único que se ahorcó en esa celda de Ciudad Victoria fue la poca credibilidad que le quedaba a la justicia en Tamaulipas bajo tutela de un ex-presidiario de penal de alta seguridad de Almoloya y un gobernador que el pueblo no baja de narco.

Con informacion: NOTICIEROS DE VICTORIA/

viernes, 6 de noviembre de 2026

“LA COMPLEJIDAD NO es COARTADA: GOBERNADORA CONFIESA el FRACASO de la ESTRATEGIA en SINALOA”… No basta con sumar botas.


Veinte mil militares desplegados en tareas de seguridad en Sinaloa y una explicación que cabe en un encogimiento de hombros: siguen los homicidios porque “la complejidad es mayor”. Eso respondió la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava al ser cuestionada por los asesinatos que continúan pese al despliegue. Qué cómoda resulta la complejidad cuando sirve para explicar el fracaso, pero no para exigir que cambie la estrategia.

El balance del mas reciente parte de la inatajable guerra de bandos de la misma banda ,del 9 de septiembre de 2024 al 5 de noviembre de 2026, presenta una cuenta brutal: 4,158 homicidios dolosos, 4,640 personas privadas de la libertad, 12,865 vehículos robados y 220 personas abatidas. También registra 4,072 detenidos. Son las cifras del recuento difundido, atribuido a datos de la FGE, la SSP y registros periodísticos; no una ocurrencia para incomodar al poder.

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Frente a ese saldo, presumir el tamaño del despliegue no responde la pregunta: ¿qué está consiguiendo? Veinte mil elementos son una medida de presencia, no un certificado de eficacia. Una detención tampoco demuestra, por sí sola, que se haya desarticulado una estructura criminal. La pregunta incómoda no es cuántos uniformados aparecen en la fotografía, sino cuánta seguridad produce la estrategia.

La gobernadora habla de una “tarea titánica” y recuerda que los integrantes de las Fuerzas Armadas también mueren en estas labores. Ese riesgo merece respeto, no convertirse en escudo discursivo de quienes toman las decisiones. Reconocer el sacrificio de los desplegados no obliga a aplaudir la conducción política del operativo. Al contrario: obliga a preguntar si reciben una estrategia a la altura del peligro que enfrentan.

Porque ahí está el asunto: a problemas complejos se les deben oponer acciones complejas, articuladas y evaluables. Inteligencia que se traduzca en operaciones; investigaciones que lleguen a responsables; detenciones que se sostengan ante jueces; persecución del dinero y protección efectiva de la población. No basta con sumar botas y esperar que la aritmética haga el trabajo de la estrategia.

Pero la explicación oficial todavía reserva espacio para “recomponer” la percepción sobre Sinaloa, destacar su riqueza cultural y natural y convocar a la sociedad a contribuir a la tranquilidad emocional de las familias. Todo eso puede tener su lugar. Lo que no puede hacer es sustituir la respuesta a los asesinatos. La cultura no es chaleco antibalas y la buena percepción no es una patrulla que llegue a tiempo.

Pedir participación ciudadana es válido. Repartir entre todos la responsabilidad hasta volverla irreconocible, no. La sociedad puede colaborar; no tiene por qué cargar con la obligación de volver convincente un balance que el gobierno debe explicar y corregir.

La complejidad debe ser el punto de partida del trabajo público, no el punto final de la rendición de cuentas. Nadie necesita que el gobierno descubra, después de contar los muertos, que gobernar Sinaloa es difícil. Necesita que demuestre para qué sirve su estrategia.

Menos épica del esfuerzo y más evidencia del resultado. Porque un parte de guerra no se vuelve parte de victoria nomás porque lo lean con voz solemne.

Con informacion: NOROESTE/

¿CON "V" de VENGANZA?: CÍRCULO MAGENTA PONE sobre la MESA la DERROTA del OTRO LADO del RÍO y la VALLA"... y no hay tranquilizantes para México.

El poder marea y el dinero compra muchas cosas, pero no garantiza impunidad en las urnas. Esa es la tesis que Ramón Alberto Garza, Rodrigo Carvajal y Alejandro Fuentes ponen sobre la mesa en Círculo Magenta: cuando el bolsillo aprieta y la soberbia gobierna, el ciudadano puede convertir su voto en venganza.

En su lectura de la elección estadounidense del 3 de noviembre, los periodistas describen un descalabro republicano que habría dejado una advertencia para Donald Trump y sus patrocinadores: ni el control institucional ni los millones atribuidos a Elon Musk alcanzan para comprar indulgencias. Texas aparece en su análisis como el laboratorio del hartazgo: voto latino, jóvenes movilizados y familias cansadas de la incertidumbre económica y de los excesos migratorios.

La desconexión tiene una imagen demoledora: un presidente hablando de oro y mármol mientras sus ciudadanos hacen malabares para pagar vivienda, alimentos y servicios. Mucho brillo en el palacio, poca respuesta en la despensa.

Pero tampoco reparten tranquilizantes para México. Carvajal plantea que un contrapeso demócrata podría mejorar el ambiente para el T-MEC, aunque no borraría la presión estadounidense contra los cárteles. En esa agenda, advierte la mesa, cambian los colores partidistas, pero no necesariamente los objetivos.

El otro destinatario del jalón de orejas es la oposición mexicana: menos desfile de egos y más estrategia, alianzas y candidatos capaces de conectar con la gente. Porque el descontento no se convierte solito en victoria y una coalición de membretes tampoco fabrica una alternativa.

Para el oficialismo, la advertencia es igual de incómoda: la popularidad no es un seguro contra el desgaste. Economía, inseguridad, corrupción y pleitos internos pueden terminar cobrando lo que la propaganda pretende esconder.

La mesa lo resume con el virus de las tres íes: sentirse invencible, invisible e intocable. El problema llega cuando el ciudadano encuentra la vacuna y la deposita en una urna.

Con información: CODIGO MAGENTA/

“YO CREO que NO FALLÓ, NO HUBO FALLO”: GENERAL ABSUELVE OPERATIVO que dejó NIÑA de 7 AÑOS ASESINADA de BALAZO en la CABEZA… y culpa al contexto de Matamoros, que su gobernador fomenta.


El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el general Carlos Arturo Pancardo, bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, fue cuestionado nuevamente por los hechos en los que murió una niña de siete años en Matamoros. Sostuvo que la Fiscalía debe determinar lo ocurrido, pero él ya declaró que «no hubo fallo».

Las declaraciones del militar de carrera son contradictorias: si todavía se investigan las circunstancias y las responsabilidades, ¿con qué pruebas descarta fallas en el operativo?

Su afirmación no es una conclusión acreditada en la respuesta: es la defensa anticipada que hace el secretario de su corporación y muy contrastante con las exigencias de la madre de la menor.

Una niña murió; el general dice que no falló nada

«Yo creo que no falló, no hubo fallo», declaró Pancardo Escudero sin una pizca de mesura.

También confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal están bajo investigación y continúan trabajando. Esos son los hechos que vuelven insostenible su complacencia: una muerte infantil exige explicaciones verificables, no una absolución verbal del mando.

El general que recien aparecio hasta sonriendo, parece manejar dos criterios: para establecer responsabilidades hay que esperar a la Fiscalía; para descartar fallas basta su opinión. 

El militar acostrumbrado a la impunidad del ejercito no puede presentar la investigación pendiente como razón para no responder y, al mismo tiempo, dar por resuelto que su corporación actuó correctamente. Si faltan los resultados, también le faltan fundamentos públicos para proclamar que nada falló.

Desde la finalidad de proteger a la población,salvaguardar vidas,no quitarlas, es un desenlace trágicamente fallido;determinar si hubo negligencia, uso ilícito de la fuerza u otras responsabilidades exige respuesta inmediata,no tacticas dilatorias. 

La ley nacional del eso de la fuerza establece que esta debe salvaguardar la vida y evitar toda actuación innecesaria cuando exista un peligro evidente para personas ajenas a los hechos.

Pancardo respondió que todo ocurrió «en el contexto de la violencia que genera la delincuencia organizada». Eso podrá describir el escenario; no demuestra la corrección de la actuación policial. 

La existencia de delincuentes no elimina las obligaciones de los agentes: precisamente porque intervienen en situaciones peligrosas, deben justificar la necesidad de la fuerza, reducir riesgos para terceros y rendir cuentas por sus decisiones. El contexto criminal no sustituye los peritajes ni funciona como salvoconducto institucional.[

La pregunta que debe responder no es si había violencia, sino qué hizo la corporación para proteger a quienes no participaban en ella. 

¿Qué riesgos identificó el mando? ¿Cómo se decidió emplear las armas? ¿Qué medidas se tomaron para reducir el peligro para civiles? ¿Qué revelan los reportes, las armas y los peritajes? ,porque la Guardia Estatal ataco desde el aire a quien no les disparo porque no traia armas ?

La ley contempla controles para evaluar el uso de la fuerza y exige que la fuerza letal sea el último recurso. Decir que los policías están capacitados no acredita que actuaran correctamente en este caso.

Investigación penal con gotero

«Están en sus funciones y cuando diga la Fiscalía, pues eso», respondió el secretario. Es una explicación insuficiente: informa que siguen trabajando, pero no explica si hubo una evaluación interna del riesgo de mantenerlos en las mismas tareas ni qué medidas se adoptaron para preservar una investigación confiable.

La exigencia debe ser clara: que se evalúe y se justifique de inmediato su suspensión preventiva o su separación temporal de tareas operativas, conforme al régimen aplicable, sin convertir esa medida en una condena anticipada. 

Investigar responsabilidades penales y revisar la actuación institucional son cuestiones distintas; el marco legal contempla responsabilidades penales y administrativas, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Exigir que el secretario explique por qué siguen en funciones, qué controles existen y por qué descarta fallas antes de conocer las conclusiones es, en cambio, una exigencia plenamente sustentada en sus propias declaraciones.

El general no debe fabricar certezas exculpatorias antes de que termine la investigación. Una niña murió: la respuesta institucional debe ser rendición de cuentas, no «yo creo que no falló».

Con informacion: HoyTamaulipas/