Mientras la prensa nacional juega al bingo de las visas canceladas, José Ramón López Beltrán,hermano de «Andy» Lopez, apareció sonriente con un mensaje desde Buc-ee’s, la gigantesca cadena gringa de gasolina, snacks y patriotismo en formato castor. La postal llega apenas dos días después de que su hermano con pose de heredero presidencial informara con rabietas que Estados Unidos le retiró la visa.
La escena, desde luego, alimenta la ironía: en el país donde la austeridad republicana prometía acabar con los privilegios, pareciera que la única austeridad verdaderamente vigente es la moral. Porque mientras desde Morena se denuncia “injerencia” cuando Washington toca a los cercanos al poder, la familia presidencial ampliada sigue dejando estampas de vida cómoda, viajes y postales del vecino del norte.
Pero conviene no vender humo como noticia: la fotografía publicada por José Ramón no prueba, por sí sola, que esté actualmente en Estados Unidos ni acredita qué tipo de documento migratorio posee. Puede sugerirlo —Buc-ee’s no suele aparecer de la nada en una fonda de Palenque—, pero una publicación en redes no sustituye una confirmación oficial cuando otras fuentes confiables aseguran «NO TIENE VISA».
El dato político, sin embargo, ya está servido: mientras se especula sobre quién tiene visa, quién la perdió y quién puede cruzar la frontera, el discurso de sobriedad choca otra vez con la estética familiar de comodidad transnacional. Y ahí, como siempre, el castor de Buc-ee’s termina siendo más transparente que la narrativa oficial que confunde privilegios con soberanía y patriotismo.
Sinaloa no vive una “ola” de violencia: vive un naufragio cotidiano, administrado entre discursos, patrullas y comunicados. Con más de 14 mil militares, la muerte sigue circulando con permiso; no pide identificación, no respeta horarios y tampoco parece encontrar retenes.
El último parte de guerra en Sinaloa no trae victorias, ni paz, ni control territorial. Trae sangre.
Mientras el Gobierno y Omar Garcia Harfuch,su estratega «cuentachiles» y el ejercito presumen el despliegue de más de 14 mil soldados, sin contar marinos, y policías, la violencia responde con la brutal eficacia de quien sabe que puede operar.
En Escuinapa asesinaron a Perla, una joven de 20 años, en pleno Centro y a un costado de la parroquia. Ni la cercanía de la iglesia alcanzó para espantar a los asesinos.
En Mazatlán, hombres armados dispararon contra dos motociclistas: uno murió en el lugar y el otro falleció después de ser trasladado a un hospital. También hubo ataques simultáneos que dejaron heridas a dos mujeres y un hombre. La ciudad turística, la de los atardeceres, los cruceros y la promoción oficial, sigue acumulando escenas de balas, cintas amarillas y familias esperando noticias.
En Culiacán, la rutina de la violencia tampoco descansó: un joven fue asesinado a balazos en el puente peatonal de Campo El Diez; después, un ataque armado contra un expendio en Infonavit Barrancos dejó dos personas muertas.
La capital sinaloense ,al igual que Mazatlan ,siguen convertidas en un mapa donde cada colonia puede amanecer como nota roja.
Y eso fue apenas una jornada.
El recuento de Noroeste para el viernes 14 de agosto registró cinco homicidios dolosos en Sinaloa: dos en Culiacán, dos en Mazatlán y el asesinato de Perla en Escuinapa. Además, reportó una osamenta localizada en Elota y nueve robos de vehículos. El mismo reporte advirtió que agosto acumulaba 63 muertes violentas, con un promedio de 4.5 diarias, y proyectaba cerrar alrededor de 140 asesinatos.
Desde que comenzó la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, el 9 de septiembre de 2024, el saldo —hasta el 14 de agosto de 2026— es de 3 mil 690 homicidios dolosos, 4 mil 291 personas privadas de la libertad y 12 mil 205 vehículos robados.
Son 5.2 asesinatos diarios, 6.1 desapariciones o privaciones de la libertad al día y 17.3 vehículos robados cada 24 horas. No son estadísticas: son hogares vaciados, negocios paralizados y una sociedad obligada a aprender a vivir con miedo.
La pregunta ya no es cuántos uniformados hay en las calles. La pregunta es para qué sirve un despliegue tan numeroso si los criminales siguen decidiendo quién cae, dónde cae y a qué hora. Porque si 14 mil elementos no consiguen impedir que maten a una joven en el Centro de Escuinapa, que embosquen motociclistas en Mazatlán o que ejecuten gente en Culiacán, entonces el problema no es la falta de botas: es la ausencia de una estrategia que realmente proteja a la población.
No. Una estrategia que necesita 14 mil uniformados para administrar una guerra que sigue cobrando muertos, desaparecidos y desplazados no se exporta: se revisa, se corrige y se somete a rendición de cuentas. Y el responsable político, con nombre y apellido, es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Esto es lo que Omar García Harfuch pretende vender como estrategia exitosa ante el mundo?
Porque una cosa es presentar gráficas con porcentajes descendentes maquillados y otra muy distinta es caminar las calles de Sinaloa, donde la estadística tiene nombre, edad, familia y funerales.
En los papeles oficiales pueden caer los promedios; en Escuinapa asesinan a Perla, de 20 años; en Mazatlán balean motociclistas y atacan civiles; en Culiacán se ejecuta gente en puentes peatonales y expendios. La reducción que se presume no alcanza a resucitar a nadie ni a devolverle tranquilidad a una población que aprendió a contar ráfagas antes que promesas.
Omar García Harfuch tiene un problema: pretende exhibir como modelo una estrategia que, en Sinaloa, todavía no logra garantizar lo elemental. Más de 14 mil elementos desplegados no han impedido que el crimen mantenga capacidad de matar, secuestrar, robar vehículos y disputar territorios. Si la respuesta del Estado exige semejante concentración de fuerza y aun así las ejecuciones continúan como parte de la rutina, no estamos frente a un éxito: estamos ante una contención incompleta, costosa y sangrienta.
Exportar esta receta sería exportar una contradicción: miles de soldados, operativos focalizados, detenciones y discursos de control, mientras el saldo acumulado desde septiembre de 2024 rebasa los 3 mil 690 homicidios, las 4 mil 291 privaciones de la libertad y los 12 mil 205 vehículos robados.
Que Harfuch lleve sus cifras a un foro internacional si quiere. Pero que no venda como pacificación lo que, en Sinaloa, sigue pareciéndose demasiado a una guerra sin final.
Una estrategia no es exitosa porque produzca diapositivas; lo es cuando la gente puede volver a su casa sin preguntarse si esa noche le tocará ser cifra, fotografía o encabezado.
Sinaloa no necesita más fotografías de convoyes. Necesita resultados tangibles, no necesita que hagan lo que se puede, sino lo que sea necesario para devolver la tranquilidad y sin que se les antoje la paz mafiosa como distintas voces informadas, ya lo presume ,igual que la evidencia.
Menos partes de “operativos permanentes” y menos promesas de coordinación. Porque, hasta ahora, la única presencia verdaderamente permanente es la de la muerte.
En Michoacán parece que el Estado gobernado por Morena y Alfredo Bedolla, ya encontró la fórmula mágica para combatir la violencia: no atrapar a los criminales que tienen al estado incendiado, sino pedir 12 años de cárcel para quien salió a protestar porque asesinaron a un alcalde, donde Morena esta claramente implicada.
Raúl Meza Abonce, de 27 años, participó en las movilizaciones tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Ahora, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla pretende tratarlo como si fuera el cerebro criminal del Cartel de Jalisco o los primos del mandatario en custodia por narcos en EE.UU: le atribuye un “plan común”, “división de funciones” y una operación colectiva para atacar el Palacio de Gobierno. Porque, al parecer, ondear una bandera desde un balcón es más urgente de perseguir que la violencia que mantiene a Michoacán de rodillas.
La administración estatal no se conforma con solicitar más de una década de prisión y suspenderle sus derechos políticos: además reclama una reparación de 1.37 millones de pesos por daños al edificio gubernamental. Es decir, el mensaje oficial parece ser: si te indignas porque matan a un presidente municipal de los que ya van 14 bajo el gobierno de Sheinbaum, prepárate para que te cobren hasta los vidrios, las puertas y quizá el aire acondicionado.
La defensa sostiene que la acusación es desproporcionada y que Meza fue colocado en la mira por ser uno de los rostros visibles de la protesta. El gobierno, por su parte, afirma que no fue una manifestación legítima, sino una acción violenta y coordinada que afectó el funcionamiento institucional. Será el Poder Judicial quien determine responsabilidades, pero el contraste es brutal: ante una sociedad harta de asesinatos e impunidad, el aparato estatal parece mostrar una eficacia formidable… cuando se trata de castigar el enojo ciudadano.
Qué tranquilidad saber que, mientras Michoacán se desangra, el gobierno tiene claras sus prioridades: convertir la protesta en expediente penal y la indignación en una factura millonaria.
Con información: ELIA CASTILLO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
En lo que es sin duda todo un mensaje directo para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa no sólo a Andrés Manuel López Beltrán, quien ya lo hizo público con su dura carta de reclamo al presidente Trump; también sus dos hermanos, el mayor José Ramón López Beltrán y el menor, Gonzálo López Beltrán, fueron avisados ya de la cancelación de su visado estadounidense sin que les explicaran los motivos de dicha decisión.
De acuerdo con lo que informan fuentes estadounidenses, fue personalmente el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien les mandó un aviso personalizado a los hijos del expresidente para informarles la decisión de la cancelación de sus visas, lo que explica la reacción de Andy López Beltrán en la virulenta carta que le dirige al presidente Trump y en la que acusa al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Landau por el retiro de su visado que, según distintas fuentes, habría ocurrido desde el pasado 24 de mayo, aunque recientemente les fue notificado.
Ayer mismo, tras la difusión de la carta de López Beltrán en la que lo acusa con Donald Trump y pide su destitución, el subsecretario Landau, quien se hace llamar en una de sus cuentas “El Quitavisas”, publicó un mensaje sarcástico en sus redes sociales con el que pareció responder a los ataques de Andy: “¿Están disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”, se lee en el mensaje gráfico en el que aparece la fotografía del también ex embajador estadounidense en México reclinado en un sillón ejecutivo.
Tras la cancelación de la visa estadounidense a sus hijos, el periodista Ramón Alberto Garza aseguró que el expresidente López Obrador habría dejado el rancho de “La Chingada” en Palenque para trasladarse a la Ciudad de México, donde estaría operando. Incluso, el director del sitio Código Magenta atribuyó al exmandatario la redacción de la carta que hizo pública Andy López Beltrán, dirigida al presidente Trump y en la que acusa a Rubio y a Landau de “hitlerianos”, “jefes de pandilla” y “canallas” al secretario y subsecretario de Estado, por la similitud que tiene ese texto con otras cartas que López Obrador le dirigió a Trump recientemente, como la del pasado 3 de junio donde defendió a la presidenta Sheinbaum y acusó injerencia estadounidense.
“Tocar a Andy es tocar a su padre. No hay forma de no llegar a su padre a través de esto. ¿Qué le están mandando? Un mensaje primero, un lleguecito: ‘o haces lo que te vamos a decir que hagas o vas a correr la misma suerte de Maduro’. Por eso el expresidente López Obrador ya salió de Palenque, ya se vino a la Ciudad de México, porque él prefiere acabar su vida como una víctima del Imperio, lo que le pasó a Salvador Allende, que terminó mejor suicidado, entre comillas, y como un gran héroe chileno, que terminar como el gran victimario que robó a este país y que lo saqueó y lo hundió en una crisis económica severa”, sostuvo ayer Ramón Alberto Garza en entrevista que le realizamos en el noticiero “A la Una” con este columnista.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron ayer en su conferencia matutina sobre la cancelación de la visa de Andy, fue bastante escueta y rebuscada: “Esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, fundamentalmente. Porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de algún ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, dijo la Presidenta con un tono bastante tranquilo.
Por ahora, lo que va quedando cada vez más claro, es que el gobierno de Donald Trump sí tiene una investigación contra los hijos de López Obrador, particularmente contra Andrés Manuel López Beltrán, y que el límite que hasta ahora el gobierno estadounidense no había pasado, que es el de tocar directamente a la familia del expresidente mexicano, ya se rompió y lo que viene en los próximos días y semanas, tal y como lo anticipa con sarcasmo el subsecretario Christopher Landau, ya no sólo apunta a los colaboradores y amigos más cercanos del exmandatario, sino a su propia familia.
Si hasta ahora se sabía y se habían filtrado audios, documentos y datos sobre las acusaciones judiciales o presuntas investigaciones a gobernadores de Morena, como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, Alfonso Durazo o Américo Villarreal, a los que también se les canceló la visa, y se ha hablado ya también de la pérdida de visa estadounidense de Adán Augusto López y de investigaciones en su contra por el tema del huachicol, ahora la ofensiva estadounidense ha escalado directo hasta el círculo familiar de López Obrador, lo que también coloca ya al exmandatario en la mira del gobierno de Trump.
Y si nos atenemos a lo que se ha venido afirmando en esta estrategia de presión del trumpismo, que ha ido subiendo cada vez más de tono y de acciones contra la clase política gobernante en México, y a lo que ayer anticipa con sarcasmo el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ya no hay duda de que en las semanas por venir, y los meses de septiembre y octubre, justo antes de las elecciones de Congreso en los Estados Unidos, asistiremos a lo que hoy ya muchos analistas, en ambos lados de la frontera, se refieren como “el principio del fin” del obradorato.
David Arizmendi, vocero de Estados Unidos en México, soltó el mensaje sin rodeos: la visa no es un derecho, es un privilegio que Washington puede retirar cuando considere que hay motivos.
Tras la cancelación de la visa y posterior rabieta de Andy López Beltrán,la presidenta Sheinbaum y la cofradía de Gobernadores de morena, el representante diplomático aclaró que el criterio aplica parejo: ciudadanos comunes, funcionarios, figuras públicas o quien sea. Si el Departamento de Estado concluye que una persona ya no cumple los requisitos, la visa puede cancelarse en cualquier momento.
Las razones pueden ir desde exceder el tiempo autorizado de estancia o realizar actividades no permitidas, hasta representar un posible riesgo de seguridad. Y ojo: para cancelar una visa no hace falta una sentencia penal; basta con que las autoridades estadounidenses consideren que mantenerla ya no conviene a sus intereses.
Arizmendi también precisó que estas revisiones son rutinarias y que, por privacidad, los detalles no suelen ventilarse en público: se notifican directamente a la persona involucrada.
En pocas palabras: Estados Unidos decide quién entra a su territorio y quién deja de tener permiso para hacerlo. Sin importar apellido, cargo, domicilio o postura política.
