En México ya no importa la sucursal: la violencia trae el mismo manual, cambia de ciudad y se sirve hasta con tacos. En Zapopan, un comando irrumpió en una taquería de La Cima y abrió fuego contra comensales; el saldo fue de dos hombres asesinados —entre ellos Jesús Aarón Olivas Cázares, familiar de Alfredo Olivas— y tres lesionados que la prensa local enmarca al estilo de Sinaloa,donde ni la Guardia Nacional se salva.
Ocho hombres con ropa táctica llegaron en tres vehículos a una taquería de Zapopan, entraron como quien llega a cobrar una cuenta pendiente y dispararon en ráfaga contra los comensales. Dos personas murieron y tres más resultaron heridas. Entre las víctimas estaba Jesús Aarón Olivas Cázares, primo del cantante Alfredo Olivas.
La taquería Fermín, en el cruce de Federalistas y Doctor Ángel Leaño, se convirtió por minutos en otra escena del México donde el crimen organizado no necesita esconderse: llega armado, ejecuta, se va y deja a la autoridad recogiendo casquillos, versiones y el ritual de siempre.
Le llaman “ataque estilo Sinaloa”, pero la precisión ya sobra: es el estilo nacional. El de camionetas, ropa táctica, armas semiautomáticas y fugas sin persecución. El de ciudades que presumen desarrollo mientras sus restaurantes se transforman en zonas de guerra. El de una sociedad obligada a aprender que sentarse a cenar también puede ser una actividad de riesgo.
No se conoce el móvil ni hay detenidos. Pero eso tampoco sorprende: en este país la impunidad suele llegar antes que la ambulancia y se queda mucho más tiempo que los peritos.
La familia Olivas ya conoce esa rutina de violencia en Jalisco: el padre del cantante fue baleado en 2018; su hermano Iván Alejandro fue asesinado junto con su esposa e hijo en Zapopan en 2021; y el propio Alfredo Olivas sobrevivió a un atentado en Chihuahua en 2015.
En México, las balas ya no tienen código postal. Sólo rutas.
La mas reciente detención de diez presuntos integrantes del crimen organizado en Concordia no borra el dato central: en Sinaloa se sigue asesinando, secuestrando y robando mientras el gobierno convierte cada captura en propaganda de éxito. Una estrategia que presume detenidos, pero no logra que un médico de 76 años pueda atender en su farmacia sin ser ejecutado, no está dando seguridad: está administrando la tragedia al privilegiar las capturas por encima de la obligación legal de dar seguridad.
Los saldos de la ola: capturas para el boletín, víctimas para la estadística
El discurso oficial vuelve a sacar músculo: diez detenidos en Concordia, siete de ellos colombianos; armas largas, cargadores, cartuchos, presunta droga, radios, equipo táctico y motocicletas. El catálogo del aseguramiento es largo, como corresponde a un comunicado diseñado para producir la imagen de control.
Y la respuesta sigue siendo brutalmente evidente: no.
Del 9 de septiembre de 2024 al 9 de agosto de 2026, el saldo de la ola violenta citada puntualmente por NOROESTE ,es de 3 mil 665 homicidios dolosos; 4 mil 279 personas privadas de la libertad; 12 mil 168 vehículos robados; 3 mil 829 personas detenidas y 209 personas abatidas. Son 5.2 asesinatos y 6.1 privaciones de la libertad cada día; 17.4 vehículos robados diarios. No es una racha. No es un episodio. Es una normalidad criminal que el Estado no ha conseguido desmontar.
Pero Sinaloa no se debe medir la seguridad por la extensión del parte de guerra ,ni por las fotografías de detenidos o decomisos. Se mide por algo más básico: si la gente puede vivir, trabajar y volver a casa sin convertirse en víctima.
El contraste de ayer 11 de agosto es obsceno. Por un lado, autoridades anuncian la captura de diez hombres en Concordia y un arsenal asegurado; por el otro, Fernando, médico de 76 años, es asesinado a balazos dentro de la farmacia donde trabajaba, en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán.
No en una brecha remota ni en un enfrentamiento entre grupos criminales: detrás de un mostrador, entre anaqueles de medicamentos, en el sitio donde atendía a su comunidad.
No se trata de negar la importancia de detener a presuntos delincuentes ni de minimizar el retiro de armas de circulación de las que se calcula ingresan al pais mas de 200 mil, aunque otras cifras calculan medio millon. Es obligación de las autoridades investigar, detener y poner a disposición de la justicia a quienes presuntamente delinquen. Pero eso no equivale a seguridad, y fingir que sí es una de las trampas más rentables del discurso oficial.
La propia información sobre el operativo de Concordia revela, además, la ligereza con la que se construye el “logro”: primero se reportaron 11 armas largas, 68 cargadores y 3 mil 360 cartuchos; después, el comunicado corrigió las cifras a 10 armas, 60 cargadores y mil 978 cartuchos. ¿Qué se está celebrando exactamente: una operación sólida o una ficha propagandística elaborada con números que cambian en horas?
La distracción de las capturas
El truco consiste en confundir tres cosas distintas:
Detener no es prevenir. Una captura ocurre después de que el Estado localiza a una persona presuntamente involucrada; la prevención busca impedir que alguien sea asesinado, levantado o despojado de su vehículo.
Asegurar armas no es asegurar calles. Un arsenal fuera de circulación puede ser relevante, pero no responde por sí mismo a la pregunta que importa: ¿por qué las personas siguen siendo vulnerables en sus negocios, sus colonias y sus trayectos?
Contar detenidos no es medir paz. Las 3 mil 829 personas detenidas que registra el propio balance no han impedido miles de homicidios, desapariciones de facto mediante privación de la libertad ni el robo cotidiano de vehículos.
La captura es una herramienta, no el resultado final. Cuando se vuelve el centro del relato, desplaza a la víctima y reduce la política de seguridad a una vitrina de trofeos: detenidos, armas, dosis, chalecos, vehículos. Mientras tanto, las víctimas quedan convertidas en una cifra que se menciona al final, si acaso se menciona.
El Estado no puede reclamar éxito porque logró detener a diez personas si, al mismo tiempo, no puede explicar cómo un adulto mayor fue asesinado mientras ejercía su profesión. La captura exige debido proceso y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Pero Fernando no necesitaba un boletín posterior: necesitaba condiciones de seguridad antes de que un agresor entrara armado a su farmacia.
La obligación que se evade
El artículo 21 constitucional no define la seguridad pública como una competencia para tomarse la foto con lo asegurado. Le asigna al Estado —Federación, entidades federativas y municipios— la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar la paz social. También incluye prevención, investigación y persecución de delitos.
La palabra decisiva es salvaguardar. No contabilizar después. No explicar después. No acordonar después. No prometer investigación después.
Investigar el asesinato de un médico es indispensable, pero es la respuesta mínima frente a una vida ya perdida. Asegurar un arma es necesario, pero no reemplaza una política que reduzca la posibilidad de que esa arma entre a una colonia y dispare contra quien está trabajando. Detener a diez presuntos criminales puede ser un paso; presentarlo como prueba suficiente de que la estrategia funciona, cuando los saldos de violencia siguen creciendo, es una falsedad política.
La vara correcta
La eficacia de cualquier plan de seguridad debe medirse desde la víctima, no desde el podio de la autoridad:
Menos personas asesinadas, no más comunicados.
Menos familias buscando a quienes fueron privados de la libertad, no más fotografías de detenidos.
Menos robos y menos miedo para circular, trabajar o abrir un negocio.
Menos capacidad criminal para decidir quién vive, quién desaparece y quién abandona su patrimonio.
Mientras los asesinatos, las privaciones de la libertad y los robos mantengan esas dimensiones, no hay triunfo que presumir. Hay una obligación incumplida.
Diez detenidos en Concordia no devuelven la vida a Fernando, el médico asesinado en Culiacán. Tampoco cancelan los 3 mil 665 homicidios, ni las 4 mil 279 personas privadas de la libertad, ni los más de 12 mil vehículos robados que deja esta ola. La seguridad no se acredita con un decomiso: se acredita cuando la población deja de contar muertos.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, desplegó ayer una conferencia de prensa digna de manual de honestida_: muchas palabras, varias vueltas en círculo y una tesis central bastante cómoda para el partido: si el personaje incómodo no trae credencial de Morena, entonces Morena no tiene nada que explicar.
El asunto es Alejandro Arcos, señalado como presunto operador financiero de la mafia rumana en México y hoy cercano colaborador de Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Montiel aclaró —con la precisión de quien ve venir la tormenta— que Arcos “no es militante de Morena”. Como si la militancia fuera una especie de vacuna moral o un detector infalible contra relaciones inconvenientes.
Porque, claro, una cosa es estar acusado de vínculos delictivos y otra muy distinta aparecer en el equipo de un aspirante morenista. Para la dirigencia guinda, al parecer, ambas cosas viven en universos paralelos: mientras no haya una autoridad con carpeta en mano, sello oficial y declaración judicial, el partido no ve, no escucha y, sobre todo, no pregunta.
Montiel insistió en que “no protegen a nadie”, frase que ya se ha convertido en el himno administrativo de la Cuarta Transformación: nadie es protegido, aunque a veces tampoco nadie es cuestionado; nadie es encubierto, aunque los vínculos incómodos se reduzcan a “narrativas” periodísticas; nadie tiene que responder, porque todo le toca a la Fiscalía, al Poder Judicial, a los estados, a los medios, a la oposición o a Mercurio retrógrado, menos al partido que presume ser distinto y salió peor.
Según la presidenta morenista, los medios “salpican” a Morena con personajes presuntamente involucrados en delitos. El problema no sería, entonces, que un presunto operador financiero de una red criminal aparezca cerca de una campaña; el problema sería que alguien se atreva a preguntar qué hace ahí. La lógica es impecable: no se investiga la cercanía, se reclama la pregunta.
No se aclara la relación, se desacredita la sospecha. Y no se responde por el entorno político, porque, total, el entorno no paga cuotas partidistas.
Pero hay un viejo dicho que no necesita credencial de afiliación para conservar vigencia: dime con quién te juntas y te diré quién eres. O, para no herir susceptibilidades, digamos que al menos dirá mucho de tus criterios, de tus filtros y de la clase de confianza que decides repartir en una campaña.
Nadie está pidiendo que Morena sustituya a la Fiscalía ni que dicte sentencias desde una conferencia. Se pide algo bastante más elemental: que los aspirantes a cargos públicos entiendan que rodearse de personajes cuestionados no es un detalle menor ni una travesura administrativa. Que un partido que se proclama paladín de la honestidad no puede lavarse las manos cada vez que aparece un colaborador incómodo, alegando que no pertenece formalmente a su militancia.
Porque el problema de Morena no es sólo quién está en el padrón. El problema es quién entra a las campañas, quién opera cerca de sus candidatos, quién acumula poder alrededor de sus estructuras y, sobre todo, quién merece la confianza de quienes aspiran a gobernar.
Montiel dice que Morena responderá cuando una autoridad señale a un militante. Muy bien. Pero la política no debería funcionar únicamente después de que llega la carpeta de investigación, la orden de aprehensión o el escándalo imposible de ocultar. La responsabilidad política empieza antes: en la selección de aliados, operadores, asesores y acompañantes.
Si el lema es no encubrir, habría que comenzar por no normalizar. Porque luego no basta con decir que no sabían quién era “este señor”. En política, especialmente cuando se busca gobernar, no saber quién está sentado a tu lado no es una defensa: es parte del problema.
Raúl Rocha Cantú y Ernesto Ruffo Appel tienen algo en común: ambos enfrentan acusaciones federales ligadas al huachicol fiscal. La diferencia es que el primero, un operador de los gobiernos de la Cuarta Transformación, está libre en Europa. El segundo, un ex gobernador panista de Baja California, se encuentra recluido en el Penal del Altiplano. Rocha Cantú obtuvo un amparo a modo que le permitió salir del país con total impunidad. Ruffo Appel ni siquiera tuvo el derecho a que su audiencia de imputación fuera pública, como la ordena la ley. Este contraste brutal exhibe que la justicia mexicana tiene dos criterios diferentes para procesar casos de presunta delincuencia organizada de alto perfil. La Cuarta Transformación acude a la máxima mexicana: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Raúl Rocha Cantú, el empresario de casinos que desde la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación construyó una de las redes de tráfico de influencias más poderosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esconde dos grandes secretos. El primero, el más obvio, es el de su paradero. Aunque no lo parezca, Rocha Cantú es un prófugo de la justicia.
El segundo secreto, sin embargo, es el más importante: el manejo de una estructura de más de 50 casinos a lo largo y ancho de todo el país que fueron utilizados por el crimen organizado como un mecanismo de lavado de dinero.
Una decena de ex funcionarios, empresarios casineros y personas del círculo cercano de Rocha Cantú confirmaron a Código Magenta la ruta financiera y las maniobras políticas detrás de esta red.
Un empresario de Tamaulipas, que asegura haber sido extorsionado por funcionarios de Gobernación comandados por Rocha Cantú, describe a esta constelación de casinos como uno de los mayores esquemas de blanqueo de capitales en todo México, una empresa al servicio de los cárteles en Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco. Esa es la razón detrás de su impunidad, agrega una fuente de inteligencia.
¿Quién protege al “señor de los casinos”? La pregunta es obligada después de que el fin de semana emergió un video en el que Rocha Cantú aparece en el Boulevar Des Moulins, en Montecarlo, portando un reloj Patek Philippe con un valor superior a los 2 millones de pesos. Una estampa de total impunidad. De acuerdo al periódico Reforma, las imágenes fueron tomadas por la cuenta de Instagram “Class of Palm Beach”, cuando Rocha Cantú contaba con el blindaje del aparato judicial mexicano. En enero de 2026, Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, le concedió un amparo para restituirle su condición como testigo protegido de la Fiscalía General de la República, un status que le fue garantizado por el ex fiscal Alejandro Gertz Manero, días antes de que presentara su renuncia. Este punto es fundamental porque existe la duda fundada de si el gobierno de México solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol. De otro modo, Rocha Cantú habría sido aprehendido desde diciembre de 2025, cuando ingresó a Francia y fue captado en el Bar Vendome del Hotel Ritz en París. ¿Quién facilitó su salida de México y por qué?
La influencia de Rocha Cantú en los gobiernos de Morena es innegable. En Bucareli, se instaló como el jefe de facto de la Dirección de Juegos y Sorteos en colusión con el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quien antes fungió como el primer administrador General de Aduanas del gobierno de López Obrador y quien entregó a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, el control de la Aduana de Reynosa.
La huella del “señor de los casinos” en el gobierno de López Obrador era amplia y profunda: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la Fiscalía General de la República asignó 30 contratos de servicios de seguridad por un monto total de 300 millones de pesos a SEICSA, una empresa que fue parte de la red de Rocha Cantú.
El gobierno le encargó la custodia de las aduanas de Reynosa, Guaymas y Nogales. Adicionalmente, la Secretaría de Marina asignó contratos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 1,194 millones de pesos a SERPROSEP SA de CV y a Armour King SA de CV. Según MCCI, las firmas tuvieron como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú. La dirección de ambas compañías es Séneca 350 en la Colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. ¿Casualidad de la política o negocio pactado?
El caso de Rocha Cantú se ha convertido en un foco de discusión dentro de la 4T. El empresario regiomontano, ex dueño del Casino Royale y principal accionista del certamen Miss Universo, regresó a la escena pública cuando se revelaron sus presuntos nexos con Bernardo Bosch, alto ejecutivo de Pemex y padre de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo. Días más tarde, la FGR hizo pública la acusación de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de armas y trasiego de hidrocarburos contra Rocha Cantú. La trama está ligada al “Cártel de La Barredora”, la organización criminal con sede en Tabasco que presidía Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública estatal de la administración de Adán Augusto López. Una de las compañías al centro de la investigación federal por huachicol fiscal es Tabasco Capital SA de CV, una firma con importantes conexiones a empresarios del sector de hidrocarburos en Nuevo León.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch existe inconformidad con el manejo del caso Rocha Cantú y con la protección cabildeada por operadores políticos en el sexenio anterior. Recientemente, un juez revocó el amparo que se concedió al “señor de los casinos” para restituirle su condición de testigo protegido. No solo eso, la FGR anunció nuevos cargos contra Rocha Cantú por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía lo acusa de dirigir una red de lavado por cientos de millones de pesos mediante más de 500 cuentas bancarias.
¿Esto implica que se acabó el manto de impunidad para Rocha Cantú? Eso está por verse. Por mucho menos que eso, por ser accionista de una empresa que otorgó su permiso de importación de hidrocarburos a terceros, Ernesto Ruffo Appel está en prisión. El proceso contra el ex gobernador panista ha sido totalmente irregular. Por su avanzada edad, debería seguir su causa desde prisión domiciliaria. En cambio, la presidenta de la República alienta el caso contra Ruffo desde la conferencia mañanera y la fiscal Ernestina Godoy lo etiqueta como la mente maestra detrás de la “mayor operación de huachicol fiscal” en México. Independientemente de que se deslinden responsabilidades contra Ruffo, esta declaración es falsa. Los verdaderos dueños y operadores siguen libres. Son intocables; igual que “el señor de los casinos”. Rocha y Ruffo: la diferencia es brutal.
El Poder Judicial de la Federación ordenó la creación de una comisión especial e imparcial para transparentar los archivos del periodo de la llamada “Guerra Sucia”, ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de transferir los archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas ocurridas del ese periodo al Archivo General de la Nación (AGN), como lo estipula un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aqui parece que el imperio de la ley llegó al cuartel, tocó la puerta, leyó la orden… y, al ver que nadie abría, decidió formar una comisión para averiguar por qué la puerta sigue cerrada. Una ruta burocrática de largo aliento para exigir lo que ya estaba ordenado desde 2019: que la Sedena entregue al Archivo General de la Nación los expedientes sobre desapariciones, persecución política y otras violaciones graves de la llamada Guerra Sucia.
La ley rodea el cuartel
El Poder Judicial acaba de reconocer lo evidente: la Sedena,hoy Defensa, ha incumplido su obligación de entregar los archivos de la Guerra Sucia. Pero, en lugar de ordenar con contundencia: “entréguenlos ya, completos, íntegros y sin trucos”, la justicia mexicana parece haber optado por el ritual nacional favorito: crear una comisión.
Es decir, para obligar a una institución del Estado a cumplir una orden presidencial vigente desde 2019, ahora habrá que instalar una mesa imparcial, identificar documentos, vigilar su traslado y procurar que no se extravíen en el laberinto de los sellos, las cajas y la obediencia castrense. Como si el problema fuera técnico y no político. Como si el Ejército no supiera qué documentos tiene, dónde están y por qué se ha resistido durante años a entregarlos.
La comisión puede ser necesaria, sí. Pero no debería convertirse en la coartada perfecta para aplazar lo que las víctimas llevan décadas esperando: verdad. Porque los archivos no son papeles viejos ni mercancía exclusiva del fuero militar; son posibles pruebas de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones y persecución política. Son piezas de la memoria de un país que todavía permite que sus instituciones administren el silencio.
La sentencia reconoce la omisión de la Sedena y plantea una Comisión de Transferencia de Archivos con participación del AGN para garantizar que la documentación sea identificada y trasladada. El riesgo es que México vuelva a confundir supervisar el cumplimiento con sustituirlo.
No se trata de pedirle permiso al Ejército para obedecer la ley. Se trata de recordarle que, en una democracia, los uniformes no están por encima de las víctimas, de los jueces ni de la historia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, propone a Lila Abed como representante de esta dependencia gubernamental en la Embajada de México en la capital estadunidense. Se trata de una priista de cepa, esposa de Andrew Lloyd, quien trabaja con una empresa que lucra con la deportación de indocumentados.
Harfuch, la 4T y su priista de confianza
El dato clave: no es un nombramiento espontáneo ni técnico, es una apuesta política de Harfuch. Él propone a Abed como representante de la SSPC en la Embajada mexicana en Washington; tres funcionarios de la SRE confirman que “tiene una muy buena relación” con ella y que vino a CDMX a hacer trámites para el cargo.
Abed no es cualquier internacionalista neutra:
Fue asesora, secretaria particular y jefa de gabinete de Jesús Murillo Karam, autor de la famosa “Verdad histórica” de Ayotzinapa.
Fue candidata local del PRI.
Ha picado piedra en embajadas, think tanks y medios, siempre orbitando el poder.
La 4T la presentaría en Washington como defensora de migrantes mexicanos mientras su pasado priista y su entorno familiar están pegados al negocio de deportarlos. El doble discurso no es un accidente; es diseño.
El marido que coordina la puerta de salida
Andrew Lloyd, esposo de Abed, no sale en las mañaneras, pero sí en los contratos:
Es jefe del Departamento de Contratos de Salus Worldwide Solutions (SWS), con sede en Virginia.
La empresa pertenece a William Walters y se volvió pieza central del programa de “autodeportaciones” del gobierno de Donald Trump, con un contrato de hasta 706.6 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado más de 400 millones.
¿Qué hace SWS bajo el paraguas del DHS?
Coordina vuelos y transporte “gratuito” para que los indocumentados se vayan “voluntariamente”.
Gestiona la entrega del “bono de salida”: de mil dólares al inicio, ahora hasta 2 mil 600 por cabeza.
Opera la logística para que el sueño americano termine en boleto de regreso y cheque de consolación.
Desde enero de 2025, más de dos millones de personas se han autodeportado bajo este esquema, según datos oficiales del propio gobierno estadounidense. Es decir: mientras México les llama “héroes” por las remesas, el marido de la futura representante de la SSPC participa en el negocio de sacarlos de Estados Unidos con contratos casi de mil millones de dólares.
Discurso pro-migrante vs. negocio de expulsarlos
La contradicción es frontal:
La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, igual que antes AMLO, se han llenado la boca llamando “héroes” a los paisanos que sostienen a la economía mexicana a punta de remesas; Banxico reporta más de 30 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026.
Trump, en su segunda presidencia, pone como meta deportar un millón de indocumentados al año, amenaza con tratarlos como criminales y arma redadas con ICE, CBP, DEA, FBI y empresas privadas subcontratadas.
Entre ese discurso de defensa y la realidad del negocio aparece el matrimonio Abed–Lloyd: ella, priista reciclada, impulsada por Harfuch para “proteger” derechos de migrantes; él, operador contractual de la empresa que hace caja con cada “retorno voluntario”. No es sólo conflicto de interés: es un recordatorio de quién se sienta en la primera fila cuando se reparte el botín de los indocumentados.
La SSPC ya salió a decir que Lila Abed “no ocupa ningún cargo” y “no ocupará ninguna posición” en la dependencia. Pero el hecho permanece: alguien en el corazón del aparato de seguridad pensó que era buena idea mandar a Washington, a nombre del gobierno que presume abrazar a los migrantes, a la esposa del hombre que ayuda a organizarlos en fila para subir al avión de regreso.
