El comunicado oficial cambia una parte del debate que, como pólvora, circuló durante las primeras horas de ayer en redes sociales, antes de la postura formal del Gabinete de Seguridad, pero no lo cancela. Ya no estamos únicamente frente a versiones periodísticas o filtraciones sobre una presunta liberación irregular. Ahora es el propio Gabinete de Seguridad el que reconoce que, durante el operativo, fue localizada una mujer identificada como hija de un líder criminal y que fue liberada porque no existían mandamientos legales en su contra ni elementos que acreditaran una relación directa con actividades delictivas.
Jurídicamente, esa explicación puede resultar sostenible. Políticamente e institucionalmente, el episodio sigue siendo profundamente inquietante. Porque el problema ya no radica sólo en la liberación, sino en lo que el propio Estado terminó admitiendo y en la forma en que lo explicó. No estamos necesariamente ante una réplica burda del Culiacanazo, aquella escena vergonzosa en la que el crimen dobló al Estado con fuego, terror y el cobarde coqueteo político del obradorismo frente a los capos. Este eventual Alamazo sería distinto en la forma, pero no menos delicado en el fondo. Lo que revela no es únicamente la fuerza del crimen, sino también las limitaciones de un Estado que llega hasta el círculo íntimo de una de las familias criminales más emblemáticas del país y termina explicando por qué no podía proceder más allá.
Ahí está el verdadero núcleo del problema. No sólo que la hayan liberado, sino que el gobierno haya tenido que justificar públicamente la localización y posterior entrega a familiares de la hija de El Mayo Zambada en medio de un operativo de alto impacto. Eso, por sí mismo, ya es una escena sumamente delicada. Más todavía porque el comunicado intenta reducirla a la condición de una mujer sin relación con actividades delictivas, como si se tratara de una presencia meramente circunstancial en el entorno de una célula criminal.
Y ahí aparece un dato que vuelve mucho más áspera la discusión. Mónica del Rosario Zambada Niebla no es un personaje desconocido para las autoridades norteamericanas. Desde 2007 fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la red patrimonial y financiera vinculada a Ismael Zambada García. Eso no equivale, por sí mismo, a una orden de aprehensión vigente en México ni significaba automáticamente la posibilidad legal de detenerla. Pero sí vuelve mucho más frágil, o por lo menos incompleta, la narrativa oficial de que se trataba simplemente de la hija de un líder criminal sin relación con actividades ilícitas.
A la luz de ese antecedente, el episodio deja de ser una anécdota secundaria y se convierte en síntoma de algo más grave. O no hubo la debida coordinación institucional y el contexto relevante no estuvo plenamente incorporado a la operación, o sí lo estuvo y, aun así, se optó por una explicación pública deliberadamente atenuada. Ninguna de las dos opciones tranquiliza. Ambas retratan un problema serio de conducción, de inteligencia o de comunicación institucional.
El momento, además, no es menor. Todo esto ocurre en el contexto de la visita institucional de Omar García Harfuch a Washington y de la publicidad dada a sus reuniones con los directores de la DEA y del FBI. Históricamente, esas visitas no son ejercicios protocolarios vacíos. En la lógica de la relación bilateral en seguridad, suelen llevar aparejada una señal tangible de cooperación, una ofrenda moderna, no presentada en charola como en siglos pasados, pero sí en cadenas o con esposas sujetas a las muñecas. Es la manera más concreta de demostrar voluntad real de actuar contra el crimen organizado. Por eso, si el episodio terminó en la explicación pública de por qué una pieza tan sensible del entorno de El Mayo fue localizada y luego liberada, el efecto simbólico no es de fortaleza. Es de insuficiencia.
Tampoco debe descartarse otra hipótesis inquietante: que una acción de ese calibre, en medio de todo lo que hoy representa El Mayo en Estados Unidos, no contara con la validación suficiente en aquel lado de la frontera o hubiera generado incomodidades políticas, diplomáticas o judiciales que terminaron por condicionar la decisión de liberarla de inmediato. Si ese fuera el caso, el problema sería aún más delicado, porque ya no hablaríamos sólo de una falla táctica en el terreno, sino de fisuras en la coordinación bilateral, cuyos ajustes y costos suele terminar absorbiendo, otra vez, México.
Lo verdaderamente aterrador no sería sólo constatar que no había elementos jurídicos suficientes para detenerla. Lo verdaderamente aterrador sería confirmar que el Estado mexicano puede irrumpir hasta el entorno más íntimo del poder criminal y, aun así, salir obligado a explicar sus límites, sus vacíos y sus contradicciones. Porque cuando un gobierno entra, encuentra y luego se justifica, no proyecta autoridad: proyecta contención.
Si el Culiacanazo fue la imagen de un Estado arrodillado frente al fuego, el Alamazo corre el riesgo de convertirse en algo distinto, pero igual de revelador: la imagen de un Estado que toca el corazón del problema, pero no puede convertir ese contacto en autoridad duradera. Y un Estado que sólo alcanza a rozar al crimen, sin someterlo plenamente a la ley, deja de imponer respeto. Empieza a producir duda. Y cuando la duda se instala en la autoridad, la burla nunca tarda en llegar.
Con informacion: ALBERTO CAPELLA/ELUNIVERSAL+/
