Un juez federal tuvo que poner al Ejército en la esquina, como niño tramposo al que le cachan las tareas escondidas bajo el colchón, para que entregue los papeles que lleva años jurando que “no existen” sobre Ayotzinapa.
El Ejército que solo entiende a golpes de amparo
No fue cortesía, fue amparo: el Juzgado Quinto de Distrito le ordenó a la Sedena soltar toda la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala y otras áreas militares, después de que las familias demostraran que la tropa se estaba haciendo la desaparecida con los documentos igual que con los normalistas.
El propio juzgado calcula un hoyo negro de unos 853 folios “perdidos” por arte de magia burocrática, un apagón de papeles que casualmente cubre el periodo clave de la noche en que el Estado dejó de mirar… o prefirió mirar hacia otro lado.
El truco viejo de la “seguridad nacional”
El juez tuvo que escribir casi con crayones lo obvio: esa información no puede ser clasificada como confidencial ni secreta porque hay un interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en saber qué carajos pasó, por más que la Sedena,ahora Defensa, se disfrace de caja fuerte patriótica cada vez que alguien le pide cuentas.
Durante años, el Ejército se ha refugiado en la coartada de la seguridad nacional para tapar lo que ya revelaron el GIEI y organizaciones como el Centro ProDH: folios incompletos, secuencias de reportes cortadas justo en el momento clave y un patrón de ocultamiento que no es accidente, es política institucional.
Once años después y siguen pateando el reloj
Que en 2026 un juez tenga que ordenar lo que debió estar abierto desde el día uno dice todo: el caso Ayotzinapa no es solo una desaparición masiva, es la prueba de laboratorio de cómo el Ejército administra la verdad en cuotas, suelta migajas, esconde archivos y apuesta a que el tiempo haga el trabajo sucio de la impunidad.
Que dice el Centro PRODH
Los comunicados son, básicamente, el acta notariada de que el Ejército lleva once años jugando a “no tengo, no sé, no estaba” con papeles clave de Ayotzinapa.
Qué ordenó el juez
El Juzgado Quinto dice clarito: Sedena debe entregar alrededor de 853 folios de inteligencia de 2014 del Centro Regional de Fusión en Iguala y otras áreas castrenses, que las familias han exigido desde hace años.
El propio fallo reconoce que la “discontinuidad” en los archivos es la huella digital del ocultamiento: si hay huecos, no es que no exista información, es que alguien la está guardando bajo llave.
Cómo Sedena pateó el tablero
Las madres y padres tuvieron que demandar en 2023 porque, pese al decreto presidencial de 2018 que obligaba a todas las dependencias a cooperar, el Ejército se hizo el ofendido y nunca entregó todos los reportes.
El GIEI ya había mostrado que sí hubo comunicaciones internas del Ejército sobre el seguimiento a los normalistas el 26 y 27 de septiembre, pero los folios que Sedena soltó estaban mutilados, como si la verdad fuera documento confidencial.
Lo que dicen las organizaciones y la CIDH
SERAPAZ, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh subrayan que esta simulación burocrática paralizó la COVAJ y trabó la investigación, no por falta de leyes, sino por falta de ganas de las fuerzas armadas de dejar de encubrirse.
La CIDH ya había advertido que los avances se frenaron por la renuencia de Sedena a entregar información, y que todo este litigio se pudo evitar si hubiera habido un mínimo de buena fe en lugar de la costumbre militar de esconder expedientes.
Once años después, misma muralla verde
El juez también recuerda que en 2023 un Tribunal Colegiado tuvo que ordenar al Ejército que no destruyera ni moviera un solo papel del caso, porque la desconfianza ya es institucional, no paranoia.
Mientras las familias siguen empujando amparos y medidas internacionales para encontrar a sus hijos, la Defensa continúa administrando la verdad en cuotas, probando que la impunidad no es un efecto colateral, es el manual operativo
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/RODRIGO SORIANO/
